Un grupo de 10 senadores de la Comisión Tercera (de 17 en total), la mayoría nombrados ponentes o coordinadores ponentes de la reforma tributaria, se desmarcaron del Gobierno y radicaron una ponencia que pide que se archive la iniciativa con la que se pretende recaudar $16,3 billones.
Se trata de Juan Pablo Gallo (Partido Liberal), Efraín Cepeda (Partido Conservador), Ciro Alejandro Ramírez (Centro Democrático), Juan Carlos Garcés (Partido de la U), Antonio Zabaraín (Cambio Radical), Mauricio Gómez (Partido Libera), Liliana Esther Bitar (Partido Conservador), Jairo Castellanos (Alianza Verde), Karina Espinosa (Partido Liberal) y María Angélica Guerra (Centro Democrático).
Esta es la segunda ponencia negativa después de la radicada ayer por la representante a la Cámara Katherine Miranda. Dado que estos documentos se allegaron antes de la ponencia del Gobierno, serán los primeros en discutirse y votarse cuando se cite a comisiones económicas conjuntas la próxima semana.
La ponencia negativa de los senadores argumenta que la iniciativa es inconveniente para el país y contraviene los principios de responsabilidad fiscal, justicia tributaria y coherencia del gasto público.
Según su análisis, el proyecto no responde a las necesidades estructurales de la nación y sus efectos podrían agravar la situación fiscal, obstaculizando la inversión, el ahorro y el empleo.
La crítica central de los senadores se centra en la errónea orientación de la política fiscal. Señalan que, en lugar de abordar el crecimiento desbordado del gasto público, la ley confía exclusivamente en nuevos impuestos para cerrar el déficit.
El informe destaca que el gasto público de funcionamiento ha tenido un crecimiento sin precedentes, aumentando en $154,6 billones (73 %) entre 2022 y 2026. Mientras el gasto aumenta, la ejecución de la inversión pública es notoriamente deficiente, situándose en un histórico bajo de 56,97 % en 2024.
Los congresistas firmantes insisten en que el problema fiscal no es solo de ingresos, sino de rigidez estructural del gasto, que el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) estima en cerca del 88 % del PGN 2026. El proyecto de ley, lejos de resolver esta rigidez, la empeora, pues busca recaudar $16 billones para financiar gastos adicionales en el presupuesto.
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