Solo 10 de los 46 congresistas nombrados ponentes o coordinadores para el proyecto de ley de reforma tributaria firmaron la ponencia positiva que ya quedó radicada y se votaría esta semana en el primero de cuatro debates que debe surtir.
La versión del articulado del Gobierno obtuvo el respaldo de solo cuatro senadores, aunque se esperaba apoyo de al menos siete de los 19 delegados —algunos de los cuales ya habían manifestado su rechazo, como Angélica Lozano y Richard Fuelantala—. Esta ponencia deberá discutirse en conjunto con una solicitud de archivo respaldada por 10 senadores, todos de la Comisión Tercera, lo que ha llevado a los expertos a advertir que la tributaria podría estar virtualmente hundida.
Respecto a los representantes, la ponencia viene acompañada con seis firmas a pesar de que se esperaban 24 de la Cámara, una mayoría significativa, considerando que inicialmente 27 miembros de esta corporación fueron designados ponentes o coordinadores. Sin embargo, como bancada al menos dos partidos (Liberal y Cambio Radical) manifestaron su rechazo a que se crearan más impuestos.
Las comisiones económicas conjuntas están citadas para sesionar este martes 25 de noviembre a la 1:30 de la tarde y mañana a las 9:00 de la mañana. De acuerdo con el orden del día, la discusión se centrará en el proyecto de ley de financiamiento del Gobierno, ahora que se culminó con el requisito de las reuniones de ponentes (se hicieron cuatro en total desde finales de octubre).
Lea en este enlace el texto completo de la ponencia positiva, que busca mantener viva la reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro.
Los cambios en la propuesta de reforma tributaria
En las reuniones con ponentes y coordinadores se acordaron modificaciones a la versión radicada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, el 1 de septiembre, producto de los comentarios recibidos, así como de las propuestas y debates que se presentaron.
Al nuevo texto se le incluyeron dos artículos nuevos relacionados con la exclusión de IVA a los envíos postales internacionales de menos de US$50 sin fines comerciales, pues actualmente el tope máximo para no cobrar la tarifa es de US$200 (no. 95) y la incorporación del recaudo de los impuestos del próximo año como «rentas y recursos de capital» en el Presupuesto de 2026, con el objetivo de equilibrar el presupuesto de ingresos con el de gastos (no. 96).
También se eliminaron siete artículos en total relacionados con el aumento del IVA aplicable a los combustibles por el impacto que podrían tener en el nivel de precios de la economía; la renta a los ingresos provenientes del desarrollo de actividades mercantiles de las iglesias, por la dificultad de distinguir las actividades relacionadas con el culto de aquellas comerciales, y un impuesto al consumo del 19 % a la prestación de servicios de esparcimiento, culturales y deportivos debido al impacto que esta industria (esparcimiento, cultural y deportivo) tiene en el turismo.
Por otra parte, 76 artículos de los 97 que componen la propuesta se mantuvieron sin ningún cambio. Aquí figuran impuestos al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, que quedarán gravados con el impuesto sobre las ventas a la tarifa general, y la tarifa del 30 % a los dividendos o participaciones recibidos por sociedades y entidades extranjeras y por personas naturales no residentes, por mencionar algunos.
El Ministerio de Hacienda dijo previamente que el Gobierno buscaría consenso con los legisladores sobre ajuste de los $10 billones en los que fue necesario reducir el estimado de recaudo de la ley de financiamiento luego de que el Congreso aprobara un presupuesto menor en dicho monto para 2026 ($546,9 billones).
Dado que el Presupuesto para 2026, por $511 billones, depende que se apruebe la reforma tributaria, en caso de no lograrse sería necesario un aplazamiento o recorte de los $16,3 billones que el Gobierno calculó podría obtener de más en sus ingresos.
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