Edwin Palma, titular de la cartera energética en Colombia, expresó que se reuniría con productores, distribuidores y las superintendencias de Industria y Comercio y de Servicios Públicos con el fin de revisar las cifras de la industria gasífera. Tras el encuentro, la entidad manifestó que se socializaron 20 medidas para garantizar la seguridad energética, y según dijo, asegurar “precios justos”.
Entre las más destacadas se encuentra expedir un decreto para frenar “prácticas especulativas” en el mercado del gas. Esto se haría limitando la intermediación y las reventas en el mercado secundario. También se implementaría una regulación transitoria del costo del gas mientras se materializan los proyectos de importación, así como otras medidas para el gas proveniente de refinerías.
El segundo punto sería expedir resoluciones para optimizar las plantas de regasificación, de modo que utilicen toda su capacidad para recibir el gas importado y entregarlo a las redes de transporte de Colombia.
A la vez, se adelantaría un proceso de coordinación entre la Superintendencia de Industria y Comercio y la de Servicios Públicos para evitar “abusos en los precio». Además, habría seguimiento a los contratos de comercialización de gas importado a largo plazo, que suelen ofrecer mejores condiciones dentro de la cadena de suministro.
El Ministerio dijo que se definirían indicadores de eficiencia para evaluar el traslado de costos a la tarifa del usuario, tarea que lideraría la Superintendencia de Servicios Públicos. Asimismo, se adoptaría una circular para que los productores presenten sus ofertas de gas en los tiempos de negociación trimestrales estándar, con el objetivo de reducir la incertidumbre y evitar espacios para la especulación.
Otro mecanismo es la exigencia de reportes mensuales de producción y auditorías a las reservas de gas de las empresas productoras, junto con la expedición de una regulación para el servicio de regasificación del gas importado.
Luego se indicó que se adoptarán medidas para facilitar el transporte, como la expedición de un acto administrativo para habilitar la conversión temporal del oleoducto Coveñas–Ayacucho, entre otras acciones para mejorar el flujo de gas a través de los gasoductos.
La cartera reveló que brindaría apoyo en licencias ambientales, autorizaciones sectoriales y conceptos técnicos para el desarrollo de proyectos.
Sustitución del gas para el sector industrial
El Gobierno añadió que, junto con los gremios y actores del mercado, presentaría un informe de sustitución energética para el sector industrial y que se implementaría una línea de crédito para apoyar este proceso.
Según indicó, todas estas acciones buscan garantizar el suministro de gas y asegurar “precios justos” en Colombia, evitando la especulación y avanzando en una transición energética. No obstante, analistas como Sergio Cabrales, profesor de la Universidad de los Andes, advirtieron que aún falta analizar cómo se materializarían estos puntos para que pasen del papel a la realidad.
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