La Contraloría General de la República alertó sobre los graves riesgos que la implementación de una resolución del Gobierno que podría acarrear para el patrimonio público y el sistema de crédito rural.
La Resolución 10 de 2025, expedida por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario (CNCA), tiene como objeto modificar la regulación del crédito de fomento agropecuario y rural, específicamente las condiciones de las colocaciones sustitutivas, las actividades financiables, los beneficiarios, las condiciones financieras y las normalizaciones.
Así mismo, el texto dice que busca promover e impulsar la inversión, la capitalización, el incremento del empleo, el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y el mejoramiento de las condiciones sociales y económicas del sector agropecuario, ampliando el financiamiento a rubros como producción, transformación, comercialización, multiactividad y actividades ambientales.
El organismo de control calificó la norma como «jurídicamente improcedente, económicamente inconveniente y fiscalmente riesgosa», también advirtió que su puesta en marcha genera un escenario de incertidumbre regulatoria y exposición a contingencias financieras que podrían comprometer recursos del orden nacional.
Alertas de la Contraloría
La Contraloría advirtió sobre varios riesgos que podrían materializar daños al patrimonio público, instando a la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario a evaluar la adopción de medidas para impedirlos.
Por ejemplo, el organismo de control encontró que no se realizaron los análisis necesarios para medir el impacto de la resolución en la estabilidad de entidades clave del sistema financiero agropecuario, como Finagro y el Fondo Agropecuario de Garantías.
También alertó que la medida tiene el efecto de disminuir la capacidad del sistema para otorgar crédito si haber evaluado cómo dicha disminución afectaría las tasas de interés y el acceso de los productores rurales al financiamiento.
Por otro lado, la entidad señaló que la resolución fue publicada sin contar con los estudios técnicos completos que debían justificarla. “Esto significa que la ciudadanía y los actores del sector opinaron sobre una propuesta que aún no tenía el análisis necesario para respaldarla”, anotó.
Además, el Comisión Nacional de Crédito habría incumplido con un paso obligatorio al no solicitar el concepto previo de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Este concepto es mandatorio cuando una regulación tiene potencial de impactar la libre competencia económica.
De hecho, la Contraloría advirtió que la Comisión estaría asumiendo decisiones que podrían exceder sus competencias. Específicamente, señala la modificación de las condiciones de los Títulos de Desarrollo Agropecuario (TDA) y la definición de tasas diferenciadas, lo que podría poner en riesgo la validez de la resolución.
Los cambios que plantea la resolución
La norma estipula, por ejemplo, que esta línea de financiación se destinará a operaciones aplicables a todas las actividades agropecuarias y rurales que sean su fuente. También fija las tasas de redescuento y las condiciones para las colocaciones sustitutivas e incluso tasas diferenciadas para los distintos tipos de usuarios.
Finalmente, el documento establece nuevas clasificaciones y enfoques, definiendo los tipos de productor (pequeño, mediano y grande) basándose en sus ingresos brutos anuales y activos totales.
La Contraloría concluyó que el riesgo generalizado es que la implementación de la resolución pueda comprometer los recursos nacionales y afectar el acceso al crédito para los productores rurales. Por ello, instó al Comisión Nacional de Crédito Agropecuario a actuar de inmediato para evitar que se afecten los intereses públicos.
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