Valora Analitik conoció en primicia el decreto de emergencia económica firmado por el presidente Gustavo Petro y su gabinete ministerial. La norma, que puede ser consultada este enlace, tiene 20 páginas y fue expedido este 22 de diciembre.
De acuerdo con el documento, esta se convoca por cuenta de una situación calificada como «grave e inminente» que compromete la capacidad del Estado para garantizar derechos fundamentales y la prestación de servicios públicos.
Entre los factores que precipitaron la medida se destacan ocho que han agudizado la crisis: el pago de la UPC de salud, alteraciones del orden público y riesgo por líderes sociales, así como el archivo de las últimas dos reformas tributarias, que buscaban recaudar $12 billones y $16,3 billones, respectivamente.
El gobierno Petro también señala que al país lo han afectado desastres naturales por la ola invernal, sentencias judiciales pendientes por $1,5 billones, obligaciones contractuales atrasadas por $5,1 billones, deudas con víctimas del conflicto por $1,6 billones y restricciones en el endeudamiento público.
Detalles del decreto de emergencia económica de Petro
Con esto en mente, se decretó la emergencia económica durante 30 días, tiempo en el cual el Ejecutivo adoptará decretos legislativos «necesarios para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos».
Igualmente, convocó al Congreso para que luego de que se venza este plazo, se realice un control político sobre las normas que se expidan.
Entre estas habrá cambios en el IVA para reducir tarifas diferenciales o tratamientos diferente al general del 19 %, lo cual, en la práctica, incrementaría el impuesto en algunos bienes o servicios.
Además, se establecerá un impuesto al patrimonio de personas naturales más progresivo, subirá la renta al sector financiero y se gravará aún más con impuestos saludables el consumo de bebidas alcohólicas y vaporeadores.
Igualmente, se contempla el fortalecimiento para llevar a cabo reformas normativas, operativas y tecnológicas.
Y aunque el viernes pasado se filtró un borrador que hablaba de posibles medidas como subir el 4×1.000 al 5×1.000, en este primer documento no se menciona ninguna política en detalle. Para esto habrá que esperar a conocer los decretos legislativos que se expidan en los siguientes 30 días.
Por lo pronto, el decreto de emergencia económica dice que las medidas «serán desarrolladas, entre otras, en impuestos directos e indirectos para las personas naturales y jurídicas con mayor poder contributivo, así como tributos que buscan corregir externalidades negativas en asuntos ambientales y de salud pública«.
Ahora bien, también es importante recordar que este tipo de medidas son revisadas posteriormente por la Corte Constitucional, que deberá definir si van o no en línea con la Carta Magna.
Y aunque buena parte de la Rama Judicial salió esta semana a vacancia de fin de año, el alto tribunal podría tener sesiones extraordinarias para evaluar la norma del presidente Petro e incluso tumbarla, como ya sucedió en el pasado con el estado de conmoción por el Catatumbo.
De otro lado, la Contraloría General de la República alertó por esta declaratoria y señaló que la alternativa más viable es hacer recorte del gasto “el cual debe tener en cuenta las fuertes inflexibilidades que caracterizan su composición, pues según el Ministerio de Hacienda, cerca del 92 % del presupuesto es inmodificable”.
