El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, confirmó que el alto tribunal retomará el estudio de la reforma pensional del Gobierno Petro una vez finalice la vacancia judicial, el próximo 13 de enero de 2026.
A partir de esa fecha, explicó para la FM, se empezará a convocar nuevamente a la Sala Plena para reanudar la discusión y la votación de la ponencia que evalúa la constitucionalidad de la ley, que permanece en revisión desde hace varios meses en la corporación.
¿Por qué se frenó la decisión de la reforma pensional?
La revisión de la reforma pensional en la Corte Constitucional se ha extendido por una combinación de factores jurídicos y políticos. En noviembre, la Sala Plena tomó dos decisiones clave: apartó del debate al magistrado Héctor Carvajal, al concluir que estaba impedido por haber emitido conceptos jurídicos para Colpensiones antes de llegar a la Corte, y realizó una primera votación que dejó un pulso estrecho y terminó en empate.
Carvajal era considerado un voto decisivo por su cercanía con el presidente Gustavo Petro y su trayectoria como asesor de la administradora pública, lo que llevó a la Corte a verificar el alcance de su participación previa.

Superado ese episodio, el proceso quedó condicionado a la entrada de un conjuez, necesario para destrabar la votación.
Según Ibáñez, el seleccionado ya aceptó el encargo y solo resta su posesión formal para que la Sala Plena retome la deliberación.
Y es que la Corte estudia varias demandas que cuestionan tanto el trámite legislativo como el contenido de la ley, aprobada por el Congreso en julio. Mientras no haya fallo, la reforma permanece congelada: no entra en vigor el nuevo sistema de pilares ni cambian las reglas actuales de pensión.
Cabe mencionar que el alto tribunal devolvió la reforma a la Cámara de Representantes para que subsanara su trámite, pero congresistas de oposición dicen que no se hizo de forma correcta. Por ahora, el Gobierno Petro ya puso en marcha una parte importante que se contempla en la norma, el pago del bono pensional por $230.000 a 3 millones de adultos mayor.




