Hoy, 15 de enero, el Consejo Directivo de la Unidad de Regulación Financiera (URF) tendrá en su orden del día la revisión de uno de los proyectos de decreto que ha generado más dudas en las últimas semanas: el cambio en el régimen de inversión de los fondos de pensiones.
Ese proyecto viene de una orden directa del presidente de Colombia, Gustavo Petro: prohibir o modificar la posibilidad de que las administradoras de fondos de pensiones (AFP) puedan invertir los recursos de los ahorros de los colombianos en los mercados internacionales.
Esto, según Petro, bajo el argumento de que los ahorros de los colombianos se pueden invertir localmente y generar desarrollo local. Expertos han considerado que repatriar varios cientos de billones de pesos de las pensiones concentrará el riesgo de esas inversiones y generará menores rendimientos de largo plazo, los cuales han sido un diferencial para quienes tienen sus recursos en los fondos privados.
Otros analistas consultados por Valora Analitik, que pidieron no ser citados, argumentaron que el objetivo del Gobierno Nacional desde el inicio de ese proyecto de decreto fue que los fondos de pensiones tengan suficiente tanque de recursos para comprar deuda y respaldar la estrategia de colocaciones de TES del Ministerio de Hacienda.
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Renuncias por el afán de repatriar los recursos
Mónica Higuera, quien fuera defensora de las ideas del presidente Petro, salió de su cargo como directora de la URF en diciembre criticando la intención del Gobierno de traer de afán más de $150 billones de las pensiones de los ciudadanos que están ahorradas en el exterior.
En sus redes sociales ha manifestado que no es conveniente arriesgar esos recursos trayéndolos al mercado local por las consecuencias legales, financieras y operativas que puede generar.
Además, criticó que hayan salido de la URF muchos de los mejor técnicos con mayor experiencia en regulación financiera de Colombia y que tenían a su cargo la preparación del decreto de pensiones.
Petro fue receptivo a finales de 2025 de los argumentos de Mónica Higuera quien en su cuenta en X insistió en la inconveniencia de acelerar la repatriación de esos recursos y el tema quedó para revisión en los primeros meses de 2026. Según la agenda regulatoria de la URF, el proyecto de decreto para cambiar el régimen de inversión de los fondos de pensiones debería estar listo en el primer semestre del presente año.
Desde diciembre pasado, Valora Analitik reveló que se venía una purga al interior de la Unidad de Regulación Financiera para darle vía libre al proyecto de repatriación de los recursos pensionales pese a la oposición desde la misma exdirectora Higuera hasta de los expertos en el manejo de recursos de fondos de pensiones.
Empezó barrida de técnicos con experiencia real en regulación
Valora Analitik también conoció que en los últimos días fue exigida la renuncia y se hizo efectiva la salida de varios de los técnicos más experimentados de la URF. Esos puestos serán ocupados por personas más afines ideológicamente al Gobierno Petro y que no tienen experiencia alguna en temas que requieren de profunda capacidad técnica.
Por ejemplo, salió de su cargo Liliana Walteros, quien cuenta con 12 años de experiencia y era la líder jurídica de la reglamentación de la ley pensional que fue otro de los temas álgidos que debió asumir la URF tras la aprobación en el Congreso de la Reforma Pensional.
Otro que dejará su cargo es Daniel Tocaría Díaz, quien venía siendo el líder económico en las áreas de seguros y pensiones. Llevaba seis años en la entidad.
Se fue también Silvana Lattanzio, quien fue autora del decreto de portabilidad financiera, es abogada y economista, experta en regulación financiera.
De la URF se fue también Angie Rozada Najar, quien es experta en mecanismos de resolución financiera y estabilidad financiera. Había pasado por el Banco de la República y por el Banco Central Europeo.
Otro de los cargos que quedó sin dueño fue el de David Gama, abogado y contador experto en regulación financiera. Fue líder en la implementación del NIIF.
Tras la renuncia exigida a esos funcionarios públicos, se produjo la publicación de varias hojas de vida en la página de aspirante de la Presidencia de la República. Ninguno tiene experiencia en regulación financiera o en aspectos similares.
De acuerdo con fuentes del Gobierno que hablaron off the record con Valora Analitik, se hicieron efectivas esas cinco “renuncias” que serán cubiertas con “activistas amigos de Larissa Carusso” quien quedó como encargada de la URF.
De acuerdo con los registros de su trayectoria laboral, viene de trabajar en el equipo de Luis Carlos Reyes cuando fue director de la DIAN y ministro de Comercio.
Los que llegan sin aportar experiencia
De acuerdo con el registro de las hojas de vida publicadas en la sección de aspirantes del Gobierno Nacional, los cinco propuestos llegan de diversos sectores como el aeronáutico y la integración social.
Fue publicada la hoja de vida de Violeta María Aguilar Abaunza, quien es abogada sin ninguna experiencia en el sector financiero y de regulación de mercados financieros. Ha trabajado en la Unidad de Restitución de Tierras y tiene experiencia como escribiente en entidades de la Rama Judicial.
También se radicó la hoja de vida de Juan Oswaldo Manrique Camargo, quien, a pesar de haber trabajado en Asobancaria como prestador de servicios profesionales y como analista de mercados en el Banco Caja Social, no tiene certificación de experiencia en el sector regulatorio y menos en el pensional, su carrera ha sido la economía.
Dentro de los registros también está la hoja de vida de Lucas Rodríguez Gómez, economista con experiencia en temas aeronáuticos y en la empresa de transporte público de Bogotá (TransMilenio). Su única experiencia certificada en temas de mercado financiero fue en Bancóldex como analista de riesgo más no en temas regulatorios.
Lina María Rodríguez Barón también vio su hoja de vida publicada por parte del Ejecutivo. Tiene estudios en derecho laboral, sin experiencia en temas regulatorios o financieros. Ha ocupado cargos como asesora del Ministerio de Comercio en 2024, asesora de la Dian en 2025 y asistente en la Fiscalía General de la Nación.
Finalmente, se hizo pública la hoja de vida de Carlos Eduardo Sandoval Moreno quien cursó estudios en economía y estadística. Tiene experiencia únicamente como contratista en entidades públicas como la DIAN, el DNP y la Secretaría de Integración Social de Bogotá.
Como se puede ver, la URF queda sin respaldo técnico para tomar decisiones que tendrán repercusiones en millones de personas que tienen los ahorros de años de trabajo en sus afiliaciones a los fondos de pensiones.
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