Luego de que se hicieran públicos los nuevos valores de varios pasajes del transporte intermunicipal en Cundinamarca, la Gobernación del departamento, bajo el liderazgo del gobernador Jorge Emilio Rey Ángel, puso en marcha una serie de acciones institucionales orientadas a verificar la legalidad de los incrementos y a salvaguardar los derechos de los usuarios.
En ese contexto, el mandatario elevó una solicitud formal a la Superintendencia de Transporte para que adelante labores de vigilancia, inspección y control sobre las empresas que operan rutas intermunicipales en el departamento y que aplicaron aumentos significativos en las tarifas. El objetivo central de esta petición es que la autoridad nacional competente evalúe si los incrementos se realizaron conforme a la normativa vigente y si responden a criterios técnicos debidamente sustentados.
Desde la Gobernación se indicó que, durante los primeros días de enero, usuarios frecuentes de rutas que conectan municipios de la Sabana de Occidente, el centro del departamento y otras provincias han reportado alzas superiores al 30 %.
Este incremento, según la administración departamental, tiene un efecto directo sobre las finanzas de los hogares, en especial de quienes utilizan el transporte intermunicipal como medio principal para desplazarse hacia sus lugares de trabajo, estudio o actividades productivas.
¿Puede la Gobernación de Cundinamarca regular precios en los pasajes intermunicipales?
La entidad departamental fue enfática en aclarar que no cuenta con competencia directa para fijar o autorizar las tarifas del transporte intermunicipal. De acuerdo con el marco normativo actual, los precios son definidos por las propias empresas prestadoras del servicio bajo el principio de libertad tarifaria. Sin embargo, dicha libertad no es ilimitada ni discrecional. La regulación establece que cualquier ajuste debe estar soportado en estudios técnicos sólidos, en los cuales se expongan de manera detallada los costos operativos, las condiciones del mercado, las variables económicas y los factores que justifican el nuevo esquema tarifario.
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Adicionalmente, estos estudios deben ser socializados de forma clara y oportuna, de manera que los usuarios tengan acceso a la información y puedan comprender las razones que motivan los incrementos. En este sentido, la solicitud presentada ante la Superintendencia de Transporte busca determinar si las empresas cumplieron con estos requisitos, si los análisis técnicos existen efectivamente y si fueron divulgados conforme a lo establecido por la ley.
Asimismo, se pretende establecer si en el proceso se incurrió en prácticas irregulares, posibles abusos o incumplimientos normativos que puedan dar lugar a sanciones administrativas o a la adopción de medidas correctivas. Para la Gobernación, resulta fundamental que se garantice un equilibrio entre la sostenibilidad financiera de las empresas transportadoras y la protección del usuario.
El gobernador Rey reiteró que el servicio de transporte debe prestarse bajo principios de transparencia, responsabilidad social y equilibrio económico, especialmente en un territorio donde la movilidad intermunicipal es un componente esencial para la dinámica laboral y productiva.
