El gobierno del presidente Gustavo Petro creó dos nuevos impuestos para las generadoras de energía en el marco de la emergencia económica que expidió a finales del año pasado.
Así lo confirma el Decreto Legislativo 044 de 2026 con el cual se adoptan medidas para propender por la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica.
Los dos nuevos impuestos a las generadoras de energía con emergencia económica
El documento crea una contribución parafiscal para el fortalecimiento del Fondo Empresarial que está a cargo de Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Según la norma, esta busca “financiar actuaciones necesarias para garantizar la continuidad, calidad, cobertura y sostenibilidad de la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica”.
Además, detalla que serán las empresas de generación de energía, quienes deberán pagar un aporte de 2,5 % sobre la utilidad antes de impuestos que tuvieron durante el año pasado.
“En caso de actividades mixtas, la base gravable corresponderá exclusivamente a la utilidad atribuible a la actividad de prestación del servicio público domiciliarios de energía eléctrica en la actividad de generación”, anota el decreto.
De otro lado, el gobierno Petro también les cobrará a las generadoras de energía una contraprestación tributaria en energía. Se trata de “un aporte en especie” para aquellas empresas que desarrollen la actividad de generación de energía eléctrica hidráulica en el Mercado de Energía Mayorista con despacho centralizado.
Así las cosas, las compañías deberán entregar energía eléctrica con destinación específica a la garantía de la continuidad del servicio público domiciliario de aquellas empresas intervenidas por la SuperServicios.
“El aporte en especie corresponderá al 12% de la energía efectivamente vendida en la bolsa del Mercado de Energía Mayorista que se distribuirá proporcionalmente entre las empresas intervenidas, liquidada mensualmente”, agrega.
Consulte en este enlace el decreto completo.
¿Por qué se aplican estas medidas?
De acuerdo con el decreto legislativo, hay una situación crítica en la prestación del servicio público de energía eléctrica, especialmente en la región Caribe, asociada a la fragilidad financiera de algunos prestadores y a la necesidad de adelantar procesos de intervención administrativa para evitar la interrupción del servicio y la afectación masiva de los usuarios.
Incluso, anotó que esta situación «compromete la continuidad, confiabilidad y seguridad del suministro eléctrico», al tiempo que señala que hay factores operativos, financieros y estructurales que la han agravado.
