El jueves 29 de enero, la Corte Constitucional suspendió temporalmente el decreto de Emergencia Económica del gobierno del presidente Gustavo Petro. Esta decisión no solo tiene implicaciones para el sector financiero y el sistema tributario colombiano, sino también para el sector energético.
Con la suspensión de la medida, quedarían sin efecto la contribución parafiscal de 2,5 %, el impuesto especial a los hidrocarburos y la deducibilidad de las regalías. Sin embargo, el Gobierno Nacional advirtió que, ante el hundimiento de la reforma tributaria y la caída de este mecanismo de financiamiento, la empresa Air-e enfrenta un serio riesgo de sostenibilidad.
“El decreto de emergencia económica golpeaba a los sectores más significativos del país, como el de hidrocarburos y el financiero”, expresó Christian Quiñonez, exsubdirector de fiscalización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
Según explicó, se trata de una decisión histórica de la Corte, que además marca un precedente sobre los límites del poder Ejecutivo para implementar este tipo de medidas. No obstante, resaltó que los mecanismos suspendidos habrían sido especialmente lesivos para las industrias petrolera, gasífera y carbonífera.
Por su parte, Lisandro Junco, exdirector de la DIAN, señaló que la decisión aún no es definitiva.
“Se suspende el decreto, pero no hay una decisión de fondo. Es decir, no se va a cobrar el impuesto temporal a la extracción, que era de 1 % sobre hidrocarburos y carbón. Además, el decreto 1474, que es el decreto ‘hijo’ del que acaba de quedar suspendido (el decreto 1390), también queda sin efectos”, mencionó.
Junco también explicó que dicho decreto limitaba la deducibilidad de las regalías para el sector energético, una medida que estaba prevista para 2026, pero cuyo impacto se reflejaría en 2027.
“En ese sentido, el efecto no es tan amplio frente a la deducibilidad de regalías, pero sí lo es frente al impuesto temporal de 1 % a la extracción. En conclusión, al estar suspendido, ese impuesto no es aplicable”, precisó.
Además, los impuestos a las generadoras de energía de 2,5% y a la entrega de energía de 12% quedaría excluidos tras la suspensión de la medida.
En cuanto al caso de Air-e, el Gobierno afirmó en declaraciones a Blu Radio que la suspensión de la medida pone en riesgo la garantía del servicio para cerca de cinco millones de usuarios en La Guajira, Magdalena y Atlántico, regiones donde opera la empresa.
Desde la intervención de la compañía, en septiembre de 2024, sus deudas se han incrementado cerca de 300 %, al pasar de $530.000 millones de pesos a $2,55 billones. Además, en menos de dos años ha tenido cinco agentes interventores.
Este panorama refuerza la preocupación sobre el futuro de la empresa, y deja entrever que los principales afectados podrían ser los usuarios del servicio de energía eléctrica en la región Caribe.
