El gobierno Petro ha reconocido que tiene importantes urgencias presupuestales y le falta dinero para garantizar, entre otros, planes clave de su programa de Gobierno, con foco en las iniciativas sociales.
Adicionalmente, dijo el Ministerio de Hacienda, hay presiones extra por lo que pueda llegar a pasar con la ola invernal, así como el manejo de la deuda.
Analistas locales han señalado que la solución del escenario la tiene el mismo gobierno Petro al revisar sus gastos gubernamentales y mejorar la actividad petrolera que lidera Ecopetrol, esto con miras a garantizar los recursos que se necesitan para este año.
Sobre el monto total, el Ministerio se ha movido sobre varias cifras, siendo una de las más importantes la que tiene en cuenta la propuesta del impuesto al patrimonio a miles de empresas, esto debido a la emergencia económica que se quiere decretar a raíz de la ola invernal.
Para este caso, lo que se busca es obtener aproximadamente $8 billones de manera inmediata para la atención de desastres, reconstrucción de infraestructura y apoyo a comunidades afectadas.
Las otras presiones presupuestales del gobierno Petro
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, ha planteado la creación de un impuesto al patrimonio para personas jurídicas (unas 15.000 grandes empresas) con una tarifa del 0,6 %.
Antes de este punto, el gobierno Petro había intentado aprobar, mediante el Congreso y emergencia económica, una serie de cargas impositivas para recoger $16 billones.
Dijo en su momento el ejecutivo que, sin este dinero, sectores como la educación, la salud y los programas de transferencia social (como la renta ciudadana) enfrentan riesgos de recortes.
Finalmente, y es también uno de los llamados más importantes de los analistas, en 2026, Colombia enfrenta un pico histórico sobre el manejo de sus compromisos crediticios.
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Algunas estimaciones apuntan a que $1 de cada $3 recaudados se destinará exclusivamente al pago de intereses de la deuda pública, que sería del orden de los $130 billones en total).
En el horizonte de análisis, y a falta de datos puntuales del mismo Gobierno, se espera el gasto extra que deberá asumir el Estado por el aumento del salario mínimo, dados algunos ajustes de personal que trabaja en el sector público, así como el déficit del fondo pensional que se maneja para Colpensiones.
