En un hecho sin precedentes, seis de los principales centros de pensamiento del país conformaron la alianza Colombia Progresa 2630, una unión estratégica que busca entregar al próximo Gobierno nacional una hoja de ruta con propuestas concretas para dinamizar el crecimiento económico y social de Colombia.
La iniciativa, integrada por ANIF, el Consejo Privado de Competitividad (CPC), el Centro Regional de Estudios de Energía (CREE), Así Vamos en Salud, el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) y la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe), advierte que el país atraviesa por un momento crítico donde la inversión se encuentra en niveles históricamente bajos y el ingreso per cápita ha caído a niveles de hace una década.
“Es muy importante lograr combinar la experticia de centros de pensamiento, eminentemente técnicos, en estas propuestas de regulación de altísima calidad que funcionan de manera sostenida en el tiempo y quedarán aterrizadas para que sean útiles”, explicó Andrés Caro, director de la Fundación para el Estado de Derecho.
El fin del 4 x 1.000: una apuesta por la formalidad
Dentro del pilar de inclusión financiera, liderado por ANIF, destaca la propuesta de eliminar de forma gradual el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), conocido como el 4 x 1.000.
Según José Ignacio López, presidente del centro de pensamiento económico ANIF, este tributo se ha convertido en una de las mayores talanqueras para el desarrollo del país, lo que justifica el objetivo de finalizar su desmonte hacia el año 2033.
“El GMF es un impuesto muy distorsionante que no solo va en contra de la inclusión financiera, sino que realmente hace que el costo de la formalidad sea más alto”, afirmó López, subrayando que la carga tributaria castiga desproporcionadamente a los negocios con alta transaccionalidad.
La propuesta de la alianza plantea una reducción técnica y responsable de medio punto porcentual por año. Esta gradualidad busca mitigar el impacto fiscal, dado que este impuesto recauda anualmente cerca de $16 billones y es altamente costo-eficiente para el Estado.
Los cálculos de ANIF indican que el costo del desmonte en su primer año sería de aproximadamente $1,1 billones. El objetivo final es unificar la cancha entre el efectivo y los medios digitales para fomentar la bancarización y la transparencia tributaria.
Además de tener la mira sobre el 4 x 1.000, ANIF sugiere ajustar la regulación de la tasa de usura para permitir que la banca formal ofrezca créditos a segmentos más riesgosos a tasas mayores a los topes actuales para ofrecer una alternativa legal y segura frente al gota a gota.
Por otro lado, para reactivar la inversión, que hoy se encuentra en sus niveles más bajos en 20 años, el centro de pensamiento propone acercar la bolsa a las empresas pequeñas o, en otras palabras, democratizar el mercado de capitales. Incluso, están a favor de profundizar la unión de las bolsas de Colombia, Chile y Perú para atraer inversionistas extranjeros y ganar liquidez.
Inversión y competitividad: los otros pilares de la alianza
Más allá de la reforma tributaria, los centros de pensamiento han diseñado propuestas en sectores estratégicos para asegurar que el próximo gobierno pueda actuar desde el «día uno» con herramientas legales ya redactadas.
Por ejemplo, el eje de competitividad y eficiencia normativa propone la simplificación de trámites. La meta es pasar de un modelo de permisos previos que frena la innovación, a una supervisión basada en riesgos. Se busca desatar el potencial del crecimiento económico atrapado en procesos lentos de entidades como el Invima, el ICA y las licencias ambientales.
“Buscamos aquellos tejidos normativos o arquitecturas institucionales donde tuviéramos atrapada una mayor cantidad de Producto Interno Bruto (PIB) porque eso hace que el ímpetu de producir esté limitado. Colombia es la historia de sumar muchas trabas al final del día, pero queremos hacer fácil para las personas tener acceso a las cosas que necesitan para ser productivas”, señaló Ana Fernanda Maiguashca, presidente del Consejo Privado de Competitividad.
Respecto a la deuda en salud, la alianza propone estabilizar financieramente el sistema mediante el uso de vigencias futuras y el pago acelerado de presupuestos máximos. Los expertos defendieron el mantenimiento del modelo de aseguramiento a través de EPS, pero sugieren redefinir su rol hacia la gestión integral del riesgo y fortaleciendo la atención primaria en salud.
En el frente de energía, las propuestas se enfocan en garantizar la seguridad del suministro frente a la caída de reservas de gas y las tensiones del sistema. Aquí se incluye la liberalización del precio del diésel (con un impacto fiscal positivo de $8 billones) para sanear deudas con comercializadoras de energía y universalizar el acceso al servicio en zonas rurales, por ejemplo.
Finalmente, ante el auge del crimen organizado, se plantea un cambio estructural para profesionalizar la policía, modernizar la justicia con expedientes electrónicos e incluso un impuesto temporal a la seguridad para financiar operaciones críticas en regiones fronterizas o sin control estatal.
Con este esfuerzo conjunto, los centros de pensamiento pretenden superar los diagnósticos tradicionales y ofrecer una «caja de herramientas» lista para ser usada, bajo la premisa de que la inversión privada es el único motor capaz de generar empleo formal y bienestar sostenible para todos los colombianos.
—
