Estimaciones de ANIF advierten que el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (FAPC), pieza clave de la reciente reforma pensional, iniciaría su operación en 2026 con $5 billones menos de lo proyectado originalmente.
Esta reducción en el capital inicial sería consecuencia directa de un proyecto de decreto publicado por el Ministerio del Trabajo que obliga a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a trasladar a Colpensiones la totalidad de los saldos de los afiliados que se acogieron a la denominada ventana de oportunidad de traslado, aproximadamente $25 billones.
El FAPC es una figura creada en la reforma pensional para gestionar parte de los recursos de las cotizaciones de los trabajadores, que sería administrada por el Banco de la República.
Para ANIF, esta medida altera la senda de acumulación del ahorro pensional. Sus proyecciones indican que la brecha de ahorro (diferencia entre el dinero disponible y el faltante) se ampliará con el tiempo, alcanzando un déficit acumulado de $15,2 billones para el año 2030.
Debilitamiento del fondo y envejecimiento poblacional
El análisis subraya que el FAPC perdería una fuente crucial de capitalización temprana si esos $25 billones no entran en su haber, lo que debilitaría su capacidad de generar rendimientos financieros.
De acuerdo con el centro de pensamiento, los recursos de los traslados debían fortalecer el fondo para enfrentar el envejecimiento de la población; sin ellos, el horizonte de sostenibilidad del ahorro se acorta considerablemente.
Por ello, sostiene que el decreto provoca que el fondo de ahorro se agote mucho más rápido al desviar recursos que debían ser invertidos a largo plazo para cubrir obligaciones pensionales actuales de Colpensiones. Al usar estos ahorros para pagar mesadas presentes, se afecta directamente la garantía de pago de las pensiones futuras.
Alivio fiscal hoy, crisis mañana
Si bien la medida genera una liberación de caja en el corto plazo para el Gobierno —al reducir la necesidad de transferencias presupuestales inmediatas a Colpensiones—, esto implica mayores presiones fiscales a futuro.
ANIF anticipó que cuando los recursos del FAPC se agoten prematuramente, el Estado no tendrá más opción que cubrir el hueco con recursos del Presupuesto General de la Nación, lo que podría traducirse en más impuestos, recortes de gasto o un mayor nivel de endeudamiento.
Previamente, ANIF advirtió que cerca de $17,5 billones de estos recursos están invertidos en títulos de deuda pública (TES), por lo que una liquidación forzosa y masiva en un corto plazo presionaría los precios a la baja y provocaría un aumento en las tasas de interés, encareciendo el costo de la deuda para el propio Gobierno.
Expertos y gremios como Asofondos cuestionaron la legalidad del decreto, argumentando que contradice la reforma pensional. Según el artículo 76 de dicha ley, los recursos deben permanecer en las AFP hasta que el afiliado se jubile, momento en el cual deberían pasar al fondo administrado por el Banco de la República, y no a Colpensiones de forma anticipada.
Al respecto, XP Investments manifestó dudas sobre la capacidad de Colpensiones para custodiar y administrar tal volumen de activos y han advertido sobre las distorsiones que esto generaría en los mercados locales.
En conclusión, lo que el Gobierno presenta como un ajuste administrativo es visto por los analistas como un movimiento que compromete la solidez del sistema pensional desde su «punto de partida».
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