La crisis de Nueva EPS volvió a escalar con una decisión que no es menor dentro del sistema de salud: la Superintendencia Nacional de Salud ordenó una nueva toma de posesión e intervención forzosa administrativa para administrar a la entidad y nombró como interventor a Jorge Iván Ospina Gómez.
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La movida quedó formalizada en la Resolución 2026100000003814-6 del 10 de abril de 2026, firmada por la superintendente ad hoc Luz María Munera Medina, un documento de 37 páginas que no solo oficializa el relevo, sino que evidencia la crisis financiera, operativa y jurídica que sigue arrastrando la EPS.
El punto más importante para los afiliados, clínicas, hospitales y proveedores es que el nuevo interventor no llega a empezar de cero ni a “salvar” automáticamente la entidad, llega con un reloj corriendo.
La resolución ordena que, una vez se posesione, deberá “presentar e implementar un plan de trabajo, dentro del término de treinta (30) días calendario siguientes a su posesión”, plan que además será “evaluado, discutido y aprobado” por la Dirección de Medidas Especiales para EPS y Entidades Adaptadas.
Esa es la primera decisión clave de la que habla el titular: en un mes tendrá que poner sobre la mesa el diagnóstico real y la hoja de ruta con la que intentará corregir una entidad que, según la propia Supersalud, sigue sin superar las causas que motivaron su intervención.
Un año de intervención y 30 días decisivos: lo que ordena la resolución sobre el rol de Jorge Iván Ospina
La Supersalud ordenó la intervención “por el término de un (1) año, es decir, desde el 10 de abril de 2026 hasta el 10 de abril de 2027”. No es, entonces, un encargo abierto ni indeterminado. Pero tampoco es definitivo.
Si en ese plazo no se subsanan las dificultades, la medida puede ser prorrogada e incluso derivar en decisiones más drásticas.
La orden de la Superintendencia llega después de más de dos años de deterioro documentado. En los antecedentes, el organismo recuerda que la toma de posesión original fue decretada el 3 de abril de 2024 por un año.
La radiografía que hace la Supersalud es severa. Aunque Nueva EPS ha tenido crecimiento en afiliados, “este avance cuantitativo no se traduce aún en mejoras verificables en el acceso, oportunidad ni continuidad de los servicios”.
También advierte un “incremento sostenido en las inconformidades”, con una tasa mensual de reclamos de 33,97 por cada 10.000 afiliados, superior a la tasa nacional.
En el mismo apartado, la Supersalud afirma que la EPS “no demuestra capacidad efectiva para garantizar la entrega completa y oportuna de medicamentos e insumos” y que esas falencias están generando interrupciones en tratamientos, eventos en salud prevenibles, mayores costos y más acciones judiciales.
Las órdenes que Ospina deberá aterrizar en esos primeros 30 días también están detalladas, y ahí está buena parte del valor de la resolución. La primera prioridad que le fija la Superintendencia es “resolver de fondo” las reclamaciones en salud, con especial atención a las clasificadas como “riesgo vital”.
La segunda es hacer “una evaluación detallada y operativa de la red de prestadores” para garantizar acceso oportuno, seguro, pertinente y continuo.
La tercera es diseñar estrategias preventivas frente a las causas de morbimortalidad en la población afiliada. Y la cuarta, quizá la más delicada, es “implementar y desarrollar medidas de salvamento orientadas a la recuperación financiera de la EPS”.
Ahí aparece la otra mitad del problema: la financiera. La resolución documenta que, con corte disponible, Nueva EPS no cumple con capital mínimo, patrimonio adecuado ni régimen de inversión de la reserva técnica.
Las deudas de la Nueva EPS: cifras de la crisis
La Supersalud calcula un déficit de -$1,250 billones en capital mínimo, de -$2,436 billones en patrimonio adecuado y un faltante de $2,975 billones en inversión de la reserva técnica.
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Más adelante, el documento agrega que el represamiento en el procesamiento de cuentas médicas pasó de $5,7 billones al inicio de la intervención a $14,9 billones a diciembre de 2025, equivalentes a más de 14,2 millones de facturas pendientes de procesar.
La presión sobre caja tampoco es menor. Según la resolución, las cuentas por pagar a la red crecieron 24 % entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, al pasar de $18,38 billones a $26,09 billones, mientras los anticipos girados por la EPS crecieron 115 % hasta $17,1 billones a noviembre de 2025.
La resolución habilita a Jorge Iván Ospina para tomar medidas de salvamento, constituir una junta asesora y presentar informes periódicos “dentro de los veinte (20) primeros días calendario de cada mes”.
Antes de que termine la medida, además, deberá entregar un informe final que establezca si la EPS puede seguir operando, si requiere otras operaciones de salvamento o si debe ser objeto de liquidación.
Perfil y controversias de Jorge Iván Ospina, nuevo interventor de Nueva EPS
En ese escenario aterriza Jorge Iván Ospina. Su perfil no es menor y tampoco es neutro. Es médico cirujano, con especialización en gestión de la salud, exdirector del Hospital Carlos Holmes Trujillo y dos veces gerente del Hospital Universitario del Valle.
En política fue senador de la República y dos veces alcalde de Cali. Esa mezcla de experiencia hospitalaria y trayectoria política explica parte de la apuesta del Gobierno, pero también la controversia por su nombramiento.
Y es que la Procuraduría informó en 2023 que profirió pliego de cargos contra Ospina por presuntas irregularidades en la organización de la Feria de Cali de 2020. Además, la misma entidad reportó una investigación disciplinaria por presunta omisión frente al hacinamiento en estaciones de Policía de Cali.
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Además, en 2026 la Procuraduría anunció que revisa hechos presuntamente irregulares de la Alcaldía de Cali incluidos en el llamado “Libro Blanco Santiago de Cali 2020-2023”, que documenta hallazgos sobre la gestión de la administración que él encabezó.
