El Gobierno del presidente Gustavo Petro avanza en un proyecto de resolución que redefine las condiciones laborales de las personas privadas de la libertad en Colombia, abriendo la puerta a salarios más estructurados, actualización anual de ingresos y potenciales implicaciones en materia de seguridad social como pensiones.
Lea también: Gobierno Petro radica recurso de súplica ante decisión de frenar traslado de $25 billones de ahorros a Colpensiones
El documento, elaborado por el Ministerio del Trabajo, plantea fijar un monto mínimo de remuneración para la población carcelaria que realiza actividades productivas dentro del sistema penitenciario, en un movimiento que ya empieza a generar debate jurídico, económico y político por sus implicaciones.
Detalles de la resolución que prepara Mintrabajo sobre salario para privados de la libertad
El proyecto de resolución establece que para 2026 se aplicará un incremento del 5,1 % en la remuneración mínima de las personas privadas de la libertad que participan en trabajo penitenciario directo, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificada por el DANE para 2025.
Este ajuste no es menor: institucionaliza un mecanismo de actualización automática anual, lo que implica que los ingresos de esta población dejarían de depender de decisiones discrecionales y pasarían a estar indexados a la inflación, similar a lo que ocurre con otras variables económicas en el país.
“El Inpec realizará un incremento del 5,1% al Monto mínimo de Remuneración (…) desde el 1ro de enero de 2026”, señala el documento oficial de Mintrabajo.
La iniciativa se enmarca en una política más amplia del Gobierno Petro orientada a fortalecer el enfoque de resocialización del sistema penitenciario, bajo la premisa de que el trabajo es un instrumento central para la reintegración social.
También le puede interesar: El cultivo que podría desaparecer en Colombia por medida del Gobierno Petro
El proyecto no surge de manera aislada. Se apoya en el marco normativo existente, particularmente en el Código Penitenciario y Carcelario, que establece que el trabajo en prisión es “un derecho y una obligación social” y que debe desarrollarse en condiciones dignas y justas.
En esa línea, el Gobierno Petro ha impulsado mesas técnicas entre el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud y el Inpec para definir los parámetros técnicos, administrativos y fiscales de esta política.
El alcance de esta resolución es significativo si se tiene en cuenta el tamaño del sistema penitenciario. Colombia cuenta con más de 104.000 personas privadas de la libertad en 125 cárceles, según cifras del Inpec con corte a 2025. De ese total, 6.177 son mujeres y 97.736 son hombres.
Uno de los puntos más relevantes del proyecto es que refuerza la articulación entre el sector público y el privado. El documento señala que las actividades laborales de los internos estarán “coordinadas con las políticas que el Ministerio del Trabajo adoptará (…) fomentando la participación de la empresa privada a través de convenios”.
Puede interesarle leer: Decisión del Gobierno Petro dejó sin cobertura varios medicamentos clave para los pacientes: esto advierten los médicos
El documento deja claro que el Ministerio del Trabajo tiene la responsabilidad de definir no solo la remuneración, sino también aspectos como riesgos laborales y protección en salud, lo que podría evolucionar hacia esquemas más completos de cobertura social para esta población.
Lea el proyecto de resolución completo haciendo clic en este enlace.
