Colombia atraviesa una grave crisis fiscal estructural que, pese a su magnitud, está quedando como un tema huérfano en la agenda de los candidatos a la Presidencia, según el Centro de Pensamiento Económico ANIF.
Mientras las campañas evitan profundizar en soluciones impopulares como recortes de gasto o ajustes tributarios, los analistas advierten que el próximo mandatario heredará una economía con un margen de maniobra peligrosamente estrecho.
La situación que recibirá el nuevo Gobierno es crítica. Durante 27 de los últimos 35 años, el país ha gastado sistemáticamente más de lo que recibe, acumulando una deuda pública neta que hoy bordea el 58 % del PIB. Esta cifra es alarmante no solo por su volumen, sino por su rapidez de crecimiento: niveles de deuda similares no se veían desde finales del siglo XIX, tras la Guerra de los Mil Días, según el presidente de ANIF, José Ignacio López.
Y es que los indicadores actuales reflejan un deterioro profundo. En 2025, el déficit fiscal alcanzó el 6,4 % del PIB, consolidándose como el cuarto más alto en la historia nacional, solo superado por los años de la pandemia y el 2024. Según ANIF, lo más preocupante es que estos déficits ocurren en un contexto de relativa estabilidad económica, sin los choques macroeconómicos severos que justificaron los desbalances del pasado.
Posibilidades de que la crisis se agrave por un alto gasto público
El informe de ANIF advierte que, de no aplicarse un ajuste inmediato y creíble, las proyecciones son sombrías. La deuda neta del Gobierno podría superar el 71 % del PIB en tan solo tres años, cruzando el umbral considerado insostenible para una economía con las instituciones de Colombia.
Este desbalance ya está pasando factura. Expertos han señalado que el riesgo fiscal actúa como un impuesto invisible que eleva el costo de financiamiento para todos.
«La expansión fiscal estructural y las necesidades récord de financiamiento ya están afectando las condiciones financieras internas», indicaron Diego Pereira y Juan Goldin, economistas de JP Morgan, en un artículo. Según sus cálculos, el déficit primario de 3,5 % del PIB registrado el año pasado es comparable a los peores momentos de la pandemia y carece de justificación cíclica debido al crecimiento actual del gasto.
Los analistas coinciden en que la raíz del problema no es la falta de ingresos, sino un gasto público desajustado. En las últimas tres décadas, el tamaño del Estado se ha expandido sin que esto se traduzca en mejoras sustanciales en la desigualdad o el crecimiento.
Camilo Pérez-Álvarez y Alejandro Rojas Cano, del Banco de Bogotá, subrayaron en un artículo que el tamaño del Estado colombiano es elevado frente a sus pares regionales.
«En 2025, una economía con una calificación crediticia similar a la de Colombia presenta un gasto cercano al 30 % del PIB, mientras que Colombia alcanzó el 34 %», escribieron. Además, citaron que el 75 % del aumento del gasto primario entre 2019 y 2025 se debió al rubro de transferencias, especialmente en salud y pensiones.
Para los economistas, la solución debe ser una combinación de políticas, reconociendo que «solo una combinación de políticas de ingreso y gasto público, complementadas por aquellas en favor del crecimiento económico, deben ser el camino».
Por su parte, Pereira y Goldin de JP Morgan enfatizaron que la próxima administración debe actuar con rapidez: «Solo un compromiso creíble, basado en recortes sustanciales del gasto, puede reducir de manera sostenible los riesgos fiscales».
Efectos en el bolsillo ciudadano
El presidente de ANIF advierte que, si el tema sigue siendo ignorado en el debate electoral, el mercado impondrá un ajuste desordenado que afectará directamente a los hogares.
Los efectos previstos incluyen créditos más caros, pues el aumento de las tasas de interés para financiar al Estado se traslada a los créditos de vivienda, consumo y microempresas, mayor inflación, dado que un déficit desbordado presiona los precios al alza, reduciendo el poder adquisitivo, y una parálisis de la inversión, por cuenta de que la incertidumbre fiscal frena la contratación y la apertura de nuevos negocios, afectando el empleo.
Para López, el próximo Gobierno se enfrentará a un callejón sin salida si no presenta un plan de acción desde el primer día. Por ello, ha insistido en que la sostenibilidad fiscal no es una discusión técnica abstracta, sino la condición básica para que los programas sociales y la economía del país sean viables en el largo plazo.
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