El Ministerio de Hacienda solicitó formalmente al superintendente Financiero, César Ferrari, ejercer una supervisión, control y vigilancia estricta sobre el proceso de transición pensional entre el régimen privado y el público.
Según la carta conocida por Valora Analitik y disponible al final de este artículo, esta petición surge tras detectarse discrepancias en las cifras y en el número de afiliados reportados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), lo que, según la entidad, ha generado una incertidumbre que deriva en un alto riesgo financiero para el sistema.
A mediados de abril el Gobierno expidió un decreto para reglamentar el traslado de recursos desde el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), manejado por los fondos privados, hacia el Régimen de Prima Media (RPM) administrado por Colpensiones.
La normativa buscaba que más de 30.000 afiliados o pensionados movilizaran sus ahorros, calculados inicialmente en unos $25 billones, aprovechando la ventana de oportunidad de la reforma pensional, es decir el cambio de régimen en condiciones especiales a las que permitía la ley.
No obstante, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente este decreto, argumentando que el Ejecutivo habría excedido su potestad reglamentaria al modificar el destino de estos recursos sin una ley aprobada por el Congreso.
En medio de esta pugna jurídica, la Superintendencia Financiera ya había anunciado el inicio de investigaciones sobre el traslado de estos recursos, con el fin de proteger los derechos de los consumidores financieros y velar por la estabilidad del sistema. Según la entidad, los recursos de aportantes que ya consolidaron su derecho pensional ascienden a $8,7 billones, correspondientes a 32.803 afiliados.
Ante este panorama, el ministro de Hacienda, en una misiva dirigida a Ferrari, pidió adoptar de manera expedita medidas preventivas y correctivas para garantizar la consistencia, confiabilidad y adecuada verificación de la información reportada por las AFP.
El Ministerio enfatizó la necesidad de una gestión integral de los riesgos asociados, fundamentando su solicitud en las facultades de inspección previstas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
El Gobierno y Colpensiones han lanzado alertas sobre la urgencia de recibir estos recursos en las últimas semanas.
El Ejecutivo advirtió que la suspensión del decreto pone en riesgo el pago de las mesadas pensionales y afecta la sostenibilidad financiera del sistema.
Según Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, la entidad ya está reconociendo y pagando pensiones a más de 22.400 personas cuyos recursos siguen bajo la administración de las AFP, lo que genera un desequilibrio financiero insostenible para el régimen público.
El Gobierno insiste en que no es jurídicamente exigible que Colpensiones asuma estos pagos mientras los fondos destinados a financiarlos permanezcan atrapados en la administración privada.
Conozca aquí la carta del ministro de Hacienda.
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