Miles de conductores en Colombia recibieron en los últimos días una noticia que parecía impensable: la posibilidad de recuperar dinero pagado por fotomultas e incluso quedar libres de comparendos pendientes.
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El anuncio del Gobierno Petro sobre una investigación que involucra más de 7,5 millones de sanciones de tránsito generó expectativa entre ciudadanos de ciudades como Cali, Medellín, Bogotá y Barranquilla, donde se concentra buena parte de los casos bajo revisión.
La expectativa creció aún más después de que el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte advirtieran que algunos organismos de tránsito habrían operado sistemas de fotodetección sin cumplir plenamente los requisitos técnicos exigidos por la normativa vigente.
Según las autoridades nacionales, si las irregularidades llegaran a comprobarse, podrían abrirse procesos de devolución de recursos pagados por los ciudadanos e incluso la revocatoria de millones de comparendos.
Sin embargo, cuando muchos conductores empezaban a preguntarse si las fotomultas habían quedado anuladas o si ya no debían pagar sanciones pendientes, las autoridades de tránsito del país salieron a desmentir esa interpretación y a aclarar el verdadero alcance de la decisión anunciada por el Gobierno.
Autoridades de tránsito aseguran que las fotomultas siguen vigentes
El Comité de Representación del Capítulo Técnico de Autoridades de Tránsito aseguró que actualmente no existe ninguna decisión administrativa definitiva que elimine automáticamente las fotomultas emitidas por los organismos que están siendo investigados.
Por esa razón, advirtió que los comparendos continúan teniendo plena validez jurídica y deben seguir siendo atendidos por los ciudadanos conforme a los procedimientos establecidos en la legislación colombiana.
“El anuncio realizado por la Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte no implica, bajo ninguna circunstancia, que las órdenes de comparendo emitidas recientemente pierdan validez, ni que los ciudadanos estén exentos de pagarlas o ejercer los mecanismos legales de impugnación establecidos en la ley”, señaló el Comité.
La organización también pidió a los medios de comunicación y a la ciudadanía evitar interpretaciones erróneas sobre el alcance de las investigaciones actualmente en curso.
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La controversia surgió después de que el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte confirmaran la apertura de investigaciones administrativas contra 37 organismos de tránsito por presuntas irregularidades relacionadas con la operación de Sistemas Automáticos, Semiautomáticos y Otros Medios Tecnológicos para la Detección de Infracciones de Tránsito (SAST), conocidos popularmente como cámaras de fotomultas.
Las verificaciones realizadas por las autoridades encontraron posibles incumplimientos frente a los requisitos establecidos en la Ley 2251 de 2022 y en la Resolución 718 del Ministerio de Transporte.
Entre los hallazgos preliminares se identificó que algunos organismos habrían iniciado operaciones sin contar con el concepto de desempeño expedido por el Instituto Nacional de Metrología, documento obligatorio para certificar la confiabilidad técnica y legal de estos sistemas.
Según la información divulgada por la Superintendencia, 12 organismos comenzaron a operar sin dicho concepto, siete utilizaron certificaciones expedidas a terceros y otros 18 obtuvieron los conceptos después de haber iniciado la operación de los equipos de fotodetección.
La magnitud del caso es una de las razones que explican la enorme atención pública que ha recibido el proceso. De acuerdo con los datos revelados por el Gobierno, los organismos investigados emitieron más de 7,5 millones de comparendos mediante sistemas de fotodetección.
De ese total, 1.582.398 sanciones ya fueron pagadas por los ciudadanos, generando recaudos superiores a $1,05 billones.
Además, las autoridades nacionales indicaron que 5.832.906 comparendos que actualmente permanecen pendientes de pago podrían eventualmente perder validez si las irregularidades son comprobadas dentro del proceso administrativo.
Las ciudades con mayor número de comparendos identificados dentro de la investigación son Cali, con aproximadamente 2,7 millones de registros; Medellín, con más de 717.000; Bogotá, con cerca de 294.000; y Barranquilla, con más de 131.000 sanciones.
¿Por qué no se pueden dar por anuladas las fotomultas?
Pese a la dimensión del proceso, el Comité de Autoridades de Tránsito insiste en que la apertura de una investigación no equivale a una decisión sancionatoria definitiva.
En otras palabras, los organismos investigados aún tienen derecho a ejercer su defensa, aportar pruebas y controvertir los hallazgos presentados por las entidades nacionales antes de que exista una decisión final.
Por ello, cualquier revisión sobre la legalidad de las sanciones, una eventual devolución de recursos o la posible eliminación de comparendos deberá analizarse individualmente una vez concluyan los procedimientos administrativos correspondientes.
“Entendemos la preocupación de millones de ciudadanos frente a las declaraciones del Gobierno Nacional. Sin embargo, hoy las fotomultas continúan vigentes y cualquier revisión deberá estudiarse caso por caso mientras avanzan las investigaciones”, afirmó Joan José Botello, presidente del Comité de Autoridades de Tránsito.
Ante la confusión generada en redes sociales y diferentes plataformas digitales, las autoridades reiteraron que los ciudadanos deben seguir consultando el estado de sus comparendos y cumplir las obligaciones vigentes mientras no exista una decisión oficial que determine lo contrario.
También recordaron que quienes consideren que una sanción fue impuesta de manera irregular conservan los mecanismos de defensa previstos en la ley, incluyendo los procesos de impugnación ante las autoridades competentes.
Por ahora, el mensaje de las autoridades de tránsito es contundente: las investigaciones anunciadas por el Gobierno Petro podrían derivar en decisiones de gran impacto para millones de conductores y para decenas de organismos de tránsito, pero las fotomultas no han sido anuladas de forma general ni automática.
Hasta que exista una determinación definitiva, los comparendos continúan produciendo efectos jurídicos y deben ser gestionados conforme a la normativa vigente.
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La discusión, sin embargo, está lejos de terminar. Si las irregularidades son confirmadas, el país podría enfrentar uno de los mayores procesos de revisión de sanciones de tránsito de los últimos años, con implicaciones económicas que superarían el billón de pesos y potenciales devoluciones para cientos de miles de conductores.
