A pocos días de las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, la lucha contra la corrupción volvió a ocupar un lugar central en la campaña electoral.
En un escenario donde las principales encuestas ubican a Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia entre los candidatos con mayores posibilidades de disputar la Presidencia, las propuestas para combatir el desvío de recursos públicos se han convertido en uno de los temas más sensibles para los votantes.
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La discusión no es menor. Casos recientes como el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que tuvo como protagonistas a exfuncionarios como Olmedo López, reavivaron las preocupaciones sobre la capacidad del Estado para detectar y desmantelar esquemas de corrupción que operan durante años dentro de diferentes entidades públicas.
Precisamente sobre ese tipo de estructuras gira una de las propuestas anticorrupción más ambiciosas planteadas por Iván Cepeda dentro de su programa de gobierno.
El candidato presidencial del Pacto Histórico anunció que, en caso de llegar a la Casa de Nariño, impulsará la creación de un Sistema Nacional de Lucha contra la Macrocorrupción, una estrategia que incluye una nueva unidad especializada dentro de la Fiscalía General de la Nación para investigar organizaciones y redes de corrupción de gran escala, así como mecanismos especiales de juzgamiento y recuperación de activos.
La nueva unidad que crearía Iván Cepeda para investigar la macrocorrupción
Uno de los pilares de la propuesta consiste en la creación de la Unidad Nacional de Investigación de la Macrocorrupción dentro de la Fiscalía. Según el programa de gobierno de Cepeda, el objetivo es cambiar la forma en que actualmente se investigan los grandes casos de corrupción.
“Las cadenas de corrupción no se investigan caso por caso: se investigan como sistemas, con procesos ágiles y coordinados”, plantea el plan de propuestas de Cepeda, que representa la continuidad del Gobierno Petro.
La propuesta parte de la idea de que muchos de los mayores escándalos del país no son producto de actuaciones aisladas de funcionarios individuales, sino de redes organizadas que involucran contratistas, intermediarios, servidores públicos y estructuras financieras que operan de manera coordinada.
Por esa razón, la nueva unidad tendría la misión de identificar “los aparatos y estructuras de la macrocorrupción y a sus jefes o determinadores”, además de rastrear sus mecanismos de operación, sus fuentes de financiación y posibles esquemas de lavado de activos.
La iniciativa propone aplicar metodologías similares a las utilizadas en investigaciones de macrocriminalidad relacionadas con delitos de lesa humanidad o graves violaciones de derechos humanos.
En lugar de concentrarse exclusivamente en hechos individuales, los investigadores analizarían patrones, estructuras de mando, flujos financieros y relaciones entre distintos actores para reconstruir el funcionamiento completo de las organizaciones corruptas.
Por ejemplo, si una red manipula contratos públicos en varios departamentos mediante empresas relacionadas entre sí, funcionarios locales y operadores financieros, la investigación no se limitaría a revisar cada contrato por separado. El objetivo sería identificar toda la estructura, establecer quiénes toman las decisiones, cómo circula el dinero y quiénes se benefician finalmente de los recursos desviados.
De acuerdo con el programa, la unidad tendría capacidad para examinar fenómenos de corrupción a escala nacional, regional y sectorial, incluyendo las dimensiones económicas que permiten ocultar o mover los recursos obtenidos ilegalmente.
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La propuesta no se limita a la fase investigativa. Cepeda plantea la creación de una instancia especial de juzgamiento para los casos de corrupción sistémica, con el propósito de agilizar procesos y evitar que las investigaciones terminen prolongándose durante años sin decisiones definitivas.
El programa señala que dicha instancia operaría “al más alto nivel posible” para abordar los casos más complejos relacionados con estructuras organizadas de corrupción.
Además, las sentencias incluirían medidas de reparación integral para las víctimas: “La macrocorrupción también deja víctimas y territorios heridos, y deben ser reparados”, señala la propuesta.
Otro de los componentes centrales del plan es la creación de un Fondo de Reparación de Víctimas de la Corrupción. La idea consiste en destinar los recursos recuperados de personas condenadas por corrupción para reparar daños causados tanto a ciudadanos como a sectores afectados por el desvío de recursos públicos.
“Canalizaremos al Fondo todos los capitales y recursos expropiados a los corruptos para reparar no solo el dinero público malgastado, sino también los daños materiales e inmateriales causados a víctimas individuales, colectivas y a la sociedad”, establece el programa.
Según la propuesta, cuando los actos de corrupción afecten sectores específicos, los recursos recuperados deberían regresar a esos mismos sistemas.
Por ejemplo, si se comprueba el desvío de recursos destinados a la salud, el dinero recuperado se utilizaría para fortalecer hospitales, ampliar servicios médicos o financiar programas dirigidos a los usuarios afectados.
“Cada peso recuperado debe convertirse en un derecho restituido”, sostiene el documento. Cepeda propone llevar equipos especializados de investigación y juzgamiento a las regiones donde históricamente se han identificado mayores problemas de contratación irregular y desvío de recursos públicos.
Paralelamente, plantea la conformación de alianzas territoriales anticorrupción que integren organizaciones sociales, ciudadanía, empresas y entidades estatales.
“Ningún país derrota la macrocorrupción solo desde los despachos. Necesitamos ciudadanía vigilante y organizada”, señala el programa presidencial.
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La propuesta incluye además mecanismos de veeduría ciudadana, seguimiento a la gestión pública y fortalecimiento de los canales de denuncia, bajo la premisa de que la participación de la sociedad debe convertirse en uno de los principales instrumentos de control sobre el uso de los recursos públicos.
