El 7 de agosto de 2026 concluirá el gobierno del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Si bien faltan poco más de dos meses para que el mandatario termine su gestión, al interior de la compañía han surgido versiones de que estaría moviendo fichas para sacar a tres miembros de la Junta Directiva de la empresa, y de esa manera, despejar el regreso al cargo de Ricardo Roa, quien antes de llegar a Ecopetrol fue el gerente de la campaña que llevó a Petro a la Presidencia en 2022.
Según manifestaron fuentes que prefirieron mantenerse en el anonimato, el mandatario se reunió en la Casa de Nariño con algunos miembros del directorio, entre ellos la presidente de la Junta, Ángela María Robledo, junto con Hildebrando Vélez y Alberto José Merlano.
En la reunión se habría abordado la intención del mandatario de realizar cambios al interior de la Junta Directiva de la compañía. Entre los nombres que estarían en la mira figuran César Loza, quien representa a los trabajadores tras haber renunciado como presidente de la Unión Sindical Obrera (USO); Ricardo Rodríguez Yee, representante de los departamentos productores; y Luis Felipe Henao, miembro independiente que representa a los fondos de pensiones.
¿Por qué el Ejecutivo querría sacar a esos tres miembros de la Junta? Según las fuentes consultadas por este medio, lo que se pretende es despejarle el camino a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, quien actualmente no ejerce funciones debido a una licencia y a su período de vacaciones. Sin embargo, de acuerdo con las mismas fuentes, el objetivo del Presidente sería respaldar la permanencia de Roa por la “capacidad de contratación que tiene Ecopetrol”.
Por otra parte, medios como La Silla Vacía indicaron que César Loza, Ricardo Rodríguez Yee y Luis Felipe Henao estuvieron a favor de la salida de Roa de la compañía debido a múltiples cuestionamientos en materia reputacional y gerencial. Entre tanto, Ángela María Robledo, Tatiana Roa, Alberto José Merlano, Carolina Arias y Hildebrando Vélez habrían respaldado la permanencia del directivo. Lo anterior resulta relevante porque quienes no estuvieron a favor de la continuidad de Roa son precisamente los nombres señalados por las fuentes de Valora Analitik como parte del eventual remezón.
¿Es posible que el Gobierno convoque una Asamblea de accionistas?
Con base en lo mencionado por los analistas consultados, si se pretende reemplazar o remover a tres miembros de la Junta, sería necesario convocar una Asamblea de Accionistas. Iván Arroyave, experto del sector y banquero de inversión, expresó que, salvo que existan restricciones estatutarias específicas, no habría obstáculos para hacerlo, ya que el Gobierno controla más de 88 % de las acciones de la empresa, y por lo tanto, tiene la capacidad de convocar una Asamblea Extraordinaria.
“El verdadero interrogante no es jurídico ni operativo, es cuál sería la justificación empresarial de una modificación de esa magnitud a pocas semanas de terminar el periodo presidencial y qué lectura de ello harían los inversionistas nacionales e internacionales”, expresó Arroyave.
Por su parte, Julio César Vera, experto de la industria energética y presidente de XUA Energy, corroboró que sería necesario convocar una Asamblea para dicho fin. Sin embargo, agregó que esto sería un error, pues tendría repercusiones a nivel societario. Según explicó, la eliminación de espacios para representantes de accionistas minoritarios tendría efectos sobre el gobierno corporativo y también sobre el ambiente laboral de la compañía, que al 2 de junio de 2026 mantiene un conflicto con la Unión Sindical Obrera (USO) por falta de consensos en materia salarial.
Según Vera, si esto llegara a concretarse, se incumplirían acuerdos con los trabajadores para mantener un representante en la Junta, en referencia a César Loza, expresidente de la USO y quien renunció a esa organización para integrar el directorio. Mencionó el caso de Ricardo Rodríguez Yee, quien llegó a ocupar su asiento mediante un acuerdo político con los departamentos productores. Por ello, sostuvo que una decisión de este tipo podría generar animadversión hacia la compañía en las regiones, afectar la normalidad de sus operaciones y reducir la presencia de miembros independientes.
También está el caso de Luis Felipe Henao, representante de los fondos pensionales, que son accionistas minoritarios. En la agenda mediática se ha señalado que Henao ha cuestionado decisiones de la administración de la compañía y la continuidad del propio Roa.
Adicionalmente, este medio recibió información de que al interior de la Junta Directiva no existe el mejor ambiente laboral para todos sus integrantes, pues algunos estarían recibiendo ataques de “bodegueros y maltrato”. Sin embargo, no se conoce ningún comunicado oficial que confirme o desmienta esos señalamientos.
“En una empresa del tamaño e importancia de Ecopetrol, lo fundamental es garantizar que su gobierno corporativo funcione, que se cumplan los procedimientos, que las decisiones respondan a criterios técnicos, económicos y científicos, de costo-eficiencia, y no políticos o ideológicos; que su visión no sea la del presente, sino la del futuro; y, sobre todo, que los equipos de trabajo respondan a una experticia y capacidad propias de las labores a desarrollar”, expresó Julio César Vera frente a interrogantes sobre las posibles repercusiones en el mercado de la injerencia del poder Ejecutivo en la Junta.
Por otro lado, frente a la posibilidad de convocar una Asamblea Extraordinaria de accionistas, Arroyave respondió que la pregunta relevante no es si esto se puede hacer, sino por qué se hace y cuáles serían las implicaciones para la estabilidad del gobierno corporativo de la empresa. Añadió que este proceso no tomaría meses y que puede convocarse dentro de los plazos previstos en los estatutos, pero insistió en que debe estar adecuadamente sustentado y comunicado al mercado.
Como antecedente para estimar los tiempos de una eventual convocatoria, está la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de Ecopetrol realizada el 11 de noviembre de 2025. Esta fue informada al mercado y a los accionistas el 23 de octubre de ese mismo año, por lo que transcurrieron menos de 19 días calendario entre el anuncio y la celebración de la reunión.
Vera expresó que las injerencias del Gobierno van en contra de la filosofía y la cultura empresarial, lo que termina afectando el valor de las acciones y el patrimonio de la compañía. A ello se suma, según indicó, un ambiente de desmotivación entre los equipos de trabajo y afectaciones sobre el accionar de la empresa, que pierde foco y visión al estar pendiente de coyunturas y decisiones que no generan valor.
¿A cuánto ascienden los contratos de Ecopetrol?
Como se señaló al comienzo de esta publicación, fuentes que prefirieron mantenerse en el anonimato expresaron que la verdadera intención del presidente Petro sería despejar el camino para que su exgerente de campaña, Ricardo Roa, continúe al frente de la compañía. Según ellas, detrás de ello están los grandes recursos y la capacidad de contratación que maneja Ecopetrol.
Vera manifestó que el presupuesto de inversión de la compañía para 2026 está ubicado entre $22 billones y $27 billones, con contratos que en algunos casos ascienden a miles de millones de pesos y otros a cientos de miles de millones. Además, muchos de ellos tienen vigencias de varios años.
“Sin lugar a duda, es la contratación especializada de mayor monto de cualquier empresa del país”, puntualizó.
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Arroyave concluyó que Ecopetrol administra contratos de exploración, producción, transporte, refinación, infraestructura, tecnología y servicios con inversiones que ascienden a miles de millones de pesos. Por ello, la estabilidad de su Junta Directiva no es un asunto exclusivamente interno de la compañía, sino que tiene efectos sobre inversionistas, contratistas, proveedores y sobre la reputación de una empresa que cotiza en bolsa, que también es la más grande de Colombia y constituye patrimonio del país, dado que el Estado es su principal accionista.
