Aunque Colombia cuenta con una de las infraestructuras de factura electrónica más avanzadas de América Latina, el mercado de factoring todavía tiene un amplio espacio para crecer, como una alternativa de financiación de pequeñas y medianas empresas.
Mientras en países como Chile el volumen de facturas negociadas equivale a cerca del 20 % del PIB, en Colombia esa proporción apenas ronda cerca del 2,7 %, una brecha que la industria espera cerrar con la modificación al Decreto 1154 de 2020.
La expectativa se concentra en los ajustes que vienen siendo analizados por el gobierno Petro sobre la norma que dio vida jurídica al Radian, el sistema administrado por la Dian para registrar electrónicamente la circulación y negociación de facturas electrónicas como activos de financiamiento.
En meses pasados, el gobierno publicó un borrador de decreto para flexibilizar los requisitos relacionados con la aceptación de las facturas a pequeñas y medianas empresas, que son proveedores de grandes compañías.
La propuesta busca que exista una temporalidad clara y automática para que una factura pueda circular, sin depender exclusivamente del pagador. Sin embargo, tras cerrar ronda de comentarios, la actualización del decreto no ha sido publicada.
Para la Asociación Colombiana de Factoring Electrónico (Asoface), los cambios podrían facilitar que más empresas conviertan sus cuentas por cobrar en liquidez inmediata y ampliar el acceso a mecanismos de capital de trabajo.
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Medidas para acelerar el factoring en Colombia
En diálogo con Valora Analitik la presidenta ejecutiva de Asoface, Juliana Carmona, reveló que Colombia cuenta con más de 1,5 millones de facturadores electrónicos y ha negociado más de 1,7 millones de facturas a través del Radian, movilizando cerca de $48 billones.
Sin embargo, el acceso sigue siendo limitado: de las más de 1,56 millones de empresas formales activas en el país, apenas unas 47.000 pymes están habilitadas para negociar sus facturas electrónicas.
“Colombia logró construir una de las infraestructuras digitales tributarias más avanzadas de la región, pero todavía tiene un reto pendiente: convertir esa capacidad tecnológica en acceso real a liquidez para las pymes”, afirmó.
Según la líder gremial, uno de los principales mensajes detrás de la propuesta regulatoria es que el país ya resolvió buena parte de los desafíos tecnológicos asociados a la factura electrónica.
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El reto ahora está en facilitar que esos documentos circulen de manera más ágil como títulos valor y puedan convertirse efectivamente en una fuente de financiación para las empresas.
En la práctica, explicó Carmona, muchas pequeñas y medianas empresas ya venden, entregan sus productos y emiten sus facturas electrónicas, pero siguen dependiendo de procesos administrativos posteriores para poder registrar la aceptación de esos documentos y acceder a mecanismos de financiación.
“La discusión de fondo no es únicamente tecnológica o normativa. Hoy la liquidez de muchas pymes depende de trámites y validaciones de los pagadores que frenan el acceso oportuno a capital de trabajo. El desafío es lograr que la factura electrónica pueda convertirse realmente en una herramienta eficiente de financiación empresarial y autónoma”, señaló la dirigente gremial.
Para Asoface, la modificación del decreto ayudaría a fortalecer las condiciones para que las facturas electrónicas circulen con mayor rapidez dentro del mercado, reduciendo barreras que hoy limitan el acceso de miles de empresas a este mecanismo.
El factoring permite que una empresa convierta facturas con vencimientos de 30, 60 o 90 días en recursos inmediatos, sin necesidad de esperar el pago final de su cliente. De esta manera, las compañías pueden obtener liquidez para financiar su operación, cubrir nómina, invertir o atender necesidades de capital de trabajo.
Factoring como alternativa de financiación
Desde el gremio destacan que esta herramienta no compite con otras fuentes de financiación empresarial, sino que las complementa. A diferencia de un crédito tradicional, permite monetizar cuentas por cobrar que ya forman parte de la operación de la empresa, sin incrementar necesariamente sus niveles de endeudamiento.
La asociación considera que el verdadero impacto de los cambios regulatorios no estaría en beneficiar a las compañías de factoring, sino en ampliar las alternativas de financiación disponibles para las pymes colombianas.
Asoface también considera que el fortalecimiento regulatorio debe venir acompañado de mayores esfuerzos de pedagogía empresarial y de mecanismos que permitan ampliar el acceso a financiamiento para más mipymes.
Asimismo, insiste en que los grandes pagadores tienen un papel relevante para facilitar procesos que agilicen el flujo de caja de sus proveedores.
“La factura electrónica ya transformó la manera en que el país factura y controla operaciones. El siguiente paso es lograr que esa transformación también se convierta en una herramienta real de liquidez, competitividad y crecimiento para las empresas colombianas”, concluyó Carmona.
