El nuevo gobierno colombiano, en cabeza de Abelardo De la Espriella, según los resultados preliminares de las elecciones a la Presidencia, enfrentaría una profunda brecha de expectativas sobre las finanzas públicas, según un análisis de ANIF.
Mientras el gobierno de Gustavo Petro mantiene una visión optimista de las cuentas públicas, la cual quedó plasmada en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), el centro de pensamiento ha advertido sobre una «bomba de tiempo fiscal» que requiere medidas urgentes y estructurales.
La principal discordancia radica en el déficit fiscal para 2026. El Gobierno prevé un déficit total (diferencia entre ingresos y gastos públicos) del 5,3 % y un déficit primario (excluyendo intereses) del 2,1 % del PIB. No obstante, los analistas de ANIF consideran que este escenario es poco factible y plantean, en su escenario base, un déficit fiscal del 6,5 % del PIB y un déficit primario del 3,3 %.
Esta diferencia se sustenta en proyecciones macroeconómicas divergentes para 2026, pues el Gobierno espera un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 2,6 %, mientras que ANIF y el consenso del mercado lo sitúan en el 2,5 %.
Lo propio ocurre con la inflación. Oficialmente se proyecta una variación del 6 % en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), pero ANIF advierte que podría llegar al 6,4 % debido a presiones como el ajuste del 23 % en el salario mínimo y el fenómeno de El Niño.
Según ANIF, el ajuste fiscal no será sostenible sin una reactivación económica que aporte al menos un punto porcentual adicional al crecimiento anual del PIB.
Riesgos heredados y contabilidad creativa
ANIF alertó que el cumplimiento de las metas fiscales oficiales depende de una ejecución de gasto que podría dejar un rezago de al menos $63 billones para la siguiente vigencia, trasladando el problema financiero al nuevo gobierno. Además, advirtió que existe un riesgo elevado en las operaciones de manejo de deuda, pues si estas no se concretan, el pago de intereses podría dispararse al 4,2 % del PIB, llevando el déficit fiscal hasta un alarmante 7,2 %.
En respuesta, ANIF propone un ajuste de 3 puntos del PIB (aproximadamente $53 billones). A diferencia de la propuesta gubernamental, que se centra en una reforma tributaria de $30,2 billones, ANIF enfatiza que el éxito depende de recortar el gasto público, bajo el argumento de que los ajustes basados en gasto son más efectivos para el crecimiento que aquellos basados solo en impuestos.
En detalle, el plan de ajuste del centro de pensamiento incluye una racionalización del gasto de funcionamiento (0,7 % del PIB / $14 billones) mediante el congelamiento de la nómina pública, límites al crecimiento salarial, recorte de contratos de prestación de servicios y la eliminación gradual de subsidios a los combustibles (ACPM y gasolina).
Por otro lado, en el frente de eficiencia en el gasto de inversión (1,4 % del PIB / $27 billones), ANIF señala que actualmente solo $35 de cada $100 destinados a inversión son realmente productivos (CAPEX), por lo que propone eliminar duplicidades y programas de baja ejecución.
Además, una vez ajustado el gasto, se sugiere ampliar la base tributaria de personas naturales, racionalizar beneficios exentos, fortalecer la lucha contra la evasión y abrir el debate sobre el IVA y la tributación de las pensiones más altas. Esto requeriría de la discusión en el Congreso de la República de reforma tributaria estructural (0,6 % del PIB / $12 billones).
ANIF concluyó que el nuevo Gobierno de De la Espriella no solo enfrentará cifras desafiantes, sino también la necesidad de construir consensos políticos y sociales. La decisión final, consideran, recae en si la nueva administración asume los costos del ajuste hoy o los aplaza, arriesgándose a medidas futuras aún más drásticas.
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