La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles que envió una carta al rey Carlos III para solicitar la liberación del oro venezolano retenido en el Banco de Inglaterra, con el fin de financiar la respuesta al doble terremoto del 24 de junio, que según cifras oficiales dejó 3.811 muertos, más de 16.000 heridos y cerca de 18.000 personas sin hogar.
“Ese oro es de nuestro pueblo y debe estar para atender las consecuencias terribles, trágicas de este doble terremoto”, afirmó Rodríguez en una transmisión del canal estatal VTV, donde sostuvo que “Venezuela tiene recursos con qué recuperarse, con qué levantarse”.
Se trata de 31 toneladas de lingotes valoradas en unos US$1.900 millones, cuyo acceso la justicia británica le ha negado a Caracas al no reconocer a Nicolás Maduro como presidente.
Solicitud de Rodríguez al FMI
En paralelo, Rodríguez informó que conversó con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, para pedir la liberación de recursos venezolanos en ese organismo.
El país mantiene bloqueados en el FMI 3.568 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG), equivalentes a unos US$5.100 millones, congelados por el no reconocimiento del organismo a la administración de Maduro.
“Desde acá, voy a reiterar un llamado que no hemos cesado: cese a las sanciones y al bloqueo contra Venezuela. Venezuela tiene recursos bloqueados en el mundo con los cuales atender este proceso de reconstrucción y de recuperación”, señaló la mandataria.
Del lado británico no ha habido, hasta el momento, una respuesta pública a la carta. El trasfondo del litigio no es la emergencia humanitaria, sino el reconocimiento diplomático: la justicia del Reino Unido negó a Caracas el acceso a las reservas al no reconocer a Nicolás Maduro como presidente legítimo.
A ello se suma que, pese al reciente alivio de sanciones por parte de Estados Unidos, persisten restricciones que mantienen congelados o bajo control diversos fondos y bienes del Estado venezolano en el exterior.
Analistas han puesto en duda la viabilidad de compromisos anunciados por el propio Gobierno para atender a los damnificados, como la entrega de viviendas antes de fin de año, lo que alimenta el debate sobre la capacidad de gestión de la administración encargada.
