El Gobierno De La Espriella anunció la derogación de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en cinco municipios de Cundinamarca. Esta figura, creada durante el Gobierno de Gustavo Petro mediante la Ley 2294 de 2023, que dio origen al Plan Nacional de Desarrollo, tenía como objetivo proteger los suelos con aptitud agrícola frente a la expansión urbana y otros usos del territorio.
El vocero presidencial, Miller Soto, explicó que la medida cobija a los municipios de Sopó, Nemocón, Cogua, Tenjo y Tabio, ubicados en la Sabana de Bogotá, y cuestionó la forma en que se delimitaron las áreas protegidas.
Según Soto, la figura establecía una restricción nacional sobre cerca de 16.000 hectáreas y limitaba la capacidad de los municipios para modificar el uso del suelo a través de sus planes de ordenamiento territorial (POT). Sin embargo, aclaró que las APPA no impedían directamente que los campesinos continuaran cultivando sus tierras, sino que restringían principalmente los cambios en la destinación del suelo.
El funcionario también señaló que la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), entidad técnica del sector agropecuario encargada de analizar y planificar el uso del suelo rural, encontró deficiencias en la información y la evaluación utilizadas para delimitar las áreas en estos cinco municipios.
De acuerdo con el vocero, el presidente Abelardo De la Espriella había comunicado previamente a los alcaldes de las localidades involucradas su intención de retirar esta figura. Posteriormente, el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, firmó las resoluciones de derogación durante un acto en la Gobernación de Cundinamarca.
En el evento participaron el alcalde de Nemocón, Cristian Camilo Carrillo, y el secretario de Agrocampesinado del departamento, Marcos Alberto Barreto.
¿Qué pasará con estos territorios tras la eliminación?
Soto sostuvo que la decisión devuelve a los municipios la facultad de ordenar su territorio, en el marco de la autonomía municipal. No obstante, precisó que la derogación de las APPA no constituye una autorización automática para urbanizar terrenos rurales, pues continúan vigentes las normas ambientales, de gestión del riesgo y de protección del patrimonio, así como las disposiciones de los planes de ordenamiento territorial.
Finalmente, el vocero afirmó que los alcaldes y concejos municipales deberán asumir la responsabilidad de decidir sobre el uso de estas tierras, teniendo en cuenta su importancia para la producción de alimentos que abastece a Bogotá.
