El gobierno de Abelardo de la Espriella busca avanzar con una reforma para estabilizar las finanzas públicas y reducir el déficit fiscal, en un momento en que el manejo de los recursos del Estado vuelve a ocupar un lugar central en la discusión económica. La iniciativa, que se tramita en el Congreso como proyecto de Ley de Rescate Económico, incluye cambios tributarios que podrían alcanzar actividades y activos que han ganado terreno entre los colombianos.
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Uno de los puntos que abrió una discusión con el sector tecnológico y financiero está relacionado con las criptomonedas. La propuesta contempla un pago del 5 % para quienes busquen declarar activos digitales que mantienen omitidos ante las autoridades tributarias. La medida tiene como telón de fondo un mercado que registró operaciones por US$29.100 millones en Colombia durante el último año.
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La iniciativa encontró reparos de Asoblockchain Colombia, gremio que representa a actores de esta industria. Su presidente, Camilo Suárez, pidió al Congreso modificar el artículo 71 del proyecto y eliminar el cobro para quienes quieran normalizar sus tenencias, al considerar que la tarifa podría desincentivar la declaración voluntaria.
La discusión no se refiere a un impuesto general sobre todas las compras, ventas o tenencias de criptomonedas. Se trata de un mecanismo de normalización tributaria para activos omitidos, una diferencia importante para quienes utilizan monedas digitales o tienen inversiones en este tipo de instrumentos.
¿Cómo funcionaría el impuesto del 5 % a las criptomonedas propuesto por el gobierno De la Espriella?
El artículo 71 del Proyecto de Ley 477 de 2026 plantea un mecanismo para que los contribuyentes regularicen activos que no han sido reportados ante la autoridad tributaria. En el caso de las criptomonedas y otros activos digitales omitidos, el pago sería equivalente al 5 % de su valor de mercado al primero de enero de 2027.
Si el proyecto recibe aprobación y se convierte en ley, las personas interesadas tendrían plazo hasta el 30 de junio de 2027 para acogerse al mecanismo. La base del cobro es uno de los aspectos que más preocupa al gremio: el porcentaje se calcularía sobre el valor de los activos omitidos y no solamente sobre las ganancias que haya obtenido su propietario.
Esto significa que el pago podría representar una suma importante incluso para una persona que no haya vendido sus criptomonedas o que no haya obtenido rendimientos con ellas.
Los ejemplos permiten dimensionar el efecto económico de la propuesta. Una persona que declare criptomonedas omitidas por valor de $50 millones tendría que pagar $2,5 millones.
Además, el precio de estos instrumentos puede cambiar considerablemente. Por eso, una persona podría terminar pagando sobre una valoración que posteriormente disminuya debido a la volatilidad del mercado.
Es importante precisar que el proyecto no plantea que todos los colombianos que compren o tengan criptomonedas deban pagar automáticamente ese 5 %. El mecanismo está dirigido a la normalización de activos omitidos y su aplicación dependerá de las condiciones previstas en la iniciativa.
Asoblockchain pide eliminar el cobro y propone una tarifa del 0 %
Elpresidente de Asoblockchain Colombia considera que el Gobierno debería facilitar que los ciudadanos declaren sus activos digitales, en lugar de establecer un costo que pueda convertirse en una barrera para hacerlo.
“Respaldamos que los criptoactivos tengan obligaciones tributarias claras. Lo que cuestionamos es cobrar el 5 % a quienes quieren ponerse al día cuando el país todavía no ofrece un marco integral para esta actividad. Proponemos una tarifa del 0 % que facilite la declaración voluntaria”, afirmó el dirigente gremial.
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La propuesta de Asoblockchain es que el mecanismo permita normalizar las tenencias sin cobrar ese porcentaje, pero sin eliminar las obligaciones tributarias que correspondan a las ganancias que se generen posteriormente.
El gremio advierte que establecer un costo de entrada podría producir un efecto contrario al que busca la administración tributaria: que algunos propietarios prefieran mantener sus activos sin declarar: “El resultado que debemos buscar es que más personas declaren sus activos y cumplan sus obligaciones en adelante. Una barrera económica de entrada podría producir el efecto contrario al que se busca: que algunos prefieran mantenerse fuera del sistema”, señaló Suárez.
La discusión, por tanto, no se limita al monto que tendría que pagar un contribuyente. También involucra la forma en que Colombia busca incorporar al sistema tributario una actividad que ha crecido y que todavía enfrenta dudas sobre el tratamiento de algunas operaciones.
Colombia mueve US$29.100 millones en operaciones con criptomonedas
El tamaño de la actividad ayuda a entender por qué la propuesta genera interés. Según datos de Chainalysis citados por Asoblockchain, Colombia registró US$29.100 millones en operaciones con criptoactivos entre julio de 2025 y junio de 2026.
Ese volumen ubicó al país como el quinto mercado de América Latina. Durante el mismo periodo, la actividad creció 13,8 %, por encima del aumento regional de 9,8 %.
La cifra corresponde al movimiento estimado de operaciones con criptoactivos. No representa el valor de las criptomonedas que los colombianos tienen sin declarar ni permite calcular cuánto dinero podría recaudar el Gobierno con el impuesto propuesto.
Otro dato relevante es el uso de estos instrumentos más allá de la inversión. De acuerdo con Asoblockchain, el 48 % de las compras realizadas en plataformas colombianas corresponde a monedas digitales estables, conocidas como stablecoins, que generalmente están vinculadas al valor del dólar.
Estas monedas pueden utilizarse, entre otras finalidades, para pagos y transferencias internacionales. Su presencia muestra que el ecosistema cripto no está compuesto únicamente por personas que compran activos con la expectativa de venderlos a un precio mayor.
Asoblockchain también reconoce algunos avances en los artículos 86 y 87 del proyecto de Ley de Rescate Económico. Según el gremio, esas disposiciones incluyen reglas para calcular el costo de adquisición de los activos digitales, tratar las variaciones de precio y evitar que la representación digital de un bien genere ventajas o castigos tributarios.
Sin embargo, considera que todavía falta establecer un marco más completo para las empresas que participan en esta actividad. Entre los asuntos pendientes menciona las condiciones para las plataformas de intercambio, las compañías que custodian activos digitales y los emisores de bienes representados mediante tokens.
Suárez sostuvo que la regulación debe contemplar tanto las obligaciones de los contribuyentes como las condiciones para que las empresas puedan operar legalmente: “No pedimos privilegios ni un sector sin supervisión. Si el Estado establece deberes para contribuyentes y empresas, también debe fijar condiciones para operar legalmente y garantías para los usuarios. La tributación, por sí sola, no resuelve esos vacíos”, afirmó.
Para avanzar en esa dirección, el gremio propuso crear una mesa técnica con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). El objetivo sería precisar cómo deben tributar las personas que realizan operaciones con criptomonedas y resolver dudas sobre actividades que todavía no cuentan con criterios suficientemente claros.
La propuesta contempla un plazo de seis meses, contado desde una eventual promulgación de la ley, para aclarar el tratamiento de tres operaciones:
- Los intercambios entre diferentes criptomonedas.
- Las recompensas obtenidas por participar en redes digitales.
- Las operaciones de finanzas descentralizadas, conocidas como DeFi.
Mientras se establecen esas reglas, Asoblockchain solicita que no se impongan sanciones a quienes hayan actuado bajo interpretaciones razonables en actividades que todavía carecen de precisiones normativas.
La propuesta del gremio incluye otras dos solicitudes relacionadas con la seguridad jurídica y la protección de los usuarios. La primera consiste en establecer un régimen tributario estable desde el año gravable 2028 para las personas que normalicen sus tenencias. La intención es que los contribuyentes conozcan con anticipación las reglas que deberán cumplir y no enfrenten cambios constantes en el tratamiento fiscal de sus activos digitales.
La segunda es proteger la información que entreguen durante el proceso de normalización. Asoblockchain pide reservar los datos relacionados con billeteras digitales, custodios y protocolos, debido a los riesgos de seguridad que podría representar su divulgación.
En cuanto a la tokenización, proceso mediante el cual se representa digitalmente un activo o un derecho, el gremio solicita coordinación entre el Ministerio de Hacienda, la DIAN y la Superintendencia Financiera para definir las condiciones aplicables.
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“Colombia necesita un mercado transparente y competitivo, con empresas que puedan operar bajo reglas conocidas y ciudadanos protegidos. Por eso invitamos al Congreso y al Gobierno a ajustar la propuesta tributaria y avanzar hacia una regulación integral construida con la industria”, concluyó Suárez.
