Impuesto predial en Colombia podría tener nuevos alivios: estas son las alternativas

¿Le llegó más caro el recibo del impuesto predial? En Colombia, las alcaldías tienen herramientas para moderar el cobro y facilitar el pago a los propietarios.

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El impuesto predial es uno de los gastos que más presión puede generar sobre las finanzas de los hogares colombianos. Cada año, los propietarios deben cumplir con esta obligación y, cuando se realiza una actualización catastral, el aumento del avalúo de una vivienda puede traducirse en una factura más alta. Para muchas familias, esto significa reorganizar sus gastos, aplazar compras o buscar alternativas para cumplir con el pago.

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Sin embargo, los incrementos en los avalúos no significan que los municipios estén obligados a trasladar toda esa presión a los contribuyentes sin considerar otras herramientas. Las administraciones locales tienen facultades para establecer beneficios tributarios, facilitar el pago y adoptar medidas que permitan moderar el impacto del impuesto predial, siempre que respeten las condiciones establecidas por la ley.

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El tema fue abordado por el Ministerio de Hacienda en un concepto emitido el 21 de agosto de 2026, en respuesta a una consulta de la Alcaldía de Cubarral, Meta. La entidad explicó cuáles son las alternativas que pueden utilizar los municipios frente a los efectos del catastro multipropósito y qué requisitos deben cumplir para ponerlas en marcha.

La orientación resulta relevante para otras administraciones territoriales que enfrentan situaciones similares, aunque no significa que exista un descuento nacional automático para los propietarios. Se trata de un concepto general y no vinculante que explica las facultades de los municipios y las condiciones para ejercerlas.

¿Qué alivios pueden aplicar los municipios al impuesto predial?

Una de las principales aclaraciones de Hacienda es que los concejos municipales tienen facultades para aprobar beneficios tributarios, entre ellos exenciones, descuentos y otras medidas que permitan reducir la carga de los contribuyentes.

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El Ministerio explicó que esta posibilidad se desprende de los artículos 287, 300 y 313 de la Constitución, en concordancia con el artículo 338. Sobre este punto, señaló que la facultad impositiva de las entidades territoriales no se limita a establecer tributos, sino que también permite adoptar beneficios. En palabras de la entidad, esta facultad “permite la adopción de beneficios tributarios, es decir que ello es una expresión más de la facultad impositiva”.

Esto significa que los municipios pueden estudiar medidas para aliviar el pago del predial cuando las condiciones del territorio y las finanzas públicas lo permitan. Sin embargo, no todos los beneficios funcionan de la misma manera ni pueden aprobarse sin justificación.

Hacienda hizo una distinción especial frente a las amnistías y condonaciones, que pueden implicar perdonar total o parcialmente deudas tributarias. Estas medidas deben responder a circunstancias excepcionales, como crisis económicas, sociales o naturales que afecten gravemente a la población, al fisco o a determinados sectores.

Al citar los criterios de la Corte Constitucional, el Ministerio recordó que estas medidas pueden adoptarse ante “crisis económicas, sociales o naturales que afecten severamente al fisco, a toda la población o a una parte de ella, o a un sector de la producción”.

La entidad también precisó que las condonaciones deben ser razonables, proporcionadas y equitativas. En consecuencia, no basta con que una administración quiera reducir las obligaciones pendientes: debe demostrar que existe una situación excepcional que justifique la decisión y que la medida es adecuada para atenderla.

El concepto advierte, además, que las amnistías y condonaciones son medidas que, en principio, pueden entrar en tensión con el deber de tributar y los principios de equidad y justicia tributaria. Por eso, su aplicación exige una justificación especialmente rigurosa.

Requisitos para aprobar descuentos o beneficios en el impuesto predial

Los municipios también deben cumplir condiciones fiscales antes de establecer exenciones o beneficios tributarios. El Ministerio de Hacienda identificó cuatro requisitos principales:

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  • Compatibilidad con el plan de desarrollo: la medida debe guardar coherencia con los objetivos y las prioridades de la administración local.
  • Estudio del impacto fiscal: se debe calcular cuánto dejaría de recibir el municipio por la aplicación del beneficio.
  • Fuente de financiación: deben identificarse los ingresos adicionales o las fuentes alternativas para cubrir el costo fiscal de la iniciativa.
  • Duración de la exención: el plazo de aplicación no puede superar los diez años.

Estas condiciones se relacionan con el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, que exige evaluar el impacto fiscal de los proyectos que concedan beneficios tributarios y demostrar que son compatibles con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

La norma establece que “el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo”.

En términos prácticos, esto quiere decir que una alcaldía no puede aprobar un descuento del predial sin revisar cuánto dinero dejaría de ingresar a sus cuentas y cómo compensaría esa reducción. Los recursos del impuesto financian gastos e inversiones municipales, por lo que cualquier alivio debe considerar también la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Seis alternativas para moderar el cobro del predial

Además de los beneficios tributarios, Hacienda planteó herramientas administrativas que pueden ayudar a los municipios a gestionar el pago del impuesto y los efectos de las actualizaciones catastrales.

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Ajustar el calendario tributario

Una primera alternativa consiste en modificar la forma en que se establecen las fechas de pago. Si el calendario tributario está fijado en un acuerdo municipal, el Ministerio sugirió habilitar a la administración para determinarlo anualmente.

La entidad considera que esto permitiría responder a situaciones como la entrega tardía de las bases catastrales y adaptar los plazos a las necesidades de programación de caja del municipio, sin tener que acudir al concejo para cada modificación.

Permitir el pago por cuotas

Otra herramienta es desarrollar el Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (SPAC), contemplado en el artículo 6 de la Ley 1995 de 2019. Este mecanismo permite establecer condiciones para que los contribuyentes puedan distribuir el pago del impuesto predial en varias cuotas, en lugar de asumir todo el valor en un solo desembolso.

Por ejemplo, si una familia recibe una factura de predial que representa una carga importante para su presupuesto mensual, un esquema de pago por cuotas podría facilitarle el cumplimiento de la obligación. Esto no significa que el impuesto desaparezca o que necesariamente se reduzca su valor: el beneficio consiste en distribuir el desembolso en el tiempo.

Establecer plazos especiales mientras se revisa el avalúo

Hacienda también propuso que los municipios contemplen plazos especiales para quienes hayan solicitado oportunamente una revisión del avalúo catastral y estén esperando una respuesta que pueda modificar el valor utilizado para liquidar el impuesto.

Para aplicar esta alternativa, la administración debe establecer las condiciones para acceder al plazo, el momento en que puede solicitarse y el periodo disponible para pagar una vez quede en firme la decisión sobre el avalúo. La medida busca evitar que el contribuyente tenga que asumir las consecuencias de una liquidación que podría cambiar mientras se resuelve su solicitud.

Crear límites adicionales al incremento del impuesto

El Ministerio planteó que las administraciones pueden estudiar límites propios para los predios que queden por fuera de los topes establecidos en la legislación nacional, teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio. Sin embargo, hizo una precisión importante: estos límites únicamente pueden afectar el valor que debe pagar el contribuyente, sin modificar los elementos estructurales del impuesto.

Esto abre la posibilidad de que los municipios evalúen medidas adicionales para determinados inmuebles, siempre dentro de sus competencias y de las disposiciones legales.

Revisar la liquidación del impuesto

Otra recomendación consiste en coordinar con el proveedor del sistema de administración del predial para verificar que la plataforma esté correctamente configurada y aplique los límites legales correspondientes.

Este aspecto es relevante porque una parametrización incorrecta puede provocar que el sistema no refleje adecuadamente las reglas que deben proteger al contribuyente al momento de calcular el valor de su obligación.

Revisar tarifas y valores de referencia

Finalmente, los municipios pueden analizar modificaciones de las tarifas dentro de los rangos permitidos por la ley o cambiar los valores utilizados como referencia para clasificar a los contribuyentes.

Para ello, Hacienda recomendó contar con proyecciones que permitan modelar de manera seria el comportamiento de los avalúos catastrales. Además, advirtió que estos cambios deben ser aprobados por el concejo antes del primero de enero para que tengan efectos en la respectiva vigencia fiscal.

La razón es el principio de irretroactividad: las modificaciones no pueden aplicarse de manera retroactiva para cambiar las condiciones tributarias de un periodo que ya comenzó.

¿Se puede aplazar la aplicación de los nuevos avalúos catastrales?

Otra de las inquietudes que respondió el Ministerio de Hacienda fue si una alcaldía puede aplazar por su cuenta la aplicación de los nuevos avalúos derivados de una actualización catastral.

La respuesta fue que los municipios no tienen competencia para decidir autónomamente que no aplicarán una base catastral que ya entró en vigencia. Una vez el gestor catastral finaliza el proceso y establece la vigencia fiscal de los avalúos, la administración local debe utilizarlos para liquidar el impuesto predial.

El concepto explica que “las entidades territoriales están sujetas y por tanto obligadas a aplicar en la liquidación del impuesto predial unificado, el valor señalado como avalúo catastral para cada año”.

Estas disposiciones permiten que el Gobierno nacional aplace hasta por un año la vigencia de los catastros elaborados mediante procesos de formación o actualización, cuando existan condiciones económicas o sociales especiales que afecten a determinados municipios o zonas.

La decisión puede adoptarse por iniciativa del Gobierno o a partir de una solicitud fundamentada de los concejos municipales. De acuerdo con Hacienda, el aplazamiento corresponde al Gobierno nacional, a través del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

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Por esa razón, la Alcaldía no puede ordenar directamente que los nuevos avalúos dejen de aplicarse. El Ministerio fue explícito al señalar que “el municipio de Cubarral no puede, de manera autónoma, optar por el aplazamiento de la base catastral actualizada”.

Si se autoriza el aplazamiento, continúan vigentes los avalúos anteriores y se siguen aplicando los índices anuales de ajuste correspondientes, mientras termina el periodo autorizado o entra en vigencia una nueva actualización catastral.