Carros particulares tendrían vía libre para trabajar con aplicaciones: así cambiarían Uber, Didi, InDrive, Yango y otras apps en Colombia

Uber, Didi y otras aplicaciones entrarían en un nuevo escenario regulatorio en Colombia, con cambios para conductores, pasajeros y empresas.

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Pedir un carro desde el celular se convirtió en parte de la rutina de millones de personas en Colombia. Para ir al trabajo, regresar a casa, llegar a una cita o movilizarse cuando no hay transporte público disponible, aplicaciones como Uber, DiDi, inDrive y Yango son una alternativa que muchos pasajeros utilizan a diario. Al mismo tiempo, estas plataformas representan una fuente de ingresos para personas que ponen sus vehículos particulares al servicio de los usuarios.

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Sin embargo, detrás de esa facilidad para solicitar un viaje existe una discusión que lleva años sin resolverse: la falta de una regulación específica para el transporte de pasajeros en carros particulares a través de aplicaciones. Esto mantiene a los conductores expuestos a comparendos e inmovilizaciones, mientras pasajeros y plataformas operan en medio de reglas que no reconocen expresamente esta modalidad.

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Ese escenario podría cambiar si avanza una iniciativa que llegó al Congreso de la República. Se trata del proyecto ‘Por allá sí voy’, con el cual se regula el Servicio de Transporte Intermediado por Plataformas Digitales, se moderniza la prestación del servicio público individual tipo taxi y se dictan otras disposiciones.

El proyecto busca establecer reglas para que vehículos particulares puedan prestar servicios de transporte mediante aplicaciones, sin tener que cambiar sus placas o pasar de servicio particular a público. La propuesta también contempla obligaciones para las empresas tecnológicas, nuevas garantías para los conductores y pasajeros y cambios para el funcionamiento de los taxis.

¿Qué propone el proyecto para Uber, DiDi, inDrive y otras aplicaciones de transporte?

La iniciativa plantea reconocer legalmente el transporte intermediado por plataformas digitales como una modalidad en la que una aplicación conecta a conductores con personas que necesitan movilizarse. Bajo esta figura, las plataformas serían consideradas intermediarias tecnológicas y no empresas tradicionales de transporte.

Esta distinción es uno de los puntos centrales del proyecto. La propuesta busca que un vehículo particular pueda prestar el servicio a través de una aplicación sin que se le exija cambiar su modalidad de servicio o sus placas, como ocurre bajo el esquema tradicional del transporte público.

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El artículo 8 establece que podrán utilizarse vehículos particulares o de servicio público, siempre que exista la intermediación permanente de una plataforma digital. El automóvil podrá ser conducido por su propietario o por un tercero que cumpla los requisitos legales.

Pero no significa que cualquier carro pueda comenzar a recoger pasajeros sin condiciones. Los vehículos particulares tendrían que inscribirse en un nuevo registro nacional y acreditar los requisitos técnicos, operativos y de seguridad que establezca el Gobierno, incluidos los relacionados con seguros y revisión técnico-mecánica. La iniciativa también contempla que los conductores cuenten con la licencia correspondiente a la categoría del vehículo utilizado.

El nuevo registro que tendrían que cumplir conductores y plataformas

Uno de los principales cambios sería la creación del Registro Único Nacional del Servicio de Transporte Intermediado por Plataformas Digitales (RUNSTIP), que estaría incorporado al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Allí tendrían que inscribirse las plataformas, las empresas que las operan, los conductores y los vehículos vinculados al servicio. El objetivo es que las autoridades puedan identificar quién presta los viajes, qué automóviles participan y cuáles son las aplicaciones que funcionan en el país.

El proyecto establece que deberán registrarse los conductores que hayan realizado al menos diez servicios en una misma plataforma durante un año. Como requisitos mínimos, se exigirían una licencia de conducción vigente y un certificado de antecedentes judiciales.

Para las empresas operadoras, el Ministerio de Transporte tendría que resolver la inscripción dentro de los cinco días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud completa. El registro tendría una vigencia de cinco años y podría renovarse.

Un aspecto importante es que la inscripción de las plataformas no se convertiría en una autorización habilitante para operar. La iniciativa establece que el registro permitirá organizar y supervisar la actividad, mientras que los conductores y vehículos sí tendrían que cumplir las condiciones previstas para prestar el servicio.

Además, el proyecto reconoce el derecho de los conductores a conservar y certificar su historial de viajes y calificaciones. Esto permitiría que una persona trabaje en más de una aplicación sin que una empresa pueda negarse a entregarle la información sobre su trayectoria dentro de esa plataforma.

¿Qué pasaría con las multas y la inmovilización de los carros?

Este es uno de los puntos que más interesa a quienes trabajan o contemplan trabajar con aplicaciones de transporte. Actualmente, la infracción D.12 del Código Nacional de Tránsito sanciona a quien conduzca un vehículo que, sin autorización, sea destinado a un servicio diferente de aquel para el cual tiene licencia de tránsito. Esta conducta puede generar una multa de 30 salarios mínimos legales diarios vigentes y la inmovilización del vehículo durante cinco días la primera vez, 20 días la segunda y 40 días la tercera.

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La iniciativa busca modificar ese escenario mediante la creación de dos nuevas infracciones específicas. La primera sancionaría la prestación del transporte intermediado sin cumplir los requisitos de inscripción, actualización o renovación del RUNSTIP. La segunda se aplicaría cuando se suplante o altere la información de una persona inscrita en el registro.

Seguros, seguridad y nuevas obligaciones para las aplicaciones

La propuesta no se limita a permitir que los carros particulares trabajen mediante plataformas. También busca establecer garantías para quienes utilizan el servicio y para las personas que lo prestan.

El artículo 12 obligaría a las empresas operadoras a contratar, por su cuenta y costo, pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual. Estas coberturas protegerían a pasajeros y terceros frente a situaciones como muerte, lesiones, incapacidad y daños a bienes durante el servicio, desde la aceptación del viaje hasta su finalización.

Los seguros serían complementarios al SOAT, que mantendría la prioridad en la atención médica inmediata y en las prestaciones que le corresponden. En materia de seguridad, las plataformas tendrían que implementar mecanismos de identificación y verificación de conductores, pasajeros y vehículos; herramientas para hacer seguimiento a los recorridos; canales de atención y reporte de emergencias; prevención de fraudes y mecanismos de alerta frente a violencias basadas en género. También deberían ofrecer información suficiente antes de iniciar el viaje, para que el pasajero pueda identificar el vehículo y al conductor que aceptó el servicio.

Otro cambio estaría relacionado con las tarifas. El proyecto permitiría que las aplicaciones definan precios de acuerdo con variables de oferta y demanda, y que el conductor y el pasajero puedan pactar el valor mediante la plataforma. Sin embargo, el usuario tendría que conocer previamente el costo del recorrido y sus componentes. Al finalizar el servicio, recibiría un comprobante electrónico con información sobre el trayecto y el precio pagado.

¿Qué garantías tendrían los conductores de apps de transporte?

La iniciativa también busca intervenir en la relación entre las plataformas y quienes prestan los viajes. Uno de sus objetivos es que los conductores conozcan con anticipación cuánto cobra cada aplicación por intermediar el servicio y qué porcentaje del dinero recibido les corresponde. Las empresas tendrían que publicar de manera clara y permanente sus comisiones y no podrían aplicar descuentos o cobros que no hubieran informado previamente.

Apps de transporte

El proyecto también contempla garantías frente a las decisiones automatizadas. Las aplicaciones utilizan sistemas algorítmicos para asignar servicios, calcular precios, calificar a los conductores y, en algunos casos, suspender o desactivar sus cuentas.

Con la propuesta, las plataformas tendrían que explicar en lenguaje comprensible las variables generales que utilizan para asignar viajes y calcular tarifas. Además, ninguna suspensión o desactivación podría quedar en firme sin que el conductor tenga la posibilidad de solicitar una revisión humana.

En materia de protección social, cuando la relación sea independiente, las plataformas tendrían que verificar que los conductores realicen sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, informar a las autoridades cuando no estén al día y entregar la información necesaria para liquidar y pagar sus planillas.

Esto no significa que todos los conductores pasarían automáticamente a tener un contrato laboral con las aplicaciones. El articulado permite que las empresas utilicen formas contractuales legales, pero establece obligaciones de información y seguimiento a los aportes cuando la vinculación sea independiente.

Las aplicaciones también tendrían que pagar una contribución del 1,5 %

Otro componente económico de la iniciativa sería una contribución no tributaria equivalente al 1,5 % del ingreso neto que las plataformas obtengan por cada viaje. El proyecto establece que ese valor tendría que ser asumido exclusivamente por las empresas operadoras. Por tanto, no podría descontarse del porcentaje que le corresponde al conductor ni trasladarse a su remuneración.

Los recursos tendrían cinco destinos definidos: formación y programas de bilingüismo para conductores; sustitución de vehículos de tracción animal; acceso a programas de vivienda para quienes trabajan en el sector; mantenimiento y sostenibilidad de la malla vial en los municipios donde operen las aplicaciones, y un régimen especial de protección en salud para los conductores.

El Ministerio de Transporte tendría que reglamentar la metodología para recaudar, administrar y distribuir esos recursos dentro de los seis meses siguientes a la eventual promulgación de la ley. Las plataformas también quedarían obligadas a expedir factura electrónica por los servicios de intermediación y cumplir las responsabilidades tributarias que correspondan, incluidas las relacionadas con el régimen de Presencia Económica Significativa cuando resulte aplicable.

¿Qué cambiaría para los taxis?

El proyecto busca regular el transporte en vehículos particulares y, al mismo tiempo, modernizar el servicio público individual tipo taxi. La intención es que ambos modelos puedan competir en condiciones más equilibradas.

Para ello, el Ministerio de Transporte tendría seis meses desde la promulgación de la eventual ley para actualizar la reglamentación del servicio de taxi. Entre los cambios previstos está el desmonte gradual de las reglas que permiten negociar o transferir cupos, tarjetas de operación y derechos de reposición. También se contempla habilitar tarifas dinámicas para los taxis que utilicen plataformas digitales y eliminar trámites que el proyecto considera ineficientes, como determinados estudios de capacidad transportadora y de costos y precios.

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El proyecto establece varios plazos para su implementación. Si el Congreso lo aprueba y posteriormente se convierte en ley, el Ministerio de Transporte tendría hasta doce meses para reglamentar el funcionamiento del RUNSTIP y definir las condiciones técnicas y operativas correspondientes.

Además, las plataformas, los conductores y los vehículos contarían con un periodo de transición de doce meses, contado desde la expedición de esa reglamentación. Las nuevas infracciones relacionadas con el registro comenzarían a regir un año después de la promulgación de la ley, según el artículo 20.

Lea el proyecto de ley completo haciendo clic en este enlace.