Recibir una llamada de cobro por un crédito que nunca pidió, encontrar una línea celular desconocida a su nombre o descubrir una obligación que no reconoce en su historial financiero puede convertirse en un problema que afecta mucho más que el bolsillo. En estos casos, las víctimas de suplantación de identidad pueden terminar enfrentando intereses, cobros y dificultades para acceder a nuevos préstamos, incluso cuando no participaron en la contratación.
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La situación no es excepcional. Entre 2015 y septiembre de 2026, la plataforma SIC Facilita recibió 19.435 reclamaciones relacionadas con presunta suplantación de identidad, según la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Además, entre 2022 y mayo de 2026 se registraron 13.983 reclamaciones por este motivo, de las cuales 11.365, equivalentes al 81 %, correspondieron al sector de las telecomunicaciones. Estas cifras representan reclamos y no necesariamente delitos comprobados.
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Frente a este problema, desde el 19 de noviembre de 2026 entró en vigencia la Ley 2573, que establece una ruta para proteger a las personas a quienes les atribuyen créditos, servicios u otras obligaciones que aseguran no haber contratado. Uno de sus principales alcances es que la protección no depende exclusivamente de que las autoridades encuentren e identifiquen al responsable de la suplantación.
“La falla de fondo es que durante años muchas empresas validaron datos, pero no validaron personas”, advierte Santiago Montoya, CEO de AUCO. El experto señala que tener una copia de la cédula no demuestra, por sí sola, que su titular haya sido quien solicitó un producto financiero o adquirió un servicio.
¿Qué debe hacer si le cobran un crédito que nunca solicitó?
La primera recomendación es no ignorar el cobro ni asumir que debe pagar una obligación que no reconoce. El ciudadano debe comunicarse con el banco, la compañía de telefonía o el establecimiento que aparece como acreedor y manifestar formalmente que no contrató el producto.

Lo recomendable es utilizar un canal oficial, presentar la reclamación por escrito y conservar el número de radicado. En esa comunicación debe identificar la obligación, si conoce el número del crédito o de la línea, y solicitar que se suspendan los cobros por presunta suplantación de identidad.
Puede utilizar un mensaje como este: “Desconozco esta obligación porque no contraté el producto. Solicito suspender los cobros por presunta suplantación de identidad y recibir copia de los documentos usados para aprobarlo”.
Una vez la entidad recibe el aviso, debe suspender inmediatamente el cobro, incluidos los intereses y los gastos de cobranza. También debe detener la prestación del servicio que se habría contratado de manera fraudulenta y entregar, cuando el ciudadano lo solicite, los documentos utilizados para abrir la obligación.
Un punto importante es que la compañía no puede exigir primero una denuncia penal para activar la suspensión de los cobros. Es decir, la persona puede iniciar el reclamo directamente ante la empresa, sin tener que esperar a que la Fiscalía identifique al supuesto responsable.
El plazo de 20 días hábiles que no debe dejar pasar
Aunque la nueva ley establece una protección inmediata, también fija una obligación para quien reclama. Desde el momento en que la empresa recibe el aviso, la persona cuenta con 20 días hábiles para presentar la denuncia ante la Fiscalía y entregar los soportes correspondientes a la entidad que está cobrando.
Este plazo es fundamental. Si el ciudadano no cumple con esos pasos dentro del tiempo establecido, la compañía podría reanudar los cobros e incluso exigir los intereses causados durante el periodo de suspensión.
La Corte Constitucional también aclaró que la empresa debe presentar la denuncia que corresponda dentro de ese mismo periodo. Por eso, el trámite no queda exclusivamente en manos del consumidor.
Para respaldar el reclamo, es importante revisar los documentos con los que se aprobó el crédito o se contrató el servicio. El ciudadano puede verificar si la firma corresponde a la suya, si reconoce el correo electrónico y el número de celular registrados o si la fotografía utilizada coincide con su identidad.
También debe conservar facturas, mensajes, correos electrónicos, pantallazos y cualquier comunicación relacionada con la obligación. Estos elementos pueden ayudar a demostrar que no participó en la contratación.
¿Puede quedar libre de la deuda sin denunciar ante la Fiscalía?
Sí. La ley contempla una alternativa cuando la propia empresa encuentra pruebas que evidencian que hubo una suplantación de identidad. En ese escenario, debe liberar a la persona del cobro sin exigirle que presente una denuncia ante la Fiscalía.
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Montoya explica que las diferencias entre los documentos utilizados para adquirir la obligación y los que aporta el verdadero titular pueden servir como prueba para resolver el caso: “La propia ley reconoce que las discrepancias entre los documentos usados para adquirir la deuda y los que aporta el titular sirven como prueba”, señala el CEO de AUCO.

Esto significa que la revisión no debe limitarse a comprobar si existe una copia de la cédula. La entidad también debe examinar los elementos que permitan establecer si la persona realmente participó en la contratación.
¿Qué pasa si ya aparece reportado en DataCrédito o TransUnion?
La suplantación puede tener otra consecuencia: que una obligación desconocida termine registrada en el historial crediticio de la víctima. Esto puede generar dificultades cuando intente solicitar un préstamo, una tarjeta de crédito o cualquier otro producto financiero.
Si la deuda ya aparece en centrales de riesgo como DataCrédito o TransUnion, el ciudadano debe presentar la solicitud de corrección ante la empresa que reportó la obligación, adjuntando los documentos que respaldan su reclamación. No basta con pedir directamente a la central que elimine el registro.
La compañía tiene diez días hábiles para comparar los documentos y gestionar los cambios previstos por la ley cuando encuentre diferencias que respalden el reclamo.
Además, deberá incluir en el historial la anotación “Víctima de Falsedad Personal”. Esta marca no puede disminuir el puntaje crediticio ni perjudicar futuras solicitudes de financiación. Su propósito es advertir que hubo una posible suplantación y permitir que las entidades verifiquen con mayor cuidado la identidad de la persona.
La ley también establece un plazo de 15 días hábiles para responder las peticiones y reclamaciones, que puede ampliarse por ocho días adicionales en los casos permitidos. Si la entidad no responde dentro del término aplicable, la solicitud se entiende resuelta a favor del ciudadano.
¿Dónde reclamar si la empresa no corrige la deuda?
Si la compañía mantiene el cobro o el reporte sin resolver la reclamación, el ciudadano puede acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio o a la Superintendencia Financiera, dependiendo de cuál entidad tenga a su cargo la vigilancia de la empresa.
Para presentar el caso, es importante conservar los radicados, las respuestas recibidas y los documentos que permitan reconstruir el trámite. Estos soportes ayudan a demostrar que se informó oportunamente sobre la presunta suplantación y que la compañía tuvo conocimiento de la situación.
También existe un escenario que puede generar dudas: que la Fiscalía archive la investigación porque no logró identificar a la persona responsable. Esa decisión no demuestra, por sí sola, que la suplantación haya ocurrido ni que el ciudadano sea responsable de la obligación.
Sin embargo, la Corte Constitucional estableció que el pronunciamiento de archivo debe indicar si la persona afectada participó o no en la contratación investigada. Esa precisión puede resultar determinante para resolver los cobros y los reportes que continúen pendientes.
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“Mi recomendación práctica es que la víctima, al conocer el archivo, verifique que la decisión de la Fiscalía incluya ese pronunciamiento expreso y lo presente a la entidad que le está cobrando”, aconseja Montoya.



