La Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) manifestó su preocupación frente a las repercusiones económicas de un decreto distrital emitido por la Alcaldía de Buenaventura del mes pasado que fija un precio público por circulación de $4.235 por cada tonelada de carga que ingrese o salga de las terminales portuarias del municipio.
De acuerdo con las estimaciones de Analdex, la aplicación de esta medida impondrá un sobrecosto anual de entre $86.000 millones y $91.000 millones (de US$27 millones a US$28 millones) a los empresarios del país.
Aunque inicialmente el debate se concentró en el gremio de transportadores, la normativa ordena que el cobro se facture directamente al propietario de la mercancía, lo que, de acuerdo con el gremio, trasladará el sobrecosto al consumidor final y encarecerá los insumos de la industria nacional.
Analdex detalló que, en términos operativos, la tarifa equivale a un pago adicional de $127.050 por un tractocamión con 30 toneladas y de $93.170 por un contenedor de 40 pies cargado con 22 toneladas. Además, la norma contempla una indexación al IPC que elevaría el valor a cerca de $4.500 por tonelada para el año 2027.
Amenaza para la competitividad del comercio exterior
La advertencia de Analdex se fundamenta en la relevancia de Buenaventura como el principal puerto de Colombia en el Océano Pacífico.
Durante 2025, esta zona portuaria movilizó 21,4 millones de toneladas de comercio exterior (17,4 millones correspondientes a importaciones y 4 millones a exportaciones), valoradas en aproximadamente US$27.000 millones. El puerto concentra, además, el 36,8 % de las toneladas importadas a nivel nacional.
El gremio exportador advierte que sumar esta sobretasa a los costos logísticos —que ya representan entre el 17 % y el 18 %— resta competitividad a los productos colombianos, entorpece el aprovechamiento de los 17 tratados de libre comercio vigentes con 65 países e incentiva el desvío de buques y cargas hacia terminales del litoral Caribe.
Frente a esta situación, Analdex solicitó suspender la aplicación del recaudo hasta que se publique de forma íntegra el estudio técnico, financiero y de movilidad que lo respalda, y se adelante una mesa de concertación técnica con los sectores involucrados.
Rechazo del Gobierno nacional y de los gremios del transporte
La posición del sector exportador cuenta con el respaldo del Gobierno De la Espriella. A través del Ministerio de Transporte, el Ejecutivo calificó el cobro de inconveniente y solicitó a la Alcaldía de Buenaventura revisar la decisión.
El Gobierno recordó que por este nodo estratégico circula más del 44 % del comercio exterior del país y sostuvo que el territorio requiere de políticas orientadas al empleo, la inversión y el desarrollo, en lugar de imponer «más barreras».
A este rechazo institucional se unen las alertas presentadas por la Federación Colombiana de Transportadores de Carga (Colfecar), la Federación Nacional de Cafeteros y la Agremiación de Logística y Transporte (Defencarga). Esta última entidad calcula que la medida provocará una afectación cercana a los $7.000 millones mensuales para el sector logístico y de transporte que opera en el puerto.
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