Entre el 12 de agosto y el 24 de octubre más de 5,3 millones de personas deberán presentar la declaración de renta correspondiente al año gravable 2024, un 5 % más que el año anterior, según proyecciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
Recomendado: Estas son las sanciones que impone la DIAN por no hacer la declaración de renta en Colombia
El Gobierno ha señalado ye la plata que se recoge de este tributo tradicionalmente se va a para financiar la salud, la educación, los proyectos de infraestructura, algunos programas sociales y, también, parte de la deuda pública. De hecho, el impuesto de renta no tiene una destinación específica, sino hace parte de la “unidad de caja” con que se financia el presupuesto.
Según la firma de contadores Crowe Co, la falta de pedagogía sobre el uso de este dinero recaudado y el desconocimiento que persiste sobre los mecanismos que permiten hacerle seguimiento al gasto del Gobierno, continúa generando desconfianza entre las personas, una posición que, se cree, incentiva la evasión. Los datos oficiales más actualizados DIAN dan cuenta de que cada año se pierden entre $1,8 y $2,2 billones por esta práctica.
Pedro Sarmiento, socio y director de Impuestos y Servicios Legales de Crowe Co, reveló que para este año se proyecta que por concepto de este impuesto el Gobierno obtenga alrededor de $40 billones, entre el 7 % y el 9 % del total de los ingresos tributarios del país. “Aunque no es el tributo de mayor peso, sí es fundamental para el financiamiento del Presupuesto General de la Nación (PGN)”, indicó el experto.
De los $523 billones del presupuesto de 2025, el 62,7 % se destina a funcionamiento, el 12,6 % a pensiones y entre 20 % y 25 % al servicio de la deuda pública. Solo el 42 % se canaliza hacia inversión, es decir, hacia proyectos visibles como infraestructura, educación o salud, de acuerdo con Sarmiento.
Entre los sectores que recibirían más recursos este año , sobresalen educación, con $79,2 billones; salud, con $67 billones; trabajo y empleo, con $53,4 billones; defensa y seguridad, con $41,7 billones, y pago de deuda pública, con casi $100 billones.
Sarmiento advirtió que, si bien los colombianos pagan esta obligación, lo que para muchos les genera un hueco muy hondo en su bolsillo, no siempre ven reflejado ese esfuerzo en obras o programas concretos. “El problema no es el recaudo, es la ejecución y la trazabilidad del gasto”, dice.
Sin embargo, los ciudadanos tienen derecho a conocer a dónde va a parar su dinero luego de pagar esta obligación y para ello existen cinco herramientas oficiales que permiten hacer seguimiento: el Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Públicas (SUIFP), el Presupuesto Abierto del Ministerio de Hacienda, la plataforma MUISCA de la DIAN, los informes de ejecución fiscal de la Contraloría General de la República y los ejercicios de veedurías ciudadanas y audiencias públicas.
“Gracias a estas herramientas, el ciudadano puede dejar de ver la declaración de renta como una carga, a entenderla como un acto de corresponsabilidad. Pero esa conciencia solo crece si el Estado rinde cuentas con datos claros y resultados medibles”, concluye Sarmiento.
