La intención del Gobierno Petro de desindexar los precios de las Viviendas de Interés Social (VIS) del salario mínimo sigue generando preocupaciones entre expertos, esta vez sobre otros factores que no se han tenido en cuenta.
En esta ocasión fue Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen, quien por medio de su cuenta de X aseguró que el cambio propuesto parte de un “diagnóstico incompleto”.
Mejía explicó que, “aunque la indexación al salario mínimo tiene problemas, el salario mínimo es un determinante central de los costos de construcción, en particular de la mano de obra”.
En ese sentido, el CEO advirtió en sus comentarios que “desvincular el precio final de la vivienda de uno de sus principales costos introduce una distorsión en la formación de precios”.
Y es que, a pesar de las múltiples advertencias de expertos, gremios y actores del sector, el Gobierno de Gustavo Petro sigue adelante con la idea del decreto con fuerza de ley.
Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, habló en un medio de comunicación sobre el tema, afirmando que “estamos avanzando, ya está muy avanzado un decreto”.
Problemas por las diferencias regionales y acceso a vivienda
Algo que tuvo en cuenta Luis Fernando Mejía fue la fijación de topes homogéneos a nivel nacional.
En palabras del experto, lo anterior “desconoce las profundas diferencias regionales en costos de suelo, trámites e infraestructura”.
Por eso, despertó la preocupación de que, “lejos de abaratar la vivienda, esta rigidez regulatoria puede terminar limitando el acceso efectivo, reduciendo la disponibilidad de unidades y empujando a los hogares de menores ingresos hacia soluciones informales o de menor calidad”.
Por último, concluyó que, en este tipo de viviendas, como lo es la VIS, los controles de precios indirectos no eliminan los problemas de fondo, como lo quiere hacer ver el Gobierno, “tienden a traducirse en menos oferta, peor localización y mayores barreras de acceso para quienes se busca proteger”.
