El pasado 28 de septiembre la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, envío un documento el presidente de la República, Gustavo Petro, en el que se proponía la creación de una autoridad ambiental especial para la región metropolitana de la ciudad y Cundinamarca.
Este martes, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad contestó la solicitud argumentando que, aunque el Gobierno celebra la intención de la mandataria local, hay una serie de aspectos jurídicos que es necesario resolver previamente.
“La creación de la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca como entidad administrativa de asociatividad regional de régimen especial ha estado precedida de decisiones que restringieron las garantías en el derecho de la participación y, específicamente, frente a la consulta popular para el ingreso a cualquier tipo de autoridad metropolitana en Colombia”, explicó la ministra.
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En el artículo 319 de la Constitución de 1991, como señala la jefe de la cartera, se estableció que para la vinculación de municipios a entidades administrativas como las áreas metropolitanas se debía convocar y realizar una consulta popular.
No obstante, para el caso de la figura de Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca se eliminó este punto con el acto legislativo 2 de 2020, que a su vez modificó el artículo 325 de la Constitución para crear esta nueva figura sin consultar a los ciudadanos.
Y sumado a lo anterior, el mismo acto legislativo definió que la Región Metropolitana no modificaría el régimen de financiación de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), no los municipios de su jurisdicción.
La respuesta
Para incluir una autoridad ambiental, como lo expone la alcaldesa Claudia López se requiere modificar la normativa creada en 2020, lo que implicaría cambiar el acto legislativo.
“Al mismo tiempo cursa en el Concejo de Bogotá el proyecto de acuerdo 462 de 2022 con el cual se pondría en funcionamiento la figura de Región Metropolitana sin dichas modificaciones al acto legislativo”, agregó la ministra.
En consecuencia, dice en la comunicación, “para avanzar en la propuesta es necesario que el proyecto de acuerdo que cursa actualmente en el Concejo sea retirado, en tanto con las disposiciones allí establecidas no es posible el desarrollo de la consulta popular, ni el abordaje de los temas solicitados”.
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Además, la ministra trae a colación la discusión que inicia en el Congreso sobre otro proyecto de acto legislativo (211 de 2022), que busca modificar, precisamente, el artículo 235 de la Constitución para recuperar la consulta popular como mecanismo de decisión vinculante.
“Invitamos a la alcaldesa, al gobernador, a los municipios y a los ciudadanos a sentarnos a dialogar para definir el alcance de un nuevo arreglo institucional ambiental para la región, en el marco de una reforma estructural del Sistema Nacional Ambiental, desde el cual se garantice la participación ciudadana”, concluyó Muhamad.
Ante la comunicación, la alcaldesa Claudia López respondió en su cuenta de Twitter: “Agradezco la respuesta. Lamento que la misma denote a quienes siguen en lógica de fuerza personal y política de oposición y no de gobiernos aliados y del cambio, en lo local y nacional. Tenemos la oportunidad única y común del presente y el futuro, no las pequeñeces y el pasado”.
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