La discusión en torno al salario mínimo para 2026 tomó un nuevo rumbo tras el anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la intención de avanzar hacia la implementación del denominado salario mínimo vital en Colombia. Se trata de una figura que, según explicó el mandatario, busca aplicarse de manera más explícita por primera vez en el país, con el objetivo de garantizar condiciones de vida dignas para la clase trabajadora y sus familias.
Durante su intervención, Petro señaló que este concepto no es una propuesta aislada, sino que se fundamenta en los lineamientos promovidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
De acuerdo con el jefe de Estado, el salario mínimo vital pretende superar la lógica tradicional de los ajustes salariales basados únicamente en la inflación y otros indicadores económicos. “Un salario vital es aquel que permite garantizar un nivel de vida digno para los trabajadores y sus familias”, afirmó el presidente, subrayando que este enfoque apunta a una visión más integral del bienestar laboral.
La OIT, por su parte, ha reiterado que la definición de un salario con estas características debe sustentarse en criterios técnicos claros, información confiable y procesos de concertación transparentes.
¿Qué es el salario mínimo vital y a quiénes beneficia?
En uno de sus documentos de referencia, el organismo internacional sostiene que la estimación de los salarios vitales debe apoyarse en evidencia sólida, consultas con empleadores y trabajadores. Este planteamiento adquiere especial relevancia en un país como Colombia, donde existen marcadas diferencias en el costo de vida entre ciudades y regiones rurales.
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De acuerdo con la OIT, un salario mínimo vital debe ser suficiente para cubrir necesidades básicas como una alimentación adecuada, una vivienda digna, vestuario, acceso a servicios de salud y educación, transporte y un margen razonable para afrontar imprevistos y participar en la vida social. La idea central es que el ingreso laboral permita sostener condiciones mínimas de bienestar y desarrollo personal, y no se limite únicamente a garantizar la subsistencia.
Este concepto beneficiaría principalmente a los trabajadores de menores ingresos, al establecer un piso salarial que refleje de manera más realista el costo de vida. Al mismo tiempo, plantea el reto de equilibrar la protección de los derechos laborales con la viabilidad económica de las empresas, un desafío que marcará el debate del salario mínimo en los meses previos a 2026.
