Para miles de conductores que utilizan plataformas como Uber, DiDi, Cabify y otras aplicaciones para generar ingresos, un control de tránsito puede convertirse en una situación de alta tensión. El temor no se limita al comparendo: también está la posibilidad de que el vehículo sea inmovilizado y de tener que explicar ante la autoridad qué tipo de servicio está prestando.
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Ese escenario ha llevado incluso a que algunos conductores y pasajeros adopten estrategias para evitar problemas durante los controles, como decir que tienen una relación familiar o de amistad. El tema volvió al centro de la discusión luego de que el representante a la Cámara Daniel Briceño anunciara un proyecto de ley con el que busca establecer nuevas garantías para los conductores cuando las autoridades pretendan imponer el comparendo D12.
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La propuesta todavía no es una ley ni ha sido radicada formalmente. Briceño anunció que buscará llevar al ámbito nacional algunas de las reglas que ya fueron adoptadas en Bogotá para mejorar el procedimiento relacionado con esta infracción.
¿Qué es el comparendo D12?
El D12 está contemplado en el artículo 131 del Código Nacional de Tránsito y sanciona a quien conduzca un vehículo que, sin la debida autorización, sea destinado a un servicio diferente de aquel para el cual tiene licencia de tránsito. La infracción tiene una multa equivalente a 30 salarios mínimos legales diarios vigentes y contempla la inmovilización del vehículo. Para la primera infracción, la inmovilización es de cinco días; para la segunda, 20 días, y para la tercera, 40 días.
En la práctica, esta disposición ha sido utilizada en procedimientos relacionados con vehículos particulares que son detectados prestando servicios de transporte mediante plataformas digitales.
La dimensión del problema puede verse en Bogotá. Datos presentados por el Concejo de Bogotá registran 8.796 inmovilizaciones asociadas al D12, identificada allí como la infracción relacionada con trabajar para plataformas digitales sin autorización.
Esto ayuda a entender por qué el procedimiento genera preocupación entre los conductores: no se trata únicamente de una eventual multa, sino también de la posibilidad de quedarse sin vehículo durante varios días.
Los cambios que se proponen para proteger a los conductores de plataformas
Briceño plantea que los conductores deben contar con garantías claras durante el procedimiento y que las autoridades no deberían realizar determinadas actuaciones para intentar demostrar que el vehículo está siendo utilizado para prestar un servicio mediante una plataforma.
En un mensaje publicado en redes sociales, anunció: “Esta semana radicaremos un proyecto de ley para darle debido proceso a los conductores de Uber, Cabify, DIDI y otras plataformas cuando les vayan a imponer el comparendo D12”.
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La primera modificación que plantea está relacionada con el celular del conductor. El congresista propone que las autoridades de tránsito no puedan revisar el teléfono para determinar si la persona está utilizando una aplicación de transporte. En su intervención cuestionó específicamente que un agente pueda quitarle el dispositivo al conductor y revisar su contenido durante el procedimiento.
“Un agente de tránsito no tiene por qué quitarle el celular y meterse en el celular”, afirmó Briceño. Su propuesta busca establecer que la revisión del teléfono o de su contenido no pueda hacerse simplemente como parte del control de tránsito. El alcance jurídico exacto de esta medida deberá conocerse cuando el proyecto sea radicado y se publique su articulado.
El segundo punto planteado por Briceño tiene que ver con las personas que viajan como pasajeros. El representante cuestionó que durante los controles las autoridades puedan preguntarles a los ocupantes cuál es su relación con el conductor o por qué están viajando en el vehículo. Según su planteamiento, esta práctica genera temor entre quienes utilizan las plataformas.
“Tenemos a la gente asustada en todo el país”, afirmó el congresista al referirse a este tipo de procedimientos. El objetivo que plantea es que el proceso para determinar una eventual infracción tenga reglas claras y que los pasajeros no sean sometidos a interrogatorios que, según su argumento, terminan convirtiendo un viaje cotidiano en una situación de tensión.
Este punto ya tiene un antecedente en Bogotá. El Acuerdo 607 de 2024 estableció lineamientos para mejorar las prácticas en la aplicación del D12 y planteó, entre otras medidas, evitar interrogatorios indebidos a conductores o pasajeros. El Concejo de Bogotá señaló que la iniciativa no buscaba eliminar las sanciones, sino garantizar que fueran aplicadas respetando los derechos de los ciudadanos.
Precisamente ese antecedente es uno de los elementos centrales de la propuesta anunciada por Briceño. El congresista aseguró que algunas de las medidas que se implementaron en Bogotá deberían convertirse en reglas nacionales para evitar que los conductores encuentren procedimientos diferentes dependiendo de la ciudad donde estén trabajando: “Lo que vamos a lograr nosotros, nosotros lo hicimos en Bogotá con un acuerdo, pero lo vamos a llevar a nivel nacional”, sostuvo.
La idea, por tanto, no sería eliminar el comparendo D12 ni impedir que las autoridades ejerzan controles. El planteamiento apunta a modificar la forma en que se desarrolla el procedimiento, especialmente en aspectos relacionados con la revisión del teléfono, las preguntas a los pasajeros y las garantías para ejercer la defensa.
De hecho, el propio Acuerdo 607 de Bogotá establece que su propósito no es impedir las sanciones, sino promover buenas prácticas, pedagogía, coordinación entre autoridades y respeto por los derechos de los conductores y usuarios.
¿Qué derechos existen actualmente cuando se impone un comparendo?
El Código Nacional de Tránsito ya establece un procedimiento para la imposición de comparendos. Cuando se presenta una contravención, la autoridad debe ordenar la detención del vehículo y entregar al conductor la orden de comparendo, además de citarlo ante la autoridad competente. La norma también contempla que el conductor pueda nombrar un apoderado y que durante la audiencia se decreten o practiquen las pruebas que solicite.
Por eso, la propuesta de Briceño debe entenderse como un intento de precisar y ampliar las garantías aplicables a los controles relacionados con el D12, no como la creación desde cero del concepto de debido proceso. El proyecto anunciado tendrá que definir jurídicamente cómo se aplicarán esas garantías y cuáles serán las actuaciones permitidas para las autoridades.
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Briceño también planteó el debate desde la perspectiva de quienes utilizan las aplicaciones como fuente de ingresos: “La gente que trabaja en Uber, DiDi y Cabify no son delincuentes, pero son tratados como delincuentes”, afirmó el representante.
En su intervención añadió que, a su juicio, las autoridades deberían concentrar sus esfuerzos en combatir delitos y no en perseguir a personas que utilizan estas plataformas para trabajar: “Tenemos autoridades persiguiendo a gente que está trabajando y está llevando el pan de cada día a sus casas de forma honesta”, dijo.
