El inicio del cobro del impuesto al patrimonio para empresas en Colombia este mes sin que la Corte Constitucional haya emitido un fallo sobre su legalidad, motivó al Consejo Gremial Nacional a pedirle al alto tribunal que se pronuncie de fondo y evite daños que califican como «irreversibles» para la economía del país.
Este gravamen, que no surgió de un debate ordinario en el Congreso, sino que fue creado por decreto en el marco de la emergencia económica declarada para atender desastres naturales causados por inundaciones en departamentos como Córdoba, Antioquia y La Guajira, ha sido blanco de fuertes cuestionamientos.
Según Natalia Gutiérrez, presidente del Consejo Gremial, el plazo para el pago de la segunda cuota el 4 de mayo sitúa a Colombia «al borde de un frenazo empresarial». La dirigente advirtió en su cuenta de X que «¡la urgencia es real!» y que muchas compañías enfrentan una presión de liquidez insostenible.
El impuesto está dirigido a personas jurídicas con un patrimonio líquido superior a las 200.000 UVT (aproximadamente $10.475 millones). Las empresas en general deben pagar una tarifa del 0,5 %, mientras que los sectores financiero y extractivo (petróleo y carbón) enfrentan una sobretasa del 1,6 %.
Ante la inminencia de los pagos, divididos en dos cuotas (abril y mayo), el Consejo Gremial propuso formalmente suspender temporalmente los efectos del Decreto 173 mientras se toma una decisión de fondo.
«La Corte Constitucional ha defendido las instituciones y su papel ha sido clave. Hoy tiene una responsabilidad fundamental: aportar a que el daño no se vuelva irreversible. Colombia no puede normalizar la excepción ni poner en riesgo su aparato productivo», dijo Gutiérrez, quien advirtió que de no haber un fallo pronto, lo recaudado difícilmente será devuelto, siguiendo precedentes de la Corte en casos previos.
Críticas a la decisión del Gobierno
Gremios y analistas han criticado que el Gobierno recurra a decretos de excepción para imponer cargas fiscales, vulnerando los principios de legalidad y equidad. Además, han señalado que el impuesto genera una tributación múltiple sobre la misma riqueza y eleva la tasa efectiva de tributación empresarial de un 29,8 % a un 35,5 %, lo que frena la inversión extranjera.
Incluso entidades sin ánimo de lucro, como las universidades, se ven afectadas al gravarse los activos necesarios para su labor social, lo que para abogados tributaristas viola el principio de progresividad.
Al respecto, Gutiérrez criticó duramente la naturaleza del impuesto, explicando que este «grava el patrimonio y no las utilidades de las empresas, lo que las obliga a endeudarse, recortar inversión o comprometer su operación».
Incluso denunció que el Ejecutivo decreta emergencias sin sustento suficiente: “se anuncian como mecanismo de presión y se utilizan para imponer decisiones de alto impacto económico y social», dijo.
Para la líder gremial, el gravamen desconoce la capacidad real de pago de las organizaciones. «Grava el capital productivo de las empresas. Esto significa pagar por lo que se tiene y no por lo que se gana, desconociendo la capacidad real de pago», afirmó.
Así mismo, subrayó que las consecuencias son tangibles: «Cuando se castiga el patrimonio, se frena la inversión, se aplaza el crecimiento y se pone en riesgo el empleo. Esto no es ideología: es una realidad económica».
Gutiérrez también vinculó la situación con el panorama macroeconómico, mencionando la rebaja en la calificación crediticia por parte de Standard & Poors y un déficit fiscal que llegó al 6,4 % del PIB en 2025.
Argumentó que el problema no es la falta de ingresos, sino el exceso de gasto, citando la creación de 40.533 nuevos cargos públicos mientras los ingresos permanecieron estancados. «El déficit fiscal no se corrige con atajos sobre el sector productivo, sino con disciplina», sentenció.
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