El Consejo Privado de Competitividad de Colombia (CPC) entregó los resultados para el informe del 2020-2021. Rosario Córdoba, presidenta del Consejo, dio a conocer los resultados de este análisis, particular por la necesidad de encontrar iniciativas que impulsen la reactivación por cuenta del coronavirus.
Según el informe, hay una serie de necesidades que el país debe atacar de manera urgente. Las reformas fiscal, laboral y pensional, de acuerdo con el CPC, serán fundamentales para mejorar las condiciones económicas del país. El Consejo se animó a entregar propuestas de cambios a las reformas que deberá tener el país en los próximos dos años.
Sobre los resultados, Córdoba aseguró que “el informe demuestra que la pandemia puso de manifiesto necesidades y la urgencia de Colombia por mejorar en temas sustanciales que ayudarán a dar el salto a políticas públicas robustas para la postpandemia”.
Son ocho los pilares que ve el Consejo Privado de Competitividad como urgentes para Colombia.
El primero tiene que ver con la estabilidad fiscal, que garantice el equilibrio macroeconómico. “Se necesita que los ciudadanos tengan los recursos necesarios para proveer bienes y servicios públicos”.
Pide el CPC que se reforme el estatuto tributario para cumplir con los principios constitucionales del sistema, aumentar el recaudo y encontrar un ajuste fiscal. Allí será importante que la tasa de tributación entre empresas y personas se equilibre.
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El segundo aspecto tiene que ver con la necesidad de crear puestos formales de trabajo, para lo cual es vital actualizar la legislación laboral: reducir costros laborales no salariales, permitir la contribución a la seguridad social por horas y reformar el régimen de cesantías “para que sirva de base para un seguro de desempleo” deberían hacer parte de esa reforma laboral, dice el CPC.
Adicionalmente, se hace un llamado para seguir protegiendo a la vejez asegurando los ingresos a esa población. “De nuevo es necesario reformar el sistema pensional para avanzar en cobertura, equidad, sostenibilidad fiscal y financiera”.
El cuarto punto que es vital para el CPC tiene que ver con el aumento la productividad laboral. Hay que fortalecer las bases educativas para formar trabajadores que se acomoden a las exigencias del nuevo mercado laboral: temas concernientes a la Cuarta Revolución Industrial.
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“Avanzar en lo que podemos y debemos hacer para aumentar la competitividad requiere de esfuerzo colectivo. Esto implica tomar decisiones y actuar en beneficio de todos por encima de intereses particulares: acompañar la adecuada respuesta a la crisis con la necesaria ejecución de reformas estructurales pendientes”, complementó Córdoba.
Así mismo, se necesitan más políticas públicas que motiven la sostenibilidad en Colombia. Será fundamental la transición a una economía baja en carbono del aparato productivo, dice el CPC. “Habrá entonces que reformar y fortalecer la institucionalidad ambiental y valorizar el capital natural”.
El sexto punto tiene que ver con mejorar la eficiencia de las instituciones públicas. De aquí que el llamado sea para acelerar la transformación digital del Estado.
“Conectividad e infraestructura con cobertura nacional, para conectar personas, mercados y regiones, y tener acceso a información y conocimiento: asegurar conectividad general de la población, extender servicios digitales a zonas rurales y de difícil acceso”, es el séptimo punto que pide el CPC tratar en la fase de reactivación.
Y finalmente, será vital liderar planes en la inserción del país a las cadenas globales de valor, lo anterior para sofisticar el aparato productivo y de esta manera favorecer a los consumidores.
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“Hay que revisar la protección comercial arancelaria y no arancelaria, y modernizar la política pública de libre competencia en institucionalidad, régimen sancionatorio y regulación pro competencia”, pide el CPC.
Finalmente, explicó Córdoba que hay una serie de medidas que se pueden tomar en el camino por mejorar la competitividad del país. La más relevante tiene que ver con la posibilidad de Colombia de hacer que el gasto público sea más progresivo y mejor focalizado.
“La fragmentación del gasto, la ausencia de evaluaciones de impacto y la falta de un registro único de beneficiarios contribuyen a la ineficiencia en la asignación de subsidios”, explica el CPC.
Explicó Córdoba que los subsidios destinados a la población de mayor ingreso (correspondiente a los quintiles cuatro y cinco de la distribución) son altos. “Esos subsidios son mayormente destinados a temas pensionales”.
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