América Latina está viviendo una transformación profunda en su economía criminal. Lo que durante décadas fue un modelo concentrado en la producción y tráfico de cocaína hoy se ha transformado en una estructura criminal mucho más diversificada, con múltiples líneas de negocio, alcance transnacional y una alta capacidad de adaptación.
Un reciente informe del International Institute for Strategic Studies (IISS), uno de los centros de pensamiento más influyentes del mundo en materia de seguridad y geopolítica, advierte que el crimen organizado en la región está abandonando la lógica del “monoproducto” para operar bajo esquemas más sofisticados, con alianzas internacionales, nuevas fuentes de ingreso y una creciente incidencia sobre economías y Estados .
El giro no es menor. El nuevo mapa criminal ya no se mide solo en términos de violencia, sino en su impacto sobre la inversión, la competitividad, las finanzas públicas y la estabilidad institucional.
De la cocaína a un negocio criminal diversificado
El narcotráfico sigue siendo el principal motor financiero de muchas organizaciones criminales, pero ya no es el único ni necesariamente el más importante. En 2023, la producción mundial de cocaína alcanzó un récord histórico, con más de 3.700 toneladas, impulsada por el aumento de la demanda en Europa y Oceanía.
Estados Unidos, durante décadas el principal mercado, muestra una tendencia distinta: menor consumo de cocaína y un crecimiento acelerado de drogas sintéticas como el fentanilo y la metanfetamina. Este cambio ha alterado de forma estructural la economía del crimen.
Las drogas sintéticas ofrecen ventajas claras: costos de producción mínimos, menor dependencia del control territorial y márgenes significativamente más altos. El informe del IISS señala que una pastilla de fentanilo puede venderse por entre US$10 y US$30, cuando su costo de producción es de US$0,10. Además, los flujos financieros asociados a estas sustancias son más difíciles de rastrear, apoyados en bancos por fuera del sistema regulado, empresas fachada y redes transnacionales de lavado.
Para las organizaciones criminales, el atractivo de este modelo está en una mayor rentabilidad, menor exposición y más flexibilidad operativa.
Migración, extorsión y oro
La diversificación va mucho más allá de las drogas. El informe identifica un crecimiento sostenido de otros mercados ilícitos que dependen del control territorial y de poblaciones vulnerables: extorsión, tráfico de personas, contrabando y minería ilegal.
El fenómeno migratorio es uno de los ejemplos más visibles. En 2023, más de 520.000 personas cruzaron de manera irregular el Tapón del Darién, convirtiendo esta zona en un negocio altamente rentable para grupos armados que controlan rutas, imponen tarifas y explotan a los migrantes.
Aunque los flujos se redujeron de forma drástica en 2024 y 2025 tras cambios en la política migratoria de Estados Unidos y Panamá, el informe advierte que las organizaciones criminales se ajustan con rapidez, abriendo nuevas rutas y reformulando sus esquemas de cobro.
Otro foco crítico es la minería ilegal de oro, especialmente en países andinos y amazónicos. En Ecuador, esta actividad se ha extendido a casi todo el territorio en los últimos años, impulsada por dinero proveniente del narcotráfico. El oro ilegal no solo genera ingresos elevados, sino que se ha convertido en una herramienta central para el lavado de activos y la conexión con mercados en Medio Oriente y Asia.
Redes globales con lógica empresarial
Uno de los cambios más relevantes que documenta el IISS es la estructura del crimen organizado. Las grandes organizaciones ya no operan como estructuras rígidas y jerárquicas, sino como redes transnacionales flexibles, capaces de asociarse con actores locales, mafias extranjeras y funcionarios corruptos.
Estas redes funcionan como cadenas de suministro globales: cocaína hacia Europa, fentanilo hacia Estados Unidos, oro ilegal hacia mercados internacionales y personas a través de corredores migratorios cada vez más complejos.
El resultado es un ecosistema criminal altamente adaptable, que mueve recursos comparables con los de grandes economías formales. Según IISS, los mercados ilícitos globales podrían generar entre US$3 y US$5 billones anuales.
Esta transformación del crimen organizado se está convirtiendo en un factor estructural que distorsiona mercados, eleva costos de operación, reduce la competencia y debilita las instituciones.
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Sectores como minería, transporte, comercio, infraestructura y servicios locales operan cada vez más bajo presión de esquemas de extorsión y control territorial. A esto se suma la entrada de dinero ilegal en la economía formal, que compiten en condiciones desiguales y erosionan la confianza de inversionistas.
El problema para los Estados es el ritmo. Mientras las organizaciones criminales ajustan sus modelos de negocio con rapidez, diversifican ingresos y tejen alianzas transnacionales, las respuestas públicas siguen siendo fragmentadas y reactivas. En ese contexto, la expansión de esta nueva economía criminal dejó de ser un asunto exclusivamente de seguridad y pasó a convertirse en un factor que incide sobre el riesgo país, la inversión y la estabilidad económica de largo plazo.
