La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) enfrenta una de sus mayores crisis institucionales recientes por investigaciones sobre presunto desvío de recursos internacionales.
Según reveló el diario La Nación y confirmaron avances judiciales en Argentina, la empresa TourProdEnter LLC habría recibido cerca de US$260 millones procedentes de contratos de patrocinio, derechos de televisión y organización de partidos amistosos de la selección campeona del mundo. De ese monto, al menos US$42 millones habrían terminado en cuatro sociedades establecidas en Miami sin registros de actividad comprobada.
La justicia argentina ordenó levantar el secreto fiscal y bursátil del presidente de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, y avanzó en procedimientos sobre empresarios vinculados a la operación, entre ellos Javier Faroni. Agentes de la Policía Federal realizaron allanamientos en las dos sedes principales de la AFA, ubicadas en Buenos Aires y Ezeiza, mientras el juez federal Luis Armella y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos investigan posibles maniobras financieras irregulares.
Los documentos divulgados señalan además gastos por hasta US$16 millones asociados a uso de aviones privados, yates, alquiler de mansiones y otros consumos catalogados como suntuarios. La empresa TourProdEnter fue creada en 2021 en Florida y está asociada a la intermediación de ingresos internacionales del fútbol argentino. Las autoridades buscan determinar si esas operaciones corresponden a gastos justificados o constituyen desvío de recursos.
AFA responde a las acusaciones y sostiene que no hay irregularidades detectadas
La AFA emitió un comunicado en el que rechazó las acusaciones y afirmó que existe una campaña de difamación contra la institución, su presidente Claudio Tapia y el tesorero Pablo Toviggino.
La entidad aseguró que la relación contractual con TourProdEnter LLC ha sido revisada por tribunales en Argentina y Estados Unidos sin hallazgos de irregularidades. También señaló que detrás de las denuncias habría intereses empresariales y disputas políticas vinculadas a la discusión sobre posibles sociedades anónimas deportivas en Argentina.
Mientras tanto, la justicia también mantiene abiertas otras investigaciones. Toviggino es objeto de pesquisas por presunta retención indebida de aportes y presuntas operaciones con una financiera investigada. Además, la justicia avanza en la investigación sobre la propiedad de una mansión en Pilar, que podría involucrar presunto uso de testaferros, según el fiscal Claudio Navas Rial.
¿Cuál es el impacto institucional y deportivo?
El escándalo surge en un momento en que la Selección Argentina atraviesa una etapa de alto reconocimiento internacional tras la conquista del Mundial de Qatar 2022 y títulos continentales. Sin embargo, la situación judicial afecta la imagen de la dirigencia y genera un impacto relevante en un sector que moviliza cientos de millones de dólares al año.
En términos regionales, el caso recuerda investigaciones previas de corrupción en el fútbol sudamericano, como las que alcanzaron a Conmebol y derivaron en cambios administrativos y procesos judiciales en varios países.
La curiosidad que rodea el caso es que se trata de una estructura creada luego del título mundial, cuando los ingresos internacionales del equipo alcanzaron máximos históricos, lo que incrementa la relevancia económica y judicial del proceso.
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Por ahora, la justicia continúa recopilando información y tomando declaraciones para establecer si existió lavado de dinero o uso irregular de fondos, mientras la AFA sostiene su defensa institucional y reafirma la vigencia de sus contratos.
