Expertos y académicos se reunieron en un seminario técnico para advertir que las decisiones políticas recientes, sumadas a fallas estructurales, han llevado a Colombia a una situación fiscal crítica, sin precedentes que requiere medidas urgentes para evitar un colapso.
Mientras el Gobierno actual enfrenta críticas por la sobreestimación sistemática de ingresos y el desborde del gasto, el consenso técnico señala que el país se encamina hacia su nivel de deuda más alto en la historia para 2026.
El fin de la contabilidad creativa
El primer paso para corregir el rumbo, según el exministro Mauricio Cárdenas, es decirnos la verdad y sincerar las cifras públicas que hoy ocultan la magnitud real del déficit.
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) denunció una sobreestimación de ingresos tributarios del 4,1 % del PIB en 2024, lo que ha llevado a comprometer gastos sin tener los recursos para financiarlos.
Juan Carlos Ramírez, presidente del organismo, subrayó que existen deudas no explícitas que deben incluirse en el balance para reflejar la sostenibilidad real, tales como los traslados pensionales, los Títulos de Devolución de Impuestos (TIDIS) y las vigencias futuras.
Por su parte, Ana Fernanda Maiguashca, presidenta del Consejo Privado de Competitividad, urgió a un sinceramiento inmediato de las deudas en los sectores de salud y energía para evitar riesgos de apagones o crisis de caja inminentes.
En la misma línea, Mauricio Salazar, del Observatorio Fiscal de la Javeriana, criticó el descalce entre los pronósticos de recaudo y la realidad, señalando que la falta de datos abiertos en salud y tributación impide un estudio serio de la crisis.
Reestructuración del Estado y eficiencia del gasto
La inercia del gasto es el principal combustible de la crisis. Juan Sebastián Betancourt, exdirector técnico del CARF, alertó que actualmente uno de cada 3 pesos recaudados por impuestos se destina al pago de la deuda, una carga que amenaza con asfixiar la inversión social.
Ante esto, Cárdenas propuso un plan de choque para reducir la burocracia mediante el recorte de 45.000 cargos públicos y la eliminación del Ministerio de la Igualdad. También sugirió reducir en un 30 % los contratos de prestación de servicios y depurar el presupuesto de inversión para eliminar gastos de funcionamiento encubiertos.
Por su parte, Jorge Iván González, exdirector del DNP, centró su crítica en la nula eficiencia del gasto. Señaló como absurda la desconexión entre el plan de desarrollo nacional y los locales, y denunció el desperdicio de $45 billones en regalías repartidos en proyectos de poco impacto, en lugar de financiar grandes obras transformadoras.
José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda, coincidió en que el ajuste debe priorizar el gasto de funcionamiento, el cual es hoy cuatro puntos del PIB superior al promedio de la década pasada.
Hacia un nuevo pacto fiscal y la generación de más ingresos
La relación del Gobierno con el Congreso es vista por los expertos como un obstáculo para la estabilidad. Por ello, Astrid Martínez, miembro del CARF y expresidente del organismo, lamentó la falta de un diálogo constructivo con el Legislativo y la tendencia a judicializar decisiones de Hacienda, instando a que las comisiones económicas asuman un papel de interlocutor serio.
Al respecto, Fernando Jaramillo, profesor de economía de la Universidad de los Andes, recalcó que la sostenibilidad depende de un pacto social que sea aceptado por todos los actores políticos, no solo por la mayoría de turno.
En el ámbito regional, González propuso impulsar el catastro multipropósito para optimizar el recaudo del impuesto predial en las ciudades, donde reside la mayor potencialidad fiscal del país.
Además, criticó que apartamentos costosos en Bogotá paguen prediales que considera ridículos comparados con estándares internacionales y abogó por cobrar valorizaciones y derechos de edificabilidad.
En adición, para frenar la tendencia del gasto inflexible, que hoy representa el 90 % del total debido a mandatos legales y constitucionales, los expertos proponen una reforma estructural a los ingresos.
Marcela Meléndez, directora de Fedesarrollo, calificó de aterrador que el gasto tributario, es decir, las exenciones, ascienda al 9 % del PIB, equivalente a la mitad del recaudo de la nación. Por ello, propuso eliminar beneficios del IVA y de renta a personas de altos ingresos, compensando a los hogares vulnerables mediante mecanismos creativos de transferencia.
Para Ocampo, al menos 1,5 o 2 puntos del PIB del ajuste requerido deben provenir de ingresos tributarios adicionales, centrándose en recortar beneficios empresariales y revisar tarifas marginales.
No obstante, Clemente Forero, presidente de la Academia de Ciencias Económicas, recordó que no es lo mismo endeudarse para consumir que para invertir, y que cualquier ajuste debe enfocarse en aumentar la capacidad productiva del país.
Desde una perspectiva alternativa, Cristian Camilo Frasser, profesor de economía de la Universidad del Valle, advirtió que un ajuste de tal magnitud podría causar un gran sufrimiento social y sugirió considerar medidas heterodoxas como una inflación moderada o impuestos a la riqueza.
Por último, Cristian Cruz, director general de Política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda, identificó que desde 2015 el país sufre un ratio de rigidez donde los gastos tendenciales superan a los ingresos, un problema que solo se resolverá con un ajuste profundo del gasto estructural.
En conclusión, el país requiere un ajuste de 5 puntos del PIB para estabilizar su deuda hacia 2030. La advertencia de los analistas es clara: si el Gobierno no asume un plan de ajuste creíble y procrecimiento ahora, el mercado terminará imponiéndolo de forma traumática.
