Gobierno Petro expidió decreto para contratación de proyectos de energía: se harán subastas para fuentes renovables

El Ministerio de Minas y Energía destacó que la norma permitirá planificar la oferta energética y reducir riesgos de desabastecimiento en el futuro.

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El Gobierno de Gustavo Petro expidió el Decreto 1091 de 2025, que establece nuevos lineamientos para la contratación a largo plazo en proyectos de generación, almacenamiento, transmisión y distribución de energía eléctrica.

La medida, según manifestó el Ministerio de Minas y Energía, busca fortalecer la seguridad energética del país, diversificar la matriz de generación y promover la participación de fuentes limpias.

El decreto permitirá planificar con mayor precisión la oferta energética nacional, reducir los riesgos de desabastecimiento y avanzar en la transición hacia un sistema eléctrico más sostenible, dice un comunicado.

Además, de acuerdo con la cartera, en las próximas semanas se convocarán subastas de energía a largo plazo con el propósito de atraer nuevos proyectos solares, eólicos, geotérmicos e hidroeléctricos.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, afirmó que el decreto representa “un paso fundamental hacia una política energética de largo aliento que prioriza la estabilidad, la sostenibilidad y la seguridad del servicio eléctrico”.

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Ministerio de Minas anticipó nuevas subastas para energías renovables. Imagen: Cortesía Grupo Aval.
Ministerio de Minas anticipó nuevas subastas para energías renovables. Imagen: Cortesía Grupo Aval.

Subastas e impulso a energías limpias

Palma explicó que el objetivo es consolidar un sistema energético “moderno, resiliente y confiable”, que permita llevar energía a más regiones del país.

El decreto también contempla la expansión de redes eléctricas y el desarrollo de proyectos de almacenamiento energético, con el fin de reforzar la seguridad del sistema y mejorar la gestión de los recursos naturales frente a la variabilidad climática.

Según la entidad, la medida envía una señal de estabilidad a los inversionistas y comunidades del sector energético, en línea con la política gubernamental de avanzar hacia una transición energética justa y sostenible.