El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, presentó una acción de tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá con el objetivo de dejar sin efecto la medida de prisión domiciliaria ordenada en su contra el pasado 1 de agosto.
La solicitud, interpuesta por su defensa, alega violación de derechos fundamentales como el debido proceso, la presunción de inocencia, la libertad personal y la dignidad humana.
Este nuevo recurso legal se da en el marco del histórico fallo que lo condenó a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, convirtiéndose así en el primer expresidente de la República en ser sentenciado por la justicia ordinaria.
Condena por manipulación de testigos
El 1 de agosto de 2025, la jueza 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, dictó sentencia condenatoria contra el exmandatario por su participación en una red para manipular testigos en su favor durante procesos judiciales que lo vinculaban con grupos paramilitares.
De acuerdo con la jueza, Uribe habría coordinado —junto con su abogado, Diego Cadena— contactos con exparamilitares presos para que declararan falsamente a su favor y en contra del senador Iván Cepeda, quien lo había señalado de tener vínculos con el paramilitarismo.
Según el fallo, se comprobó que entre 2017 y 2018 hubo un plan estructurado para inducir testimonios falsos a cambio de beneficios jurídicos, lo que constituye un grave atentado contra la administración de justicia. Como consecuencia, Uribe fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria, el pago de una multa millonaria y la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 100 meses.
Tutela para frenar la prisión domiciliaria
La defensa del expresidente presentó la tutela argumentando que la jueza habría vulnerado sus derechos fundamentales al ordenar su privación de libertad cuando la condena aún no está en firme. El equipo jurídico sostiene que Uribe se ha presentado siempre al proceso y que no representa riesgo de fuga, por lo que consideran desproporcionada la decisin de enviarlo a prisión domiciliaria de manera anticipada.
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“La medida desconoce la presunción de inocencia, pues aún no hay una sentencia ejecutoriada”, explicó uno de sus abogados. Según el recurso, mantener a Uribe privado de la libertad mientras se surten las apelaciones “configura una detención arbitraria que viola principios constitucionales”.
El Tribunal Superior de Bogotá será el encargado de decidir si admite o no la tutela. De hacerlo, podría suspender temporalmente la ejecución de la sentencia mientras estudia el fondo del caso.
¿Ya se ejecutó la orden de detención?
A pesar de la condena, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) no ha recibido la orden formal para hacer efectiva la medida de detención domiciliaria. Según fuentes oficiales, esto se debe a que aún están en curso trámites administrativos posteriores al fallo, incluyendo la notificación a todas las partes y la revisión de requisitos de procedimiento.
La interposición de la tutela también ha generado incertidumbre jurídica, ya que podría frenar temporalmente la orden de captura o su ejecución domiciliaria mientras se resuelve el recurso constitucional.
¿Qué sigue en el proceso?
La defensa de Uribe ya anunció que apelará la sentencia condenatoria, por lo que el caso pasará a estudio del Tribunal Superior de Bogotá, que revisará tanto la condena como la solicitud de revocar la prisión domiciliaria. En caso de que ese tribunal confirme el fallo, la defensa podría llevar el proceso a casación ante la Corte Suprema de Justicia, y eventualmente acudir a instancias internacionales.
Mientras tanto, la tutela podría convertirse en una herramienta clave para evitar que Uribe pierda su libertad de inmediato. El Tribunal deberá resolver en los próximos días si admite la tutela, si concede medidas provisionales o si la rechaza por improcedente.
