La reforma pensional vuelve este lunes a la agenda de la Corte Constitucional. Antes de entrar a discutir el futuro de la norma, los magistrados deberán resolver un punto básico: quiénes están habilitados para votar. Ese será el primer filtro para destrabar un proceso que lleva meses detenido.
La Sala Plena revisará las recusaciones contra los magistrados Héctor Carvajal y Jorge Enrique Ibáñez. Ambos tienen impedimentos en su contra que podrían dejarlos por fuera de la decisión final.
Por el lado de Carvajal, los argumentos se basan en que fue abogado de confianza y amigo personal del presidente Gustavo Petro. También se le cuestiona haber sido asesor jurídico de Colpensiones, lo que podría comprometer su imparcialidad en este debate. Para aclarar la situación, se pidió a Colpensiones enviar los contratos y conceptos que Carvajal haya emitido sobre el sistema pensional.
El caso de Ibáñez también será evaluado, ya que es quien propone hundir la reforma y estaría recusado bajo el argumento de que no ofrecería garantías de imparcialidad para decidir sobre la ley.
Una vez la Corte decida quiénes pueden participar, podrá entrar a revisar la ponencia. Aunque es el primer punto del orden del día, no hay garantías de que el tribunal tome una decisión definitiva hoy. Lo que sí está claro es que este lunes podrían eliminarse varias de las trabas que han frenado el proceso.
¿Qué es lo que está en juego?
A pesar de que la reforma pensional ya fue aprobada por el Congreso, varias personas y organizaciones la demandaron ante la Corte. Eso obliga al tribunal a revisar si la ley cumplió con las reglas de aprobación y si su contenido no viola la Constitución. En Colombia, que una ley esté aprobada no significa que entre en vigor de inmediato: si es demandada, primero debe pasar por este control.
Las demandas se enfocan en dos puntos:
- El procedimiento en el Congreso.
Se cuestiona si los debates y votaciones se hicieron como exige la ley: tiempos respetados, artículos bien votados y sin cambios de última hora que los congresistas no alcanzaran a estudiar. - El contenido de la reforma.
El debate es si la norma afecta derechos fundamentales, como la libertad para escoger fondo de pensión, o si toca recursos protegidos por la Constitución.
La Corte tiene tres caminos: dejar la ley como está, tumbar solo algunos artículos o echar abajo toda la reforma si encuentra fallas graves.
Mientras la Corte no decida, la reforma no puede aplicarse. Eso significa que no cambian las reglas actuales para pensionarse, no arranca el nuevo sistema de pilares, no hay traslados automáticos a Colpensiones y no empiezan los beneficios para quienes no alcanzan pensión.
En resumen: la reforma está aprobada pero congelada. El país espera el fallo que definirá si el proyecto sigue adelante, se modifica o debe volver al Congreso.
