La reforma pensional volvió este lunes a la agenda de la Corte Constitucional con dos movimientos determinantes: la salida del magistrado Héctor Carvajal del debate y una primera votación que dejó ver un pulso estrecho dentro de la Sala Plena.
El alto tribunal decidió apartar a Carvajal al concluir que sí estaba impedido para participar, pues antes de llegar a la Corte emitió conceptos jurídicos para Colpensiones. El magistrado era considerado un voto clave para el futuro de la reforma, tanto por su cercanía con el presidente Gustavo Petro —fue su abogado de confianza y amigo personal— como por su trabajo previo como asesor jurídico de la administradora pública. Esa doble condición, alegaron los recusantes, podía comprometer su imparcialidad. Para verificar el alcance de su participación, la Corte solicitó a Colpensiones los contratos y conceptos suscritos por Carvajal relacionados con el sistema pensional.
Superado este punto, el debate continuará con la participación de un conjuez, necesario tras el empate en la primera votación. Según informó W Radio, el seleccionado sería Carlos Pablo Márquez, abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, con maestrías en Economía (Javeriana) y Derecho (Harvard Law School), además de un doctorado en Derecho de la Universidad de Oxford. Márquez también fue superintendente delegado para la Protección de la Competencia en la SIC y comisionado de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).
Ahora, la Corte deberá notificar el resultado del sorteo al conjuez Márquez Escobar, quien deberá informar si acepta la asignación del caso para comenzar su estudio.
¿Qué es lo que está en juego?
A pesar de que la reforma pensional ya fue aprobada por el Congreso, varias personas y organizaciones la demandaron ante la Corte. Eso obliga al tribunal a revisar si la ley cumplió con las reglas de aprobación y si su contenido no viola la Constitución. En Colombia, que una ley esté aprobada no significa que entre en vigor de inmediato: si es demandada, primero debe pasar por este control.
Las demandas se enfocan en dos puntos:
- El procedimiento en el Congreso.
Se cuestiona si los debates y votaciones se hicieron como exige la ley: tiempos respetados, artículos bien votados y sin cambios de última hora que los congresistas no alcanzaran a estudiar. - El contenido de la reforma.
El debate es si la norma afecta derechos fundamentales, como la libertad para escoger fondo de pensión, o si toca recursos protegidos por la Constitución.
La Corte tiene tres caminos: dejar la ley como está, tumbar solo algunos artículos o echar abajo toda la reforma si encuentra fallas graves.
Mientras la Corte no decida, la reforma no puede aplicarse. Eso significa que no cambian las reglas actuales para pensionarse, no arranca el nuevo sistema de pilares, no hay traslados automáticos a Colpensiones y no empiezan los beneficios para quienes no alcanzan pensión.
En resumen: la reforma está aprobada pero congelada. El país espera el fallo que definirá si el proyecto sigue adelante, se modifica o debe volver al Congreso.
