La petrolera más grande de Colombia, Ecopetrol, atraviesa un complejo episodio corporativo y legal que podría tener repercusiones internacionales: un memorando confidencial de la firma de abogados estadounidense Covington & Burling, revelado por Caracol Radio, advierte que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) podría investigar a la empresa por un presunto conflicto de interés que involucra a su presidente, Ricardo Roa Barragán.
El documento, fechado en octubre de 2024 y titulado “Evaluación sobre el posible interés de la SEC en las acusaciones de conflicto de interés”, analiza con detalle la compra, en diciembre de 2022, del apartamento 901 en Bogotá por parte de Roa a una empresa presuntamente vinculada al empresario del sector hidrocarburos Serafino Iacono.
La transacción bajo sospecha que involucra a Ecopetrol
Según la investigación periodística de Daniel Coronell, la operación se realizó a un precio presuntamente inferior al valor real del inmueble. La escritura pública indica que Roa pagó $1.800 millones, mientras que un año antes, un apartamento con menos de la mitad de su tamaño en el mismo edificio se vendió por $1.200 millones.
El vínculo entre ambas partes no se limita a esa compraventa. Meses después, en abril de 2023, Roa fue designado presidente de Ecopetrol. Y en marzo de 2024, NG Energy -una empresa ligada a Iacono- obtuvo los derechos de exploración del bloque Sinú 9, uno de los activos estratégicos del sector hidrocarburos en Colombia.
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Las advertencias de Covington & Burling sobre Ecopetrol
El memorando de seis páginas sostiene que, hasta la fecha de su redacción, la Junta Directiva de Ecopetrol “no ha llevado a cabo una evaluación independiente para determinar si Iacono buscó o recibió algún beneficio indebido o ventaja comercial” a raíz de la transacción con Roa.
Por ello, la firma advierte que la SEC podría interesarse en investigar tres aspectos clave:
- Si la compra del apartamento representó un conflicto de interés para el presidente de la petrolera.
- Si las políticas y controles internos de Ecopetrol fueron efectivos para detectar y manejar dicho conflicto.
- Si los registros y la documentación de la empresa sobre esta operación son exactos y cumplen con las disposiciones contables exigidas por la ley estadounidense.
Aunque Covington descarta una probable investigación formal por soborno bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) —ya que la compra ocurrió antes del nombramiento de Roa—, advierte sobre precedentes en la región. Cita los casos de Petrobras y Eletrobras en Brasil, en los que la SEC sancionó deficiencias en controles internos, manipulación de procesos y documentación incompleta o falsa.
El “otrosí” de la discordia
La historia se complica en diciembre de 2024, cuando Ecopetrol firma un otrosí con Covington & Burling por US$5,8 millones para evaluar el impacto en Estados Unidos de las acusaciones contra Roa. Según la versión oficial de la Junta Directiva, este contrato fue suscrito a sus espaldas, lo que llevó a suspenderlo el 3 de febrero de 2025.
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No obstante, el entonces gerente de cumplimiento, Alberto Vergara, asegura que la Junta sí estaba al tanto y que nada se hizo sin su conocimiento. La consecuencia directa de esa suspensión es que, hoy en día, se desconoce el resultado de las investigaciones que Covington había empezado a desarrollar.
Promesas incumplidas y preguntas abiertas
Pese a que el memorando advierte la necesidad urgente de realizar una investigación independiente, la Junta Directiva no ha cumplido esa promesa. Esto mantiene abiertas las dudas sobre la posible existencia de un conflicto de interés y sobre la relación comercial de Ecopetrol con Iacono y sus empresas, incluidas las operaciones con NG Energy, compañía de la que Iacono fue CEO desde 2019 hasta febrero de 2024.
En un contexto donde Ecopetrol cotiza en la Bolsa de Nueva York y, por tanto, está sujeta a la supervisión de la SEC, las revelaciones de este documento confidencial elevan el riesgo de que la petrolera enfrente un escrutinio internacional.
La pregunta clave, que ni la Junta Directiva ni el propio Roa han respondido públicamente, es si la compra del apartamento 901 en 2022 y las decisiones posteriores en beneficio de empresas vinculadas a Iacono constituyen o no un caso de conflicto de interés que pueda derivar en sanciones o pérdida de confianza de inversionistas globales.
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