En medio del arranque del calendario electoral, el funcionamiento de las encuestas, los procesos sancionatorios, las garantías para los candidatos y los retos logísticos y presupuestales vuelven a estar en el centro del debate público.

En este contexto, Valora Analitik habló con el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, sobre el estado actual de la regulación de encuestas, las sanciones en trámite contra partidos políticos, las eventuales controversias jurídicas y la preparación del organismo de cara a una de las jornadas electorales más exigentes de los últimos años.

Las encuestas se reactivaron después del veto que estableció la ley. ¿Cómo ve el CNE este movimiento y la comisión que se creó desde allí?

Esa comisión ya está funcionando. Es una comisión creada por la ley, integrada por expertos de universidades con acreditación de alta calidad. Se postularon, entre otras, la Universidad Nacional y la Universidad Tecnológica de Pereira. Actualmente, tenemos siete personas conformando la Comisión de Encuestas, que son las encargadas de valorar, tramitar investigaciones y hacer el seguimiento a las firmas encuestadoras.

Estamos en fase de arranque. La comisión está operando y estamos a la espera de ver qué actuaciones llegan a Sala Plena. Lo importante es que se trata de académicos de universidades de alta calidad, lo que le da solidez técnica al proceso.

¿Prevén que lleguen denuncias contra algunas encuestadoras?

Es probable que lleguen. Si se presentan denuncias, se adelantarán las investigaciones correspondientes y se tomarán las decisiones a las que haya lugar. Pero hasta que no exista una denuncia formal, no habrá pronunciamientos por parte del Consejo.

Hay dudas puntuales sobre encuestas como las de Atlas. ¿El CNE puede actuar si una firma no está registrada?

En este momento no tengo toda la información a la mano, pero lo que tengo entendido es que Atlas solicitó el registro y este ya le fue otorgado por el CNE. Lo que se les estaría cuestionando no es el registro en sí, sino el cumplimiento de requisitos de publicación: el nicho donde se aplicó la encuesta, el tamaño de la muestra, la segmentación, entre otros aspectos técnicos. Eso hace parte de una eventual investigación que deberá llegar al Consejo a través de una denuncia formal.

Pasemos a un tema más sensible. ¿En qué estado están las sanciones impuestas a la campaña presidencial?

En este momento no puedo pronunciarme de fondo porque hay un recurso en trámite. Hubo una sanción, pero esa decisión no está en firme hasta que se resuelva el recurso que llegará a Sala Plena. Mientras el recurso esté en trámite, ningún magistrado puede hacer pronunciamientos, porque tendría que apartarse de la discusión.

Sobre los casos de Daniel Quintero e Iván Cepeda, ¿hay alguna actuación en curso?

Es muy sencillo: no ha llegado ninguna solicitud de revocatoria de inscripción. Como corporación, no tenemos conocimiento de ninguna actuación en ese sentido. El CNE no actúa de oficio; necesitamos una denuncia para abrir una investigación. Si llega, un magistrado la tramita, presenta una ponencia y la lleva a Sala Plena. Para cualquier decisión se requieren seis votos de los nueve magistrados.

Elecciones 2026 en Colombia

De cara a las elecciones, ¿cuáles son los principales retos que identifica el CNE, especialmente en seguridad y logística?

Los próximos comicios son definitivos y requieren una responsabilidad compartida entre instituciones y medios de comunicación. La pedagogía de la participación ciudadana es clave. Es fundamental que la ciudadanía entienda cómo votar, por qué votar y conozca los planes de gobierno.

Nuestro reto es llegar a todo el territorio nacional con capacitación de testigos electorales, plataformas tecnológicas y pedagogía del voto. Aunque el voto no es obligatorio en Colombia, sí debe asumirse como una responsabilidad colectiva.

¿El CNE ya tiene estimado cuánto costará ese despliegue pedagógico y de medios?

Aún no. Eso depende de un estudio de mercado que estamos por contratar. Ese estudio nos permitirá definir montos, tiempos y alcance. Esperamos tenerlo lo más pronto posible.

¿Cómo van las reuniones del comité de seguimiento electoral con el Ministerio del Interior?

Son espacios para escuchar las preocupaciones de las agrupaciones políticas y de los candidatos. En esas reuniones participan el vicepresidente, directores técnicos y magistrados. Las observaciones se llevarán a Sala Plena y allí se tomarán decisiones.

Hay una articulación constante con el Ministerio del Interior, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y otros organismos de control. El Consejo Nacional Electoral está siempre dispuesto a participar y coordinar acciones.

Usted ha insistido en la importancia de los medios y las redes sociales. ¿Cómo ven ese frente?

Hoy la gente se informa, en gran medida, por redes sociales como TikTok o Instagram, y no solo los jóvenes, sino personas de todas las edades. Eso implica una enorme responsabilidad, porque así como se difunde información, también circula desinformación.

Si la ciudadanía se informa por redes, las instituciones y los medios debemos estar allí. No podemos quedarnos solo en prensa, radio o televisión. La comunicación debe ser clara, incluyente y pedagógica.

En contratación, ¿cómo garantizan transparencia, especialmente en procesos de gran escala?

Tenemos un comité de contratación integrado por los directivos del CNE. Todo parte de estudios de mercado y de una estrategia que es avalada por el Gobierno Nacional. La contratación se hace mediante licitación pública, bajo la Ley 80. No es una decisión discrecional del presidente del CNE.

Los procesos son públicos, están en el Secop y cualquier ciudadano puede consultarlos. Además, buscamos acompañamiento permanente de la Procuraduría y la Contraloría.

Del presupuesto del CNE ($1,1 billones), ¿cómo se distribuyen los recursos?

Aproximadamente la mitad, cerca de $486.000 millones, va dirigida a los partidos políticos: funcionamiento, reposición de votos, planes de medios y préstamos. El resto cubre los gastos operativos del CNE: personal, arriendos, servicios y contratación temporal en época electoral.

Somos una entidad con una planta reducida, unas 190 personas, que debe ampliarse durante las elecciones. Todo gasto debe estar autorizado, justificado y posteriormente auditado.

Se ha hablado sobre la participación de Grupo ASD, una empresa colombiana que está acusada de fraude por las elecciones en Honduras. ¿Tiene relación con el CNE y estas elecciones?

Ninguna. El Consejo Nacional Electoral no ha contratado ni tiene relación alguna con esa empresa. La Registraduría es una entidad distinta e independiente. Aunque ambas hacen parte de la organización electoral, sus proyectos y contratos son completamente separados.