El nuevo escenario cultural Vive Claro, en Bogotá, ha despertado inquietudes sobre si cumple o no con la normativa técnica vigente para su operación.
Una de las principales críticas vino de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), que a mediados de julio solicitó al alcalde Carlos Fernando Galán verificar este venue, , que está próximo a iniciar operaciones en la capital del país.
Entre las dudas planteadas, la SCI pidió revisar si el diseño, la revisión y la supervisión estructural del proyecto se han realizado conforme a los estándares establecidos por la ley. También propuso que los responsables del proyecto presenten públicamente los diseños estructurales, las medidas de seguridad adoptadas y los procesos de supervisión técnica adelantados.
Y no es un detalle menor: este nuevo escenario se perfila como el de mayor capacidad, con espacio para 40.000 personas, superando incluso al estadio El Campín.
Licencia ambiental y permisos forestales
A pocos días de que artistas como Green Day, Guns N’ Roses y Linkin Park se presenten allí, la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) respondió un derecho de petición enviado por Valora Analitik solicitando información sobre el proyecto Vive Claro – Distrito Verde.
En su respuesta, la SDA precisó que el proyecto no tiene licencia ambiental, porque no la necesita, pero sí cuenta con varios permisos.
“Se le informa que el proyecto en mención no cuenta con licencia ambiental, sino con permisos de aprovechamiento forestal otorgados por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente”, señala el documento.
Según la entidad, el proyecto no requiere licencia ambiental bajo la normativa vigente (Decreto 1076 de 2015), ya que su actividad principal —infraestructura para eventos culturales— no está dentro de las obras que exigen este trámite.
Pero semanas atrás, la SCI advirtió que el escenario había sido presentado como una estructura temporal, lo que le permitiría saltarse de varios requerimientos, por ejemplo, una licencia formal de construcción o de cumplir con el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10).
En cuanto a los permisos forestales, la SDA ha otorgado a Ocesa autorizaciones como la Resolución 00700 del 4 de marzo de 2025, que habilita el aprovechamiento forestal por obra hasta 2029.
En términos simples, este es el permiso que permite retirar o intervenir árboles cuando se demuestra que es necesario para una obra, siempre bajo condiciones técnicas y ambientales específicas.
Ecosistemas, ruido y sanciones
Sobre la posible afectación a ecosistemas, la SDA reiteró que inspecciones realizadas en 2013 y 2024 confirman que el predio no es un humedal. Los encharcamientos observados serían consecuencia de intervenciones humanas anteriores.
El concepto técnico de 2013, ratificado en 2024, determinó que el terreno se usaba para pastoreo y agricultura, sin evidencia histórica de cuerpos de agua naturales. Las inspecciones recientes confirmaron que los empozamientos actuales son artificiales, producto de obras y vías, y que el área no cumple los criterios legales para ser considerada humedal ni tiene conexión hidráulica con el Parque Simón Bolívar.
En visitas técnicas entre 2024 y 2025, la SDA encontró trabajos como nivelación de terrenos, montaje de carpas, construcción de graderías y pondajes para aguas lluvias. Estos elementos hacen parte de un Sistema Urbano de Drenaje Sostenible (SUDS) con siete reservorios y jardines contemplativos, según el POT.
En materia de ruido, la Secretaría verificó que, durante un evento cultural, se aplicaron límites de 97 decibeles (dB) en el punto de control, para no superar los 65 dB permitidos en zonas residenciales. El monitoreo preliminar mostró cumplimiento, aunque “aún falta procesar datos para confirmar” el resultado final.
Los procesos contra Ocesa
A pesar de todo lo anterior, lo cierto es que, actualmente, el Distrito adelante tres procesos sancionatorios contra Ocesa por afectaciones al componente forestal y presuntas irregularidades detectadas en visitas de control.
Las investigaciones, iniciadas entre 2024 y 2025, incluyen desde el uso de maquinaria para remover terreno hasta posibles incumplimientos de autorizaciones silviculturales.
1. Suspensión por riesgo al componente forestal
La Secretaría Distrital de Ambiente hizo dos visitas al terreno del proyecto Distrito Verde (28 de agosto de 2024 y 3 de enero de 2025). Allí encontró que se estaban usando máquinas para remover tierra en zonas con árboles y vegetación, lo que podía afectar el componente forestal.
El 7 de enero de 2025, la SDA emitió un informe técnico recomendando frenar esas actividades. Al día siguiente, el 8 de enero, lo convirtió en una orden oficial: suspender toda maquinaria que remueva terreno en el lugar. Esta medida buscaba prevenir daños antes de que se agravaran.
2. Presunto incumplimiento de permisos forestales
El 5 de junio de 2025, la SDA volvió al predio para revisar si se estaban cumpliendo las condiciones de la Resolución 00507 del 4 de marzo de 2025, que le había dado a Ocesa autorización para hacer tratamientos a los árboles y vegetación (silvicultura) en el área del proyecto.
Durante la inspección, encontraron presuntas irregularidades: algunas intervenciones no cumplían las condiciones pactadas en ese permiso. Por eso, el 23 de julio de 2025, la SDA inició un nuevo proceso sancionatorio.
3. Presuntas irregularidades en el manejo de vegetación
Este caso comenzó con una visita de control el 28 de agosto de 2024. En ella, la SDA detectó posibles incumplimientos en la forma en que se estaba manejando la vegetación del predio.
Como resultado, el 6 de septiembre de 2024 emitió el Auto 04064, con el que dio inicio formal al procedimiento sancionatorio.
En resumen, el primer proceso busca frenar maquinaria para evitar daños a zonas verdes, el segundo investiga si la empresa incumplió un permiso que le permitía intervenir árboles y el tercero revisa irregularidades más generales en el manejo de la vegetación.
Además, la Secretaría de Gobierno informó que Vive Claro enfrenta dos procesos policivos por presuntas infracciones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana: uno por afectación a la integridad urbanística y otro por actividades económicas sin permisos.
Ambos casos están en etapa probatoria, pero las audiencias públicas no se han programado porque la inspectora titular está de vacaciones, según lo señala un documento conocido por este medio hasta la fecha, se espera que la Secretaría de Gobierno designe un reemplazo.
La respuesta de Ocesa
Ocesa defendió la legalidad de su proyecto Vive Claro argumentando que no estaba obligado a tramitar una licencia ambiental, ya que esta solo aplica para las actividades expresamente señaladas en el Decreto 1076 de 2015. La compañía reconoció, sin embargo, que enfrenta dos procesos sancionatorios iniciados por la Secretaría Distrital de Ambiente, pero dijo que dichos trámites apenas están en etapa inicial y no cuentan aún con una decisión de fondo, por lo que el proyecto no se encuentra en condición de ilegalidad.
En cuanto a la capacidad del recinto, la empresa explicó que los eventos en Vive Claro deben cumplir con una normativa estricta sobre gestión del riesgo y aglomeraciones de público. Esto implica la elaboración de planes de emergencia, evacuación y movilidad revisados por el Sistema Único de Gestión de Aglomeraciones (SUGA). Cada concierto o espectáculo debe obtener autorizaciones específicas de entidades como IDIGER, Secretaría de Gobierno, Bomberos, Policía, Movilidad y Salud, dentro de un Puesto de Mando Unificado que coordina la operación. De esa forma, Ocesa aseguró que las exigencias para habilitar el aforo de más de 40.000 personas están siendo atendidas en cada convocatoria.
