A los ministros de Hacienda de Colombia de las últimas administraciones no les convence el proyecto de reforma tributaria que el gobierno Petro radicó el lunes pasado en el Congreso de la República, a pesar de que todos coinciden en que será necesario hacer ajustes al estatuto tributario.
Los exfuncionarios debatieron en el foro «Propuestas para evitar el colapso fiscal», organizado por la Universidad EIA, sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas del país y expresaron profundas preocupaciones por el contenido de la ley de financiamiento que se espera comience a debatirse en el Legislativo la semana que inicia.
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De manera generalizada, los invitados anticiparon que el articulado no será aprobado.
La discusión, que tuvo lugar en un momento clave previo a la definición del Presupuesto General de la Nación de 2026, reveló un consenso entre los panelistas sobre la complejidad de la situación fiscal del país, exacerbada por un crecimiento desbordado del gasto público y la falta de un modelo claro para su financiación.
Preocupaciones frente a las propuestas tributarias
Los exministros desglosaron las diversas aristas de la propuesta de reforma tributaria, señalando preocupaciones que van desde su impacto en el sector productivo hasta su viabilidad política y su propósito real:
José Manuel Restrepo, último ministro de Hacienda de Duque, afirmó que la reforma «pega, sobre todo, a lo que no debería pegarle: el costo de capital del sector productivo». También subrayó su efecto negativo en la dinámica de crecimiento de la economía, citando el impuesto al carbono, el aumento de tasas de tributación a más del 50 % para ciertos sectores (algo nunca antes visto) y el incremento de la tasa combinada socio-empresa a través del impuesto al patrimonio y dividendos.
El economista considera que la propuesta tiene una dinámica de «destruir costo de capital» y que podría llevar el costo combinado de tributación hasta el 70 %.
Así mismo, Alberto Carrasquilla, primer ministro de Hacienda de Duque, indicó que el problema central es el «efecto sobre la estabilidad de las reglas del juego» porque eleva el riesgo país y la tasa de interés. También señaló consecuencias en el costo de uso del capital, lo que carga sectores cruciales de la economía como el financiero o el mineroenergético y perjudica el crecimiento a largo plazo y las posibilidades fiscales futuras.
En particular, los expertos criticaron la inclusión de impuestos indirectos, como el IVA a la gasolina, el ACPM y los biocombustibles, que impactan a todas las clases sociales y generan inflación, afectando la dinámica productiva del país. También se refirieron al impuesto al patrimonio, advirtiendo que los nuevos topes podrían afectar a la clase media al gravar, por ejemplo, apartamentos de $2.000 millones, castigando a quienes han logrado superar los niveles de pobreza.
Sin embargo, Diego Guevara, antecesor de Germán Ávila en la cartera de Hacienda, dijo que, a pesar de la impopularidad general de los temas fiscales, impuestos como el IVA a los juegos de suerte y azar, que existe de manera temporal desde inicios de año, son una medida que ha ido ganando consenso.
El economista de la Universidad Nacional fue enfático en que, aunque estas propuestas no son «sexys» ni populares, formarán parte de una discusión fiscal «sensata» en el futuro por la necesidad de buscar nuevas fuentes de ingresos.
Por su parte, Cecilia López, exministra de Agricultura, argumentó que, tras la salida del exministro Diego Guevara, la política económica se ha «ideologizado». Sostuvo que la reforma tributaria, que calificó como «absurda» y «loca», responde a objetivos ideológicos y busca justificar el argumento de que al Gobierno «no lo han dejado» cumplir sus metas y que, por ende, necesita más medidas con este enfoque
Expectativas de aprobación del articulado
Existe un fuerte consenso entre los expertos sobre la inviabilidad de que la propuesta de reforma tributaria sea aprobada en el Congreso en su formato actual, dado que el proyecto de la administración Petro genera más incertidumbres que soluciones.
El primer ministro de Hacienda de este Gobierno, José Antonio Ocampo, declaró de forma categórica que “el Congreso no debe entrar a estudiar una reforma tributaria mientras no haya una propuesta de recortes de gasto de funcionamiento».
Los expertos coincidieron en la urgencia de un acuerdo político y social para abordar las rigideces del gasto y buscar fuentes de ingreso sostenibles que no sacrifiquen el crecimiento económico y la estabilidad, advirtiendo que, de lo contrario, el país enfrentará consecuencias económicas y sociales significativas.
Al respecto, Guevara sugirió enfrentar la crisis fiscal no con motosierra, sino con bisturí, pero también con una reforma tributaria, para lo cual será imprescindible el consenso político, «sin eso será muy complejo y con resultados desastrosos», señaló.
Sin embargo, Ocampo afirmó que la propuesta «no tiene ningún chance de ser aprobada». En ello coincidió Restrepo, quien consideró que la reforma fue presentada con la «firme intención de que nadie la aprobara», una estrategia «kamikaze» para victimizar al Gobierno por la falta de recursos, en lugar de haber realizado recortes de gasto público: «evidentemente no va a salir adelante» porque «no tiene ni pies ni cabeza», dijo.
Por su parte, Carrasquilla comentó, en un tono irónico, que no había leído el texto de la reforma porque «no va a pasar» y señaló no quiere gastar su tiempo en «cosas que no van a prosperar». También anticipó que, de cualquier manera, para superar la crisis mucha gente tendrá que perder: «el acuerdo político debe ser que todos pierdan un poco y nadie gane», sugirió.
Finalmente, Guevara, si bien el exministro reconoció la “dificultad política” del proyecto de ley, advirtió que muy seguramente antes de dos años habrá otra reforma tributaria por la necesidad de nuevos ingresos. “Independientemente de la orientación política, una reforma sensata y muy realista será inevitable”, concluyó.
