El sistema pensional en Colombia enfrenta un panorama de alta volatilidad y preocupación, según Santiago García, presidente del Consejo Directivo de Asofondos, quien advirtió sobre el impacto que los recientes decretos o propuestas regulatorias están teniendo sobre la industria aseguradora.
El líder gremial señaló en la instalación del 19° Congreso de Asofondos que el número de rentas vitalicias expedidas por las aseguradoras cayó un 90 % este año, lo cual atribuyó a la inestabilidad en el marco normativo.
«Estamos cambiando las reglas de juego y creando una serie de incertidumbres que eliminan el apetito de las aseguradoras de participar en ese mercado», afirmó. Esta situación no solo afecta a las compañías, sino que genera un efecto dominó que encarece el seguro previsional, encargado de cubrir los riesgos de invalidez y muerte.
De hecho, uno de los puntos más críticos señalados por García es el costo del seguro previsional. Debido al fenómeno del deslizamiento (diferencia porcentual entre el aumento del salario mínimo y la inflación), esta cobertura tiene el riesgo de superar el tope legal del 3 %.
García fue enfático en que, si no se corrige este efecto de manera urgente, «esos 19 millones de colombianos están en riesgo de no poder contar con esa cobertura del seguro previsional».
Según cálculos del gremio, el Gobierno trasladó el efecto del deslizamiento a los trabajadores, encareciendo el costo de pensionarse en un 57 % en un solo año.
El directivo describió el inicio de año como un periodo de choques constantes, en referencia a los decretos expedidos y los anuncios del Gobierno: «ha sido un choque por mes… un arranque de año bastante volátil».
Alertas por el traslado forzoso de recursos
El presidente del Consejo Directivo de Asofondos también se refirió al proyecto de decreto sobre la ventana de traslados, que busca mover recursos de afiliados a quienes les falten menos de 10 años para pensionarse desde los fondos privados hacia Colpensiones.
García calificó como inviable trasladar $25 billones en tan solo 15 días, como plantearía el decreto que aún no ha sido expedido. «Este decreto carece de sustento legal», afirmó, citando las posiciones de instituciones como la Contraloría, la Procuraduría y el Banco de la República, que han generado alertas.
Además del vacío jurídico, el directivo alertó sobre las consecuencias financieras: «Imagínense el efecto en los mercados. ¿Eso a quién perjudica? A los ahorradores que se quedan en el sistema privado».
Más allá del diagnóstico, el presidente del Consejo Directivo de Asofondos planteó la necesidad de blindar el sistema. Para García, el ahorro debe ser el eje central del diseño pensional y los recursos deben estar protegidos: «Hay que independizar y blindar los recursos de los afiliados de los intereses políticos de turno», dijo.
Finalmente, propuso que la edad de retiro no sea fija sino indexada a la expectativa de vida real, y abogó por un régimen de inversiones flexible y diversificado que permita a los ahorradores acceder a mejores rendimientos. «El ahorro individual es la única vía sostenible para crear un sistema de protección a la vejez», concluyó.
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