La economía colombiana viene mostrando un repunte significativo conforme se acerca el fin de año, sin embargo, el origen de este dinamismo ha encendido las alarmas sobre la responsabilidad fiscal del Gobierno y sus consecuencias.

Las cifras oficiales dan cuenta de que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del tercer trimestre del año (3,6 %) se vio impulsado por un alto gasto público (+14,2 %) que el Gobierno se puede permitir gracias a los recursos que le ha dejado estrategia de manejo de deuda del Ministerio de Hacienda.

Específicamente, las operaciones de manejo de deuda de la Dirección de Crédito Público le han permitido al Gobierno generar ahorros importantes en el pago de intereses, liberando recursos que bien pudieron contribuir a la regulación de las finanzas, pero en lugar de hacerlo se están gastando a manos llenas.

Según las estadísticas del DANE, la rama de actividad económica que más aportó al crecimiento fue la de administración pública y defensa, que incluye también educación y actividades de la salud humana. Este renglón se expandió a un ritmo del 8 % y aportó 1,8 puntos porcentuales al total (3,6 %).

La directora del DANE, Piedad Urdinola, detalló que el mayor aporte lo pusieron los planes de seguridad social de afiliación obligatoria, jalonada por el aumento del pie de fuerza tanto en la policía como en las fuerzas militares, la provisión de primas para ellos y la reactivación de actividades de la Registraduría.

Además, se observó el efecto de los reajustes salariales que, a diferencia del año pasado, se realizaron de manera rezagada en varias ramas, incluyendo la judicial.

Los indicadores que dan cuenta del repunte del gasto

Otro indicador que permite llegar a la misma conclusión proviene de las cifras del balance del Gobierno Nacional Central. Según el informe del MinHacienda, el gasto a septiembre fue del 18,4 % del PIB y se ubicó 1,2 puntos porcentuales (pp) por encima del visto para la misma fecha en 2024 (17,2 % del PIB).

De hecho, el gasto primario (que excluye del cálculo el pago de intereses de deuda) ascendió al 14,9 % del PIB a septiembre, siendo 0,9 pp superior al dato del año anterior y 1,6 pp del PIB más alto que el promedio de 2021-2024, de acuerdo con el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.

En consecuencia, la ejecución del presupuesto de este año se aceleró. En los primeros siete meses esta se mantuvo por debajo de la del año anterior, pero desde agosto se viene ubicando por encima de la del año anterior, debido a la mayor disponibilidad de recursos.

A octubre de 2025, las obligaciones a alcanzaron el 67,2 %, siendo 4,2 pp superiores a las de 2024. Además, la ejecución de compromisos sin deuda alcanzó el 76 %, un 7,2 % más que 12 meses atrás.

Estas cifras contrastan con las señales de responsabilidad fiscal que el mercado le ha venido pidiendo al Gobierno. Con excepción de los $12 billones que se aplazaron a finales de 2024, no se han hecho más ajustes.

Esta expansión fiscal es considerada procíclica, es decir, se acelera en un momento en que la economía ya estaba creciendo. Los expertos señalan que debería propenderse por una política contracíclica (expandir en crisis y contraer en momentos moderados), algo que no se está viendo del lado fiscal.

¿Qué hizo el Gobierno para alcanzar un ahorro?

Las operaciones de manejo de deuda han sido exitosas, de acuerdo con los analistas, pues han permitido una corrección a la baja de la estimación del gasto en intereses para este año en $26,2 billones (1,4 % del PIB).

Un informe del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) detalló que en siete canjes de deuda realizados hasta octubre el Gobierno ha logrado reducido el saldo de la deuda en cerca de $21,6 billones, además, calcula un efecto fiscal de $23,8 billones.

Del mismo modo, el financiamiento a través de Títulos de Tesorería de Corto Plazo (TCO) se ha mantenido elevado. En septiembre de 2025, representó el 20,6 % de la financiación interna total, superando por casi $50 billones el promedio del 10,7 % de los últimos cuatro años.

A pesar de estas cifras, el balance fiscal se ha deteriorado. El déficit fiscal llegó al –5,4 % del PIB a septiembre de 2025, la cifra más alta con corte al noveno mes del año desde la pandemia y superior en 1,3 pp a la del mismo periodo en 2024 (-4,1% del PIB).

Aunque el CARF prevé que el indicador se ubique este año en -6,7% del PIB y por debajo del cálculo del Gobierno (-7,1 %) gracias a las operaciones de manejo de deuda, estas cifras siguen siendo consideradas altas para Colombia, lo que, según David Cubides, economista jefe del Banco de Occidente, evidencia que la situación fiscal no ha mejorado de fondo: “tal vez que el indicador esté un poquito más estrecho, lo cual es una noticia positiva, por lo menos para la foto”.

Así mismo, el déficit primario (que excluye el efecto del ahorro alcanzado porque no incluye deuda) fue de 1,9 % del PIB a septiembre y las proyecciones del CARF para el cierre de 2025 indican que podría ascender al 3,4 % del PIB, lo que lo ubicaría por encima de la meta del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP).

La tormenta inflacionaria

El riesgo es que este incremento en el gasto público puede contribuir a que la inflación, que llegó al 5,51 % en octubre, siga subiendo. Esto se debe a que más dinero circulando en la economía empuja la demanda de bienes y servicios por parte de las personas y las empresas por encima de la capacidad que tiene el país de atender esas necesidades.

El problema del gasto gubernamental se agrava al combinarse con el comportamiento del consumo de los hogares, que se ha mantenido en niveles muy altos desde la pandemia y ha continuado creciendo a un ritmo no menor (superó el 4 % en el tercer trimestre de 2025).

La codirectora del Banco de la República, Bibiana Taboada, advirtió que la combinación de un consumo privado dinámico y un consumo público acelerado está generando un impulso mayor a la demanda. Esto ocurre en un contexto donde la inflación permanece por encima de la meta (3 %), lo que inevitablemente lleva a presiones inflacionarias.

También explicó que, con una política fiscal expansiva, producto de la decisión del Gobierno de gastar más, en medio de un momento de expansión económica donde la demanda de los hogares que cuentan hoy con mayores recursos presiona la capacidad de producción de las empresas, alguien debe asumir el ajuste.

La vocera se refiere al alcance del Banco de la República vía política monetaria, es decir, a la posibilidad de que la tasa de interés se mantenga en el nivel actual (9,25 %) para controlar el impulso inflacionario en un momento en el que Gobierno presiona justo para lograr lo contrario, que los intereses se relajen.