Las llamadas y mensajes sospechosos se han convertido en una situación recurrente para ciudadanos que reciben ofertas falsas, amenazas, cobros inexistentes o intentos de engaño para obtener información y dinero. Y una de las preguntas que surge cuando se conoce que algunas de estas comunicaciones delictivas se originan desde cárceles es cómo pueden salir de los establecimientos penitenciarios pese a los controles existentes.
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Precisamente, el Gobierno de Abelardo De La Espriella anunció una modificación al esquema que actualmente se utiliza para restringir las comunicaciones no autorizadas desde las cárceles. La medida busca que la respuesta de las autoridades y de los operadores sea más rápida cuando se detecte una comunicación utilizada para actividades delictivas.
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La ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Alexandra Falla Zerrate, hizo el anuncio durante un debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, realizado el 22 de septiembre de 2026, en el que se discutieron las restricciones a llamadas y mensajes no autorizados desde establecimientos penitenciarios.
El cambio estará relacionado con los protocolos establecidos actualmente en el Decreto 0851 de 2024. De acuerdo con MinTIC, el objetivo es acelerar la actuación frente a las comunicaciones que se originan en las cárceles y son utilizadas para actividades delictivas.
¿Qué va a cambiar el Gobierno De la Espriella para bloquear llamadas desde las cárceles?
La ministra explicó que el problema no se limita al funcionamiento de los inhibidores de señal instalados en los establecimientos penitenciarios. El Gobierno plantea revisar el conjunto de herramientas tecnológicas y administrativas utilizadas para detectar, identificar y restringir las comunicaciones no autorizadas.
“Es un trabajo conjunto donde necesitamos un compromiso de todos los responsables para disminuir los tiempos de actuación. El Ministerio está revisando el cambio de protocolos porque creemos que parte del problema está en identificar de dónde sale la comunicación y qué mecanismos tecnológicos se utilizan”, señaló Falla Zerrate.
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La declaración apunta a uno de los principales cambios que pretende implementar el Gobierno: reducir el tiempo que transcurre entre la identificación de una comunicación presuntamente delictiva y la actuación para bloquearla o dificultar su circulación.
La regulación vigente ya contempla mecanismos para restringir comunicaciones no autorizadas dentro de las cárceles y establece la articulación entre las autoridades y los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones. Ahora, el Ministerio TIC busca modificar los protocolos para hacer que esa coordinación tenga una respuesta más rápida.
Uno de los elementos que cambia el alcance de la estrategia es que el Gobierno no pretende concentrar las medidas únicamente en las llamadas tradicionales. MinTIC señaló que los servicios de telefonía móvil y aplicaciones como WhatsApp requieren tratamientos diferentes. Por eso, el Ministerio trabaja con Meta y los operadores para establecer acciones coordinadas que permitan actuar también desde las propias plataformas digitales.
Esto resulta relevante porque una comunicación utilizada para una estafa, extorsión u otro delito puede circular por diferentes canales y no necesariamente limitarse a una llamada telefónica convencional.
El Gobierno también busca fortalecer las herramientas para enfrentar los mensajes de texto utilizados en extorsiones y otros delitos desde establecimientos penitenciarios. En esta tarea participan el Ministerio TIC y la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).
Otro de los componentes anunciados está relacionado con la trazabilidad. Las autoridades pretenden avanzar en mecanismos que permitan identificar el origen de las comunicaciones, generar registros y mejorar el etiquetado de aquellas que puedan estar relacionadas con actividades delictivas.
MinTIC explicó que estas acciones buscan “identificar el origen de los mensajes, generar trazabilidad y fortalecer mecanismos de registro y etiquetado para mitigar su impacto sobre los ciudadanos”.
El Gobierno también anunció la creación de mesas de trabajo permanentes entre los ministerios TIC y de Justicia. Allí se definirá una línea base que permita medir qué tan efectivas son las medidas que se implementen.
La intención es que las entidades puedan comparar resultados y establecer si los nuevos protocolos realmente reducen las comunicaciones delictivas originadas desde las cárceles.
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El anuncio se produce en medio de una estrategia más amplia del Gobierno de De La Espriella frente al control de los establecimientos penitenciarios. El presidente Abelardo De la Espriella ha planteado públicamente que las cárceles no deben convertirse en lugares desde los cuales se coordinen actividades criminales y ha ordenado reforzar los controles en estos centros. En agosto, por ejemplo, la Presidencia informó sobre el traslado de 20 personas privadas de la libertad como parte de las medidas para impedir que desde los establecimientos de reclusión se continúen coordinando actividades criminales
