La Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF) publicó un proyecto de decreto que busca actualizar el marco regulatorio de las grandes exposiciones y la gestión de la concentración de riesgo de los establecimientos de crédito.
La entidad destacó que los ajustes se hicieron con el fin de responder a las realidades operativas actuales. El texto del borrador está disponible al final de este artículo.
Un análisis realizado por la firma Holland & Knight señaló que esta reforma es clave para facilitar la operatividad del sistema bancario sin comprometer su estabilidad patrimonial.
Expertos de la firma destacaron que los cambios propuestos permiten que las entidades financieras gestionen de manera más eficiente sus recursos, manteniendo siempre los estándares prudenciales necesarios para proteger la solvencia del sistema.
Las razones detrás de la intervención gubernamental
El Gobierno identificó que el régimen actual de grandes exposiciones, diseñado para limitar la pérdida máxima ante el incumplimiento de una contraparte, estaba generando distorsiones operativas.
El documento técnico del borrador cuenta que en la implementación práctica se detectó que operaciones de naturaleza puramente transitoria y de corto plazo estaban computando dentro de los límites de riesgo crediticio, lo que no refleja adecuadamente el perfil de riesgo real de las entidades.
Según la URF, esta situación provocaba a menudo incumplimientos técnicos debido a factores externos como diferencias horarias, ciclos de liquidación internacional o la acumulación de operaciones en días no hábiles. La entidad concluyó que tratar estas transacciones operativas como créditos tradicionales conlleva una sobreestimación del riesgo y una asignación ineficiente del capital regulatorio.
Detalles del proyecto de decreto
El proyecto de decreto propone adicionar nuevas excepciones a la normativa, permitiendo que ciertas operaciones no cuenten para los límites de exposición si cumplen plazos específicos.
En detalle, se exceptúan las operaciones que se reflejen en cuentas de compensación y liquidación, siempre que no superen los dos días hábiles siguientes a su negociación.
Además, no se computarán las operaciones derivadas de servicios de adquirencia para el abono a comercios o agregadores, siempre que se liquiden en el día hábil siguiente.
Respecto al recaudo de impuestos, se incluyen específicamente los flujos destinados a la DIAN y otras entidades estatales canalizados a través de los bancos, bajo el mismo límite de un día hábil.
Esta actualización alinea a Colombia con las mejores prácticas de jurisdicciones como la Unión Europea y Australia, de acuerdo con la URF, y sigue las recomendaciones del Comité de Basilea, que reconoce que las exposiciones intradía no deben afectar la fluidez de los sistemas de pago.
A pesar de estas excepciones, la norma es clara en que los bancos no quedan exentos de control, pues las entidades deberán establecer políticas internas y límites propios para gestionar estos riesgos.
Así mismo, la Superintendencia Financiera tendrá un plazo de seis meses a partir de la vigencia del decreto para emitir las instrucciones técnicas y operativas finales que regirán el nuevo esquema.
Consulte el proyecto de decreto aquí
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